CRÓNICA DE UN HECHO DECISIVO DE LA TRANSICIÓN: LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

Por JOSÉ RAMÓN SAIZ

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Martes, 5 de abril de 1976. Inmerso el país en Semana Santa, una abierta distensión se observa en los medios políticos. En la estación de Chamartín numerosas personas seguimos con atención la escena de los Reyes, Juan Carlos y Sofía, acompañados de sus tres hijos, que cargados de mochilas y otros enseres vacacionales viajan en el tren expreso al Pirineo leridano para descansar durante unos días. A despedir a los monarcas acudieron el presidente Suárez, el vicepresidente político, Alfonso Osorio, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y personal de la Casa Real encabezado por Nicolás de Cotoner, marqués de Mondéjar.

De regreso a los coches oficiales y mientras el público aplaude a los Reyes, tras ascender por las escaleras mecánicas de la estación con el periodista José Ramón Verano, de Europa Press, dialogo unos segundos con el presidente, que no se toma vacaciones, según nos anticipa. Me pregunta si voy a salir de Madrid y le contesto afirmativamente, momento en el que con una sonrisa no disimulada pero que oculta algo, afirma: “Yo de ti no me iría”, pero no percibo la clave del mensaje. Ante el numeroso público que se acerca para saludarle, los escoltas le rodean y le llevan hacia el vehículo oficial, lo que no le impidió estrechar manos y escuchar felicitaciones.

Este breve diálogo con Adolfo Suárez tenía mucho que ver con las informaciones que venía publicando en el diario Pueblo: el día 2 firmaba la crónica “Suárez, dispuesto a legalizar al PCE” y este día del encuentro en Chamartín el titular se refería a los dos objetivos más inmediatos del presidente: “Legalización de los comunistas y convocatoria de elecciones”, que coincidía con el nombramiento de Juan Antonio Samaranch como primer embajador en Moscú. Es decir, el Gobierno buscaba con decisión la normalidad con la que lograr el crédito internacional para las elecciones ya próximas.

En este contexto informativo que reflejaba el discurrir político, el presidente decide asumir una rápida y comprometida decisión. En su mesa tiene toda la documentación sobre el Partido Comunista que el Ejecutivo había enviado al Supremo y que el alto organismo ha devuelto, tras una inhibición sonada y preocupante para el Gobierno. Al día siguiente de la salida de la Familia Real hacia el Pirineo, Suárez dio vacaciones en todas las oficinas del complejo de Presidencia, excepto a los colaboradores de más confianza. El Jueves Santo el palacio de La Moncloa se encontraba semidesierto. La situación está crispada y se percibe un nuevo capítulo de acoso mediático que no parece cesar desde su nombramiento, que en estos días críticos coincidía con otra de sus crisis bucal.

Lo que sí hizo el presidente fue encararse, de inmediato, con el problema. Apenas unas horas después de conocerse el fallo, el presidente tenía sobre la mesa las alternativas posibles para tomar una decisión. No había más que las siguientes: 1/. Que el ministro de la Gobernación procediera a legalizar a aquellos partidos que el Gobierno considere que deben ser legalizados, dejando a un lado la presunción de ilicitud penal. 2/.El Gobierno podría remitir los expedientes a la Fiscalía para que decidiera qué partidos podían legalizarse o, por el contrario, dejar fuera de la ley al presentar impedimentos estatutarios o de otro tipo, y 3/. Que el Gobierno procediera a promulgar otro decreto-ley por el que se legalicen los partidos mediante otra vía legal. En este sentido, el ministro de Gobernación sería competente para llevar al Consejo de Ministros los expedientes con el fin de que decidiese su legalización mediante decreto-ley. Otras alternativas se descartaron de inmediato como la presentación de un conflicto de jurisdicciones, interposición de un recurso de revisión o de un recurso de nulidad de actuaciones.

Una vez que el presidente revisó las alternativas con el vicepresidente Osorio y el ministro Martín Villa, estimaron que había que tomar una rápida decisión, optando por aquella que contara con cobertura jurídica, en concreto poner en marcha el mecanismo previsto en el apartado segundo con el fin de contar con una resolución favorable de la Junta de Fiscales que, de producirse, debía culminar con una autorización administrativa de Gobernación. No había más salidas si se aspiraba a cumplir el compromiso de que las elecciones se celebraran, sin contratiempos, antes del 30 de junio.

