NOTAS ELECTORALES PARA NO AFILIADOS

Por JOSÉ ANTONIO CARMONA GUILLÉN

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El pasado 3 de mayo, el BOE, publicaba un Real Decreto por el que se disolvían las Cortes y se convocaban elecciones generales a celebrar el 26 de junio. Evitaba esta norma el preámbulo – no obligatorio – porque de hacerlo hubiera tenido que señalar el fracaso del Congreso emanado de las elecciones del 20 de diciembre para cumplir con su principal mandato: elegir un presidente del Consejo de Ministros.

Se abre pues, un período para saber qué candidaturas concurrirán y quiénes integrarán dichas candidaturas.

Al mismo tiempo, es palpable, la población se encuentra defraudada por la ineptitud de sus representantes de cumplir con su obligación.

Examinemos lentamente los hechos. Como se ha señalado, la falta de acuerdo entre los diputados implica su fracaso y en consecuencia la incapacidad para poder repetir en una nueva convocatoria. ¿Alguien volvería a ese médico que no fue capaz de diagnosticarle correctamente o sanarle?  ¿O al pintor que encargado de adecentar las paredes de su vivienda se las convirtiese en un lodazal?

Pero por lo que se declara en fechas posteriores todos se despreocupan de esta cuestión y todos tienen ánimo y esperanza para repetir y ganar.


Ante este planteamiento qué pueden hacer los electores. Aquí los dividimos en dos grandes grupos, los afiliados o militantes y los no afiliados. El primer grupo es minúsculo en relación a la población, pero los partidos o coaliciones dicen que sus afiliaciones son numerosas, entonces ¿por qué no cambian los componentes de sus listas?


El elector no-afiliado ante lo anterior tendría una posible salida, forzando a que la ley electoral se cumpla al pie de la letra, esto es, si los votos en blanco, que no olvidemos son válidos, se computasen para la asignación de escaños. Escaños que, naturalmente, no serían ocupados por nadie. Como resultado tendríamos, con cierta probabilidad, un Congreso de menos de 300 escaños. ¿Qué efectos tendría?


Para empezar destacaría, con nombre y apellidos, aquel diputado cuyo escaño debería no cubrirse y que por un hábito lo hace.


En la aprobación de las leyes no surtiría efecto alguno, ya que dada la llamada disciplina de voto, el proyecto saldría adelante. Podría tenerlo acaso en la nueva mayoría absoluta que determina la aprobación de leyes orgánicas o en los demás casos de mayoría cualificada que exige la Constitución, como para su reforma.


Sí tendría efectos económicos y no solo porque hubiese un número inferior de diputados a retribuir, sino porque los emolumentos que los grupos (cuyo número podría disminuir) perciben por escaños y votos serían menores.


Veamos un ejemplo. Una provincia-circunscripción tiene asignados cuatro escaños. Entre sus aspirantes se encuentran las opciones A con 100 votos, la B consigue 80 votos, las papeletas en blanco cuentan con 70, la C tiene 60 votos y la D llega a los 55. Como se ha venido realizando hasta la presente los escaños serían asignados a las opciones A, B, C y D, dejando fuera la representación de los votos en blanco pese a sobrepasar en votos a las opciones C y D. Pero el diputado D sabe que su escaño no lo hubiera alcanzado si se hubieran tenido en cuenta todos los votos válidos. El diputado D si lo acepta ¿sería capaz de hablar de transparencia, honradez, representación, etc.? Puede que sí pero todo el cuerpo electoral sabría del valor de sus afirmaciones porque su elección dejaría mucho que desear. Y ello, no solo afectaría al diputado persona-física, sino a su opción política persona-jurídica.


No existe duda en la interpretación del voto en blanco como rechazo a las candidaturas presentadas en una circunscripción. Es un voto de castigo a todas ellas, pero ese castigo corre el peligro de ser excesivo al no solucionar la problemática planteada. En eso coinciden con la abstención o el voto nulo.


Otro aspecto es el de la composición de las listas. Si los 350 diputados proclamados el 20-D no han sido capaces de llegar a un acuerdo no ya de gobierno sino de acordar un presidente de Gobierno ¿cómo es posible que crean que lo van a conseguir seis meses más tarde? en base ¿a qué?


Habría que revisar los beneficios sociales que disfrutan sus señorías, si lo han sido durante dos legislaturas, para comprender mejor.


Algunos se presentan como progresistas o avanzados y nos proponen volver a un rinconcito de la España medieval a la vez que sustituyen (o lo pretenden) la segunda lengua más universal y con la que sin problema se puede recorrer la mayor superficie continua de la Tierra por una de ámbito local. ¿Se han percatado que pocos pasarían una estancia en Irlanda para aprender el gaélico? Y sin embargo, ¿cuántos van a estudiar inglés?


Otros hablan del cambio como palabra mágica ya que no exponen en qué consistiría. Todo cambio es susceptible de mejorar o de empeorar una situación determinada ¿sería mucho pedir que indicasen en qué consistiría y cómo piensan llevarlo a efecto? Aquí parece de aplicación el dicho popular “quitate tú que me ponga yo”.


Algunos proponen una reforma de la Constitución, aunque sin especificar el sentido de la misma. A lo más que llegan es a cambiarla por una de corte federal. Sin darse cuenta que no existe precedente de Estado unitario que se haya convertido en federal o que en la primera República española, para no irnos fuera, se elaboró un proyecto constitucional que nunca estuvo vigente porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo si ese carácter federal debería tener una base cantonal, regional u otra.


Hay quienes, entre los separatistas o secesionistas, ponen como ejemplo Québec o Escocia, sin darse cuenta de que están integrados en la Confederación del Norte (Canadá) en un caso y en el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Son comparables o aplicables?


La reforma constitucional es difícil de llevar a término, no solo por los pasos que exige la actual para dicha reforma, sino porque implica, al menos, el acuerdo de los principales partidos de la derecha e izquierda. ¿Alguien ve tal posibilidad?


Sin embargo existen problemas que afectan a los ciudadanos y que requieren soluciones. Esos de los que rara vez se habla por parte de los partidos. ¿No serían necesarios acuerdos de Estado sobre educación, administración territorial, justicia, terrorismo, defensa, seguridad social, régimen fiscal,…?


La Constitución vigente permite que las regiones se puedan constituir en  autonomías, no obliga a ello, y sin embargo desde hace más de treinta años, nos hemos calificado como Estado de las Autonomías haciendo creer que el no aceptarlas sería ir en su contra o ser calificado de anticonstitucional.


No se entiende porque el R. D. del 3 de mayo disuelve las dos Cámaras, Congreso y Senado. La primera encuentra su explicación en la falta de acuerdo para elegir presidente de Gobierno, pero el Senado no tenía ese mandato luego no se puede hablar de fracaso. ¿no se podía haber disuelto solo el Congreso? ¿no hubiera sido más austero?


Todos somos pecadores y tenemos conciencia de ello, pero hay quien se arrepiente y desea enmendarse y otros que ni se corrigen ni lo desean. Espero-deseo que el segundo grupo sea minoritario.


Con lo señalado someramente hasta aquí, lo que de verdad parece echarse en falta es la crítica-diálogo constructivos. No se trata de derogar una legislación porque se aprobó en el período que el contrincante estuvo en el poder, sino de que las propuestas sean claras, constructivas y bien elaboradas, que sepamos a donde nos llevan… claro que para eso haría falta que los jefes de los partidos fuesen líderes.

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