Por JOSÉ RAMÓN SAIZ
El asunto –ahora con los recortes o el llamado “tijeretazo”- tiene suprema actualidad. No hace mucho un amigo me confesaba las excelencias del sistema sanitario español a raíz de una magnífica operación a la que había sido sometido. Fue tal el agradecimiento y devoción por la persona que le había salvado la vida tras una operación quirúrgica muy grave, que le comenté que vivía gracias al buen hacer profesional de un funcionario público, encontrándome, al momento, con una respuesta drástica de quien había salido de tan delicado trance. ¡No era funcionario, es médico! Esta expresión, por lo que significa, evoca hasta que punto –siendo una anécdota- refleja los prejuicios que hacia el funcionariado han generado, sobre todo, partidos y gobiernos, en ocasiones como ahora para justificar brutales recortes. Se han convertido, además, en un objetivo fácil de vapuleo en medios de comunicación y por algunos articulistas con el fin de hacerles chivos expiatorios de esta crisis.
No vamos a ocultar que la función pública española tiene como toda obra humana defectos y que es en algunos ámbitos, sin duda, manifiestamente mejorable, una culpa en todo caso que apunta más a los gobiernos y no precisamente a la función pública. Pero representa un daño enorme ver al funcionariado como un mal general, no reconociendo que ese mismo funcionariado –muchas veces con más ejemplaridad que el político de turno- ha contribuido desde el deber bien cumplido al servicio público y a la modernización de España.
La Administración pública española no es aquella del “vuelva usted mañana” de Larra, sino que ha ganado en competitividad y servicio al ciudadano, aunque muchas veces haya obtenido incomprensión por vía de leyes y reglamentos que elaboran quienes mandan en el Gobierno y que los empleados públicos tienen que seguir al pie de la letra. Nadie mejor que el funcionario para comprender al ciudadano que acude a la Administración en su deseo de resolverle un problema, como el médico-funcionario o la enfermera-funcionaria actúan satisfactoriamente en favor de la salud de un enfermo con una operación o, suavizando el dolor con una sonrisa y un tranquilizante.
Pero son muchos los necios que no quieren entender esas razones. Se atreven, incluso, a ofrecer estadísticas que muestran que cuando murió Franco, en aquella oscura España había muchos menos funcionarios que ahora. La pregunta a quienes defienden tal teoría es obvia: ¿Pero qué servicios médicos había entonces, qué docencia pública, qué hospitales, qué servicios públicos en general? Los había, e iban mejorando; pero compararlos con la actual red de asistencia pública y con el resto de servicios públicos es una broma. Y para atender esa demanda creciente de los ciudadanos hacen faltan empleados públicos.
Han sido muchos los médicos y muchos los maestros que han pasado a ocupar plazas en nuevos hospitales o en centros de salud; también profesores para los colegios públicos, los institutos y la universidad. Pero también hacen falta otros empleados que tramitan expedientes, o que gestionan la Hacienda Pública o la Seguridad Social, que tan notablemente funcionan, por cierto. Personas que han ganado su plaza estudiando, esforzándose. Ellos no han alcanzado esa condición con la facilidad con la que otros se han podido colocar en las empresas, en los negocios familiares. No han tenido esa oportunidad. O han preferido la independencia y la seguridad que la función pública favorece.
Desde estas reflexiones, si observamos donde está presente el funcionario, comprobaremos que se encuentra en el día a día de nuestra salud, nuestra educación, la protección de nuestra seguridad y de nuestras libertades y derechos, la conservación de nuestro patrimonio, los avances en igualdad y en seguridad jurídica y, en una palabra, la amplia mejora general de la calidad de vida y la equidad han sido posibles en España también, aunque no solo, por la existencia de un cuerpo crecientemente profesionalizado de empleados públicos que han trabajado con dedicación y espíritu de servicio a la sociedad.
Sin embargo, se ha jugado inconscientemente desde hace algunos años -precisamente por quienes han promocionado el amiguismo en la acción política- a promocionar un estereotipo necio y malicioso del funcionario de manguitos, a la vez que mangante; todo un cuento chino que se rompe a la más mínima comparación con la realidad. Que han existido y existen funcionarios mangantes, sin duda, como existen políticos, abogados, arquitectos, fontaneros, futbolistas, y hasta jueces que lo han sido y lo son. Como bien se dice, vagos, sinvergüenzas y corruptos los hay en todas las profesiones, vicios por otra parte instalados desde siempre en la condición humana.
Y esta –y no otra- es la verdad del funcionariado en España y en otros países modernos. Con o sin extra de Navidad, los funcionarios tienen derecho a manifestar su irritación pero aquellos que son médicos seguirán curando enfermedades, los bomberos evitarán el fuego en sus viviendas, los policías velarán por la seguridad, los profesores educarán a nuestros hijos y los jueces seguirán administrando justicia. Consecuentemente, seguirán trabajando honestamente, que es de lo que saben.