La agenda del Gobierno podía resumirse, por tanto, en dos palabras: desmantelar y legalizar. Suprimido y desmantelado el Movimiento, tocaba legalizar el otro extremo político: la opción de sus enemigos históricos, los comunistas. Precisamente unos días después, en concreto el lunes, 4 de abril, el presidente Suárez había indicado ante los ministros que si el PCE no se legalizaba, las elecciones ante las democracias europeas no tendrían la necesaria validez. Pero también se podría alterar la paz civil en un día de expresión de la soberanía popular, al conocerse por todos que los comunistas contaban con una organización construida en muchos años de clandestinidad y con una combatividad probada. Su criterio favorable a la legalización partía, por tanto, de la necesidad de conocer al adversario, su fuerza y respaldo. En fin, a qué partido validaban las urnas como más representativo de la izquierda: al PSOE o al PCE.

Aprovechando las vacaciones de Semana Santa y dando una muestra de generosidad que quizá a algunos extrañara, el presidente concedió vacaciones a la mayoría de sus colaboradores y ministros. Sólo cinco miembros del Gabinete quedaban junto a él para vivir unas horas en las que casi todo estaba preparado y casi todo era impredecible. Madrid, en estas jornadas de tradición religiosa, es una ciudad vacía. Esta decisión de Suárez de quedarse con su círculo político más próximo, significó algo más que un acto simbólico de estar solo ante el peligro. Necesitaba estar con muy pocos para mover con precisión las piezas de un complicado ajedrez, de ahí que mantuviera reuniones frecuentes con los vicepresidentes Gutiérrez Mellado y Osorio, además de los ministros Rodolfo Martín Villa, Ignacio García López y Landelino Lavilla. Simples reuniones habituales parecían a primera vista, aunque sorprendiese la fecha.

El presidente y sus ministros más próximos valoraron igualmente el escenario internacional ante una posible legalización de los comunistas. Si bien el último secretario de Estado republicano, Henry Kissinger, veía en los comunistas europeos una grave amenaza para los intereses norteamericanos, las cosas habían cambiado ligeramente con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca. De hecho, Kissinger se había posicionado como el dirigente que menos confió en la viabilidad de una democracia en Portugal debido a la presencia comunista. Por otro lado, en sus escasas declaraciones sobre el fenómeno eurocomunista se mostró profundamente escéptico en cuanto a la voluntad democrática de los partidos italiano y francés.

Precisamente Osorio había transmitido a Suárez, sólo unas semanas antes, un cierto matiz en el cambio de actitud de la Administración norteamericana respecto al Partido Comunista, hecho que conoció el 26 de enero en el Desayuno de la Oración, en la capital federal, de boca del secretario de Estado, Cyrus Vance. Mientras el presidente Ford y Kissinger no consideraban oportuna la legalización del Partido Comunista, la Administración Carter fue más concluyente al respecto: “Según los informes de nuestra Embajada es inevitable legalizar al PCE, pero esto no se tiene que hacer hasta que no se hayan celebrado las primeras elecciones democráticas”, dijo Vance al vicepresidente Osorio. Y así se lo había hecho saber al presidente.

Cuatro meses después de esta confidencia –el 12 de mayo– el secretario de Estado norteamericano viajó a Madrid para entrevistarse con el Rey y el presidente Suárez. Cyrus Vance elogió el proceso democrático español pero la legalización comunista no estuvo en la agenda de sus conversaciones con las autoridades españolas. Se había pasado página. Por tanto, la posición de los Estados Unidos y de la Administración Carter que había tomado las riendas del país el 20 de enero de 1977, no era, en este caso concreto, muy alejada de la Administración republicana. En todo caso se podía considerar menos drástica, aunque no les provocaba entusiasmo alguno la legalización de los comunistas. Un informe de la inteligencia española entregado a Suárez, señalaba que los diplomáticos estadounidenses destacados en Madrid eran partidarios de su legalización antes, incluso, de la primera cita electoral.

Curiosamente una delegación de la Armada americana que recibió el presidente en Moncloa el 17 de marzo, encabezada por los almirantes Holloway y Moore, en  presencia de Mr. Eaton, encargado de Negocios de Estados Unidos, conocieron de primera mano la decisión del jefe de Gobierno de legalizar a los comunistas. En este encuentro en el que actuó de intérprete el jefe de Protocolo, Javier González de Vega, los invitados escucharon con atención las ideas que expresaba el presidente entre las que destacó su decisión de legalizar al Partido Comunista para que jugara dentro del terreno de juego con pleno acatamiento a las reglas de juego. Dos semanas después –en otro encuentro en Moncloa, en este caso con Mr. Fizgerald, titular de Exteriores de Irlanda– el presidente reiteró su intención de legalizar a los comunistas ante la previsible decisión del Tribunal Supremo. Era el 31 de marzo.

En relación a las reacciones en Europa, este equipo de crisis encabezado por elpresidente pensó que no existirían posturas adversas, por cuanto los partidos comunistas, salvo en Alemania y ello por la existencia de la República Democrática Alemana (RDA), participaban en el rito electoral de las democracias y, además, se observaba un alejamiento de los partidos comunistas de su dependencia orgánica del comunismo soviético. Abundaba en estas ideas la expresada al vicepresidente Osorio por el político francés, Maurice Faure, que desde su experiencia aconsejó al Gobierno de Madrid la legalización del PCE. Su mensaje fue claro: que los comunistas se situaran a la izquierda del PSOE, evitando a toda costa la formación de un Frente Popular de amargos recuerdos en España.

Sábado Santo, 9 de abril de 1977. En un Madrid casi vacío por el escaso tráfico que podía percibirse en la carretera de La Coruña que se divisa desde Moncloa,   Suárez se incorpora muy pronto a su despacho. Ha dormido bien y tiene tomada una decisión que ha consultado con muy pocos. Conoce por los ministros Martín Villa y Landelino Lavilla, que a las nueve horas había comenzado la reunión de la Junta de Fiscales que preparaba un dictamen que se presumía decisivo sobre los estatutos del Partido Comunista de España, una vez que el Supremo se declarara no competente.

Esta misma jornada, en un afán por proyectar normalidad, el presidente recibió a los dirigentes del Equipo de la Democracia Cristiana, José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez. El objetivo de crear las condiciones para el desarrollo de las elecciones ocupó la conversación, que sirvió a Suárez para conocer el escaso peso de la organización democristiana y, por tanto, sus enormes dificultades para proyectarse como opción parlamentaria. En el fondo, se dejaba entrever un hecho más en la lucha entre Suárez y la oposición democrática por el control del proceso de transición, objetivo en el que tenía todas las de ganar. En estos momentos, su iniciativa pasaba también por lograr que los comunistas dejaran de marcar el ritmo de las reivindicaciones de la oposición sobre su legalización, aun cuando el PSOE había dejado pruebas suficientes de que concurriría al margen de la situación que afectara al PCE.

Las deliberaciones se alargaron durante tres interminables horas. Por fin, a las doce horas la cúpula de la Fiscalía, presidida por el fiscal general del Reino y tras varias horas de trabajo, concluyó que, de la documentación que le había sido presentada, “no se desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del expresado partido [el PCE] en cualquiera de las formas de asociación ilícita que castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción”. En resumen, que el Partido Comunista de España no incurría en ninguno de los supuestos de asociación ilícita contemplados en el Código Penal. El Gobierno y Adolfo Suárez tenían, pues, vía libre para registrar en el Ministeriode la Gobernación los estatutos del PCE, ya respetuosos con la legalidad vigente.

El dictamen servía para que, inmediatamente después, se diera por buena la resolución, preparada previamente, por la que el Ministerio de Gobernación procedía a la inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas. Unas horas, las de la tarde, que Martín Villa dedicó a hablar telefónicamente con los gobernadores para informales de la decisión –todavía no hecha pública–, así como las medidas que habría que adoptar. La actividad en estas horas estuvo marcada por la acción, pero con el vértigo de no saber si las cartas que esperaban tener pronto en las manos les permitirían ganar finalmente la partida.

Una de las primeras decisiones del presidente fue la de llamar por teléfono a José Mario Armero, quien venía siendo el enlace con Teodulfo Lagunero, el hombre en el que Carrillo había confiado su representación en esta clase de contactos. Aunque millonario gracias a sus éxitos en el campo de la construcción a partir de los inicios del desarrollismo español de los años sesenta, una etapa en la que amasó su fortuna y tuvo que aceptar una condecoración oficial que le concedió Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, con motivo de una conmemoración del 18 de julio, Lagunero tenía un origen que le encajaba en la izquierda: hijo de catedrático de Instituto comunista, hermano de comunista condenado a muerte, también él había pasado por las cárceles del franquismo y condenado a muerte, pena que finalmente le fue conmutada. Tras recuperar la libertad, estudió Filosofía y Letras y logró una cátedra, montó una academia, hizo sus primeros dineros y, finalmente, alcanzó un puesto de consejero de Banco, entre otros éxitos de su carrera de rico antes de vincularse políticamente al Partido Comunista.

No le fue fácil lograr a Lagunero la confianza de Santiago Carrillo en su exilio  de París, camino que tuvo expedito tras trabar una fuerte amistad con el poeta Marcos Ana, un antifranquista que había sufrido años de cárcel tras la guerra. Esta amistad se fraguó a raíz de que Lagunero le visitara en su domicilio parisino y le ofreciera algunas claves de su vida en la cárcel y como opositor al régimen. Desde esa amistad con Marcos Ana, que con el paso del tiempo fue muy entrañable, comenzó a financiar el Centro de Información y Solidaridad con España (CISE), que presidía Pablo Picasso y dirigía el poeta. Hay que tener en cuenta que aun cuando Lagunero se había dejado ver en manifestaciones de exiliados españoles en la capital francesa bajo pancartas y banderas rojas, los dirigentes del exilio pensaban que era un espía embajada franquista. Tenían razones para pensarlo así, ya que conocían que se hospedaba en hoteles de nivel y acudía con cierta frecuencia al restaurante Maxim’s.

Tras confirmarse que era uno de los suyos –decidido miembro del Partido Comunista a pesar de contar con una importante fortuna–, el acercamiento de Lagunero a Carrillo fue rápido, sobre todo después de que en su casa de Cannes, llamada Villa Cométe, se trabajaran las bases para la constitución de la Junta Democrática, cuyo objetivo era el de conspirar contra la dictadura. Además, tenía amistad con Pablo Neruda en su etapa de embajador de Chile en París y visitaba con frecuencia a Alberti en Roma. Sus primeros trabajos de confianza para Carrillo se centraron en hacerle entrar y salir de España de la manera más segura. Se podía afirmar que, en poco tiempo, Lagunero formó parte del círculo de máxima confianza de Carrillo, hasta el punto de que sabía con exactitud dónde paraba a cada hora.

En el primero de estos viajes, en las primeras semanas del Gobierno Arias, cruzaron la frontera en un Mercedes de color gris y matrícula de París que conducía la mujer de Lagunero. Todo fue sin problemas. Entraron en Madrid y Carrillo pasó la primera noche en un pequeño apartamento propiedad del empresario, sito en la calle Comandante Franco. El resto de días, el líder comunista se refugió en un antiguo colegio que había comprado Lagunero en El Viso, en la calle Lizarán, 17, que contaba con los cristales de las ventanas blindados, ya que no era descartable un atentado a la desesperada contra el líder comunista. Nadie podía encontrarle porque, además, el chalecito tenía garaje propio y entraba y salía desde el coche. En los meses que residió en aquel lugar escribió “Eurocomunismo y Estado”, cuyo manuscrito regaló al matrimonio Lagunero. Durante estas presencias clandestinas en Madrid, se tomaban muchas precauciones.

Pero ahora, a punto de legalizarse el partido, algunas circunstancias debían modificarse, aunque sólo fuera unos días. Armero estaba al corriente de que, en cualquier momento, podía ocurrir el gran hecho de la legalización del Partido Comunista. Días antes de Semana Santa había hablado con Santiago Carrillo aconsejándole que saliera por unos días de Madrid ya que el Gobierno –que era el que hacía la petición– iba a acelerar en los próximos días la legalización del viejo partido de Carrillo y de La Pasionara. Cuando cuelga el teléfono, Carrillo comenta a su círculo más íntimo que no le hacía demasiada gracia que la decisión del Gobierno se fuera a realizar en plena Semana Santa, al estimar que no sería bueno hacer coincidir las alegrías de la legalización del PCE con los actos de la Pasión.

El líder comunista comunicó al interlocutor de Suárez que viajaría a Cannes para pasar el puente festivo en el chalet Villa Comète, en la Costa Azul, propiedad de Teodulfo Lagunero, donde se le podría localizar “en cuanto se produjera la legalización”. En este refugio dorado, que formaba parte de una colonia de cuatrocientos chalets que Teodulfo había construido con un barón austriaco, Santiago Carrillo se dispuso a recibir noticias esperanzadoras de Madrid. Con todas las comodidades, incluida piscina climatizada y playa privada, por allí pasó en este tiempo lo más selecto de la plana mayor del Partido Comunista. 

En aquellos momentos, Lagunero y Armero jugarían papeles importantes como intermediarios de los dos grande protagonistas de estas jornadas. Teodulfo Lagunero era para Carrillo lo que Armero representaba para Suárez: un amigo dispuesto a ayudar al líder comunista hasta el límite de sus fuerzas y a apoyar la causa de la legalización del PCE porque creía en ello. Como Armero, puso todo su esfuerzo en la misión a cambio de nada, unidos ambos por una convicción personal que les movió a poner todo lo mejor de su inteligencia en la operación: el complejo castillo de naipes que estaba levantando trabajosamente el presidente Suárez. Saben que sin esta última carta que pasa por la legalización comunista, la culminación de la transición no estaría completa. Pero son también conscientes de que precisamente esta carta, si se jugaba mal, podría hundir definitivamente la estructura del futuro edificio y acabar con el proyecto reformista.

El sábado santo el PCE fue legalizado para gran satisfacción de su líder, Santiago Carrillo. Abajo, dos de los grandes protagonistas en la sombra de la negociación: José Mario Armero y Teodulfo Lagunero. A la derecha, Landelino Lavilla, interviniendo en el pleno de las Cortes que en julio de 1976 aprobó la reforma del Código Penal y su incidencia en los partidos políticos.

Los estrategas comunistas prepararon inteligentemente la cuenta atrás para la legalización del partido con la celebración en Madrid –a puerta cerrada– de una cumbre eurocomunista en la que participaron, además de Santiago Carrillo, los líderes comunistas de Italia, Enrico Berlinguer, y de Francia, Georges Marchais. Tras la legalizacion del partido, Dolores Ibarruri preparó su retorno a España. Imágenes de líderes del PCE que trabajaron en equipo para el logro de la vuelta a la normalidad: Pilar Bravo, Manuel Azcárate y Ramón Tamames.

Aunque Armero esperaba la llamada del presidente, le sorprendió en principio que ocurriera el Sábado Santo, al entender que nada podía suceder en aquellas fechas de profundidad religiosa y de ocio. Como había sido informado de que en días podían tomarse decisiones de gran calado político, no necesitó muchas claves para intuir el asunto urgente que transmitía la llamada de La Moncloa, al fin y al cabo era el hombre de Suárez en esta gran operación política. Armero supuso, de inmediato, que finalmente todo estaba en marcha para que en cuestión de horas se conociera la legalización del Partido Comunista.

Desde unos meses antes, el presidente de Europa Press, José Mario Armero, venía siendo el discreto intermediario de Suárez en los contactos más delicados con personalidades de la oposición democrática. En ningún momento tuvo intención de ingresar en política activa ya que siempre fue consciente de que su labor se desarrollaba en nombre y por cuenta de una sociedad civil no organizada pero en la que existía conciencia de la necesidad de transitar pacíficamente desde una dictadura a una democracia, proceso impregnado de riesgos y en el que todos los apoyos como el de Armero tenían un gran valor por su eficacia y discreción.

Cuando Armero comienza a desarrollar su labor de acercamiento con las gentes próximas a Santiago Carrillo, especialmente Teodulfo Lagunero, el líder comunista ya había permanecido en España de manera clandestina en no menos de quince ocasiones, siempre acompañado por su amigo Lagunero y la famosa peluca realizada por el peluquero Gonzalo Arias, amigo de Picasso. Detenido y puesto en libertad, había organizado algunas reuniones con los dirigentes del partido y líderes comunistas europeos. Pero no las tenía todas consigo, no sabía si, en la partida que se jugaba, ganarían los partidarios o los enemigos de la legalización.

Estos últimos, desde luego, no podían imaginar que, a finales de febrero de ese año, en concreto el domingo 27, se había celebrado una de las reuniones más secretas y sorprendentes de la transición. Un cara a cara de siete horas que tuvo lugar en el chalet de José Mario Armero y que en el Gobierno sólo conocieron los vicepresidentes Manuel Gutiérrez Mellado y Alfonso Osorio, además del presidente de las Cortes. Tanto Torcuato como Osorio expresaron al presidente los peligros del encuentro si finalmente se filtraba a la prensa; sin embargo, sus opiniones no lograron que desistiera de su intención, que era ya firme y no tenía vuelta atrás. Por su parte, el secretario general de los comunistas aceptó, sin condiciones, la entrevista. Nadie más debía conocer el encuentro, fue una de las condiciones previas. Santiago

Carrillo consideraba que la entrevista con Suárez era de máximo interés para su partido que dos semanas antes –el 11 de febrero– había presentado toda la documentación para ser legalizado y que apenas hacía una semana que Gobernación dejaba en suspenso la inscripción para transferir la resolución final a la Sala IV del Tribunal Supremo.

Aquella tarde el presidente del Gobierno, secretamente, se subió al coche de Armero para, con las cautelas y los cambios de planes de una película de espías, llegar a la casa que su amigo tenía a las afueras de Madrid –el chalet Villa Santa Ana, en la población de Pozuelo– para entrevistarse con el secretario general del PCE. Éste, