La urgencia de gobernar como en la Transición

Por JOSÉ RAMÓN SAIZ

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Al menos los próximos dos años serán muy difíciles en España, aunque contemos con activos suficientes para superar la situación. Pero muy complejos y difíciles por lo menos en tres aspectos: el económico –la superación de la crisis y, en especial, la recuperación de la actividad empresarial–; el social –en un doble aspecto, el paro, por un lado, y el mantenimiento de los servicios sociales, por otro– y el nacional –la necesidad de articular un gran pacto entre el PP y el PSOE sobre cuestiones de Estado- que aporten otro aire a la democracia española, desde la justicia a la representación del voto popular, sin dejar a un lado la necesidad de reconducir la duplicidad administrativa que ha generado el Estado resultante de la Constitución de 1978.  

 

Según todos los pronósticos, le tocará dirigir la nación a Mariano Rajoy, a quien se le ha venido discutiendo su liderazgo político y, sin embargo, puede ser el presidente que por preparación y experiencia, honradez y sacrificio, pueda realizar una tarea tan imponente como logró Adolfo Suárez en la transición e inicios de la democracia, siempre y cuando alcance los logros que prometa. Y hago la comparación porque la crisis –profunda a muchos niveles, y no solo la económica- impone que estamos en el punto de salida de un momento tan crítico en la vida nacional como aquel en el que había que transformar el autoritarismo en una democracia occidental. Y el reloj del tiempo corría aceleradamente, amenazando llevarse todo por delante.

 

España deberá reaccionar contra una situación compleja y delicada,  basándose en los activos positivos que tiene –que son muchos- y en la propia acción política, muy principalmente del Gobierno que se forme y de los razonables acuerdos que alcance con el partido estatal que asuma la oposición. Así las cosas, es más necesario que nunca que el Gobierno de España que tome las riendas del país reúna tres características: competencia, responsabilidad y autoridad moral. Dejemos a un lado la competencia, no por poco importante sino porque forma parte de otro grupo de valores.

El presidente que salga del 20-N no contará, desde luego, con los cien días de cortesía. La gravedad de la situación le obligará, desde el primer día, a actuar con medidas que ofrezcan a la ciudadanía la sensación de que se ha comenzado a gobernar. Apenas dos semanas tendrá el nuevo Gobierno para marcar el paso de los próximos años con la mirada puesta en salir del pozo. Y dos son los colectivos a los que deberá dirigirse especialmente: a los empresarios para que generen, a través de medidas eficaces y esperadas, un nuevo renacimiento económico, y a los casi cinco millones de parados ofreciendo una alternativa esperanzadora. Pero debemos ser todos, sin duda, los destinatarios de la futura acción de gobierno. 

 

Si entre 1976 y 1979 España encaró una Transición política, lo que nos espera en esta segunda década del siglo XXI es una versión necesariamente mejorable de aquella etapa que no solo aborde una nueva orientación de la economía y del Estado de Bienestar, sino de asuntos estrictamente políticos. Entonces, la acción de gobierno precisó de celeridad, riesgo y coraje. El nuevo tiempo que llega necesita, al menos, de los mismos valores.

 

Teniendo en cuenta que vamos a abordar una etapa de inquietud, en este caso más económica y social que política, bueno es recordar como actuó Adolfo Suárez y su Gobierno a partir del 5 de julio de 1976 que el Presidente juró el cargo para el que fue nombrado de acuerdo con los mecanismos de la ley vieja. Si recordamos, al día siguiente, se dirigió por TVE al país para señalar que “los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles”,  inequívoca declaración de apertura de un proceso de cambio y reformas profundas. Con esta declaración -que ya representaba todo un programa de acción política- Suárez comenzaba a cambiar a positivo la oleada de decepción y pesimismo que generó su nombramiento real.

 

En la primera semana,  el nuevo Jefe de Gobierno viajó a Francia para entrevistarse con el primer ministro, Jacques Chirac, y el Jefe del Estado,  Giscard d´Estaing. Se intentaba derribar para siempre los Pirineos con una España incorporada a la CEE. Aunque encontró buena voluntad en el gaullista Chirac, fue consciente de lo detestable que sería para España, en nuestra lucha contra el terrorismo, el aristocrático president francés. El 16 de julio, el Gobierno aprobaba su declaración de compromisos: reforma política, referéndum, legalización de partidos y elecciones democráticas, un compromiso que  asumía cumplir antes del 30 de junio de 1977, acontecimiento que fue recibido, horas después, por una oleada de bombas de un misterioso Grapo. Y antes de que cumpliera los primeros veinticinco días de gestión, el Ejecutivo aprobó la primera amnistía política con la salida de las cárceles de todos los presos por delitos de opinión y pensamiento. Se trataba de mirar adelante y no frenar, ni dudar. Había que ganar tiempo al tiempo ya que se habían perdido algunos meses en el necesario impulso de las reformas democráticas. Pero, sobre todo, de no tener miedo.

 

El Gobierno que llegue y su Presidente, no tiene más tiempo que Adolfo Suárez para realizar compromisos de largo alcance. Con un país expectante, el sentido de responsabilidad obliga a que en los primeros días de aterrizaje, el nuevo Gobierno dé la cara y explique la verdad de la situación en la que se encuentra el país. Ya se sabe que es difícil, pero tenemos que saber si es peor de lo que se dice o se teme. O sea, que se precisará una política que mucho o poco será restrictiva. Y, por tanto, con un coste de popularidad que conlleva en estos casos un desgaste electoral -como le ocurre a todos los partidos gobernantes europeos-  en casi todos los ámbitos que gobierne. 

Se precisa, por tanto, un Gobierno que desde la verdad – toda la verdad, claro está-  pida sacrificios razonables, afrontando la realidad tal como puede ser. Esta actitud ya sería un activo muy importante, una garantía de seriedad y de sentido del bien común. Consecuentemente, si actúa así y, al mismo tiempo, consigue que el país levante cabeza, poco a poco reforzará su autoridad moral. Lo que se demanda es que aquello que se pueda hacer se ha de hacer y lo que no se pueda se ha de explicar por qué no. O satisfacción o explicación. Lo que no se puede hacer es, como respuesta a la indignación de una buen parte de la ciudadanía, practicar el silencio o la indiferencia. La voz del pueblo, aunque sea minoritaria, tiene que  ser escuchada. La política no puede seguir  en desprestigio; hay que mejorar su calidad.

Se quiera o no, en la opinión pública existe el criterio de que el sistema no funciona al dominar una crítica sobre la representatividad de las instituciones. En todo caso, son los criticados quienes han de rehacer los puentes de la confianza desmenuzada para ofrecer y construir propuestas que acerquen el ejercicio político a la realidad social. Hoy por hoy, aunque el mensaje de la indignación es heterogéneo y fluctuante, existen corrientes profundas de un estado de ánimo que se dibuja inequívocamente.

La campaña comenzará en unos días  y debe servir para demostrar que los partidos y sus líderes han escuchado y que las propuestas que se realicen demuestren sensibilidad hacia las voces críticas. Precisamente las elecciones en una democracia representan la única forma de expresar democráticamente la indignación y abrir caminos hacia una nueva esperanza.

*Escritor y Doctor en Periodismo.

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