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SOBRE LA CORRUPCIÓN: INDIGNADOS Y HASTIADOS ES POCO

Por JOSÉ RAMÓN SAIZ

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CON LOS CIUDADANOS  peligrosamente hastiados e indignados con la sucesión de escándalos de corrupción de los últimos tiempos, es cada día más inaplazable una profunda reforma de la política y de los partidos, sometidos hoy a un descrédito general al configurarse, desde avanzados los años ochenta, en administradores de los asuntos públicos. Lo que está ocurriendo -aunque se quiera adjudicar exclusivamente a conductas personales-  no es otra cosa que el deterioro de un abuso de posición dominante en la sociedad democrática, de espaldas a los ciudadanos a quienes se les toma en consideración solo en tiempos de elecciones. De esta manera, los partidos son percibidos crecientemente como meros aparatos de lucha por el poder y de provecho corporativo y personal, percepción que la corrupción multiplica de forma demoledora.

En la situación de indignación que vivimos, la convicción de que es precisa una actuación urgente para regenerar el ejercicio de la política en España debe partir -porque este es el fondo del asunto- de la idea unánime de que los auténticos titulares de un sistema democrático como el que por fortuna tenemos en España, somos los ciudadanos y no sus representantes políticos, por muy legítima que sea su elección en las urnas a través de la candidatura de un partido.

A la vista de los constantes sucesos de corrupción política que afectan a toda la espina dorsal del sistema -partidos políticos, instituciones, organizaciones económicas y sindicales- la reforma no pasa únicamente por alcanzar pactos llamados anticorrupción, sino plantear de verdad medidas serias y eficaces que alcancen una auténtica reforma del Estado en el que los partidos deben perder necesariamente poder, que es lo que no quieren. En consecuencia, son cada día más urgente medidas que consideramos esenciales como las siguientes:

- Sistema electoral mixto: una parte de los diputados elegidos por circunscripción y la otra en una lista única abierta.

- Democratización del funcionamiento de los partidos: primarias para la elección de los cabezas de lista, consulta a la militancia en la confección de candidaturas y la aprobación de los programas, limitación de mandatos y del número de cargos institucionales que se pueden acumular.

    - Reforma del sistema de elección de los órganos constitucionales y consejos de entes públicos, suprimiendo las cuotas partidistas.

- Códigos de conducta con especial atención (y todo tipo de cautelas) en el trasvase de la administración pública a la empresa privada.

Pero si esta tarea es imprescindible y, por supuesto, no resulta agradable a los partidos dominantes al perder el poder que han ido ganando en la democracia desde la famosa frase “del que se mueve no sale en la foto”, las medidas sobre los recursos económicos de los partidos deben afectar necesariamente a la publicación y fiscalización anual de sus cuentas; contabilidad única de los mismos y sus fundaciones afines;  conversión del Tribunal de Cuentas en un órgano profesionalizado e independiente, sin cuotas de partidos, identidad de los donantes privados  y, por supuesto, que los  salarios de los cargos públicos sean proporcionales a las responsabilidades del trabajo y al de sus anteriores ocupaciones.

Además, en la lucha contra la corrupción y el saneamiento general de la política, se debe avanzar en los objetivos de que los políticos imputados por delitos de corrupción cesen temporalmente en sus funciones cuando el juez presente indicios racionales de uno o varios de los siguientes delitos: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, negociación prohibida a los funcionarios,malversación de fondos públicos,  fraude fiscal y delito urbanístico. Si bien, consideramos, los cargos electos imputados puedan conservar el acta, deben ser privados -en las condiciones señaladas- de responsabilidades ejecutivas e institucionales en tanto se sustancie el procedimiento judicial y no figurarán en las listas electorales, salvo que estas sean abiertas. Además, es necesario que los partidos no se personen en causas judiciales que afecten a otras formaciones ni puedan emplear tácticas obstruccionistas para dilatar los procesos legales que les afectan.

Entendemos que al mismo tiempo se deberá proceder a la revisión de la figura procesal del imputado para que el derecho a la legítima defensa no acarree una penalización social antes de que el juez detecte indicios racionales de delito; tipificación como delito la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos y perseguir a los corruptores, decidiéndose que los condenados por  corrupción sean inhabilitados para presentarse a concursos públicos. Al tiempo, se deberá dotar a la  administración de justicia de los recursos y los mecanismos de control necesarios para la rápida investigación y tramitación judicial de los casos de corrupción.

Todo este proceso debe dirigirse a promover una nueva conciencia, llevando a los diferentes niveles educativos, desde la enseñanza obligatoria hasta la universidad, asignaturas y contenidos éticos y de valores contra la corrupción, al tiempo que instruir a los funcionarios públicos en la detección inmediata de conductas corruptas.

En general, son más las medidas que deben dirigirse a promover una total  transparencia de la forma de actuar de los partidos y las instituciones y más control del dinero que administran. Después de treinta y siete años de experiencia, no es razonable -como vienen haciendo-  que los partidos sigan cerrando filas sobre un sistema electoral de listas cerradas que ha deformado gravemente la relación de los votantes con los candidatos electos porque éstos, para asegurarse su continuidad, han optado por la obediencia a quien les puso en la lista antes que por la lealtad a quien les votó y facilitó el cargo.

A la espera de estas y otras reformas, tan necesarias como urgentes, no debemos permitir que se nos engañe por quienes afirman que la corrupción en política, como la picaresca en la sociedad, están en los genes de los españoles. Toda justificación que venga por esta vía es éticamente inaceptable, sencillamente porque los cargos públicos están obligados a una conducta ejemplar.  Hoy por hoy, los partidos son, pese a todo, los que pueden y deben enderezar esta grave deriva y devolver vigor a la democracia. El tiempo pasa, los escándalos continúan, y si no lo hacen la incertidumbre y el desasosiego seguirán enraizando en la ciudadanía con efectos imprevisibles. El español de a pie lo sabe: si quieren, pueden. Pero lo más grave es que por egoismo y falta de patriotismo, miren más a sus intereses que a los de los españoles.

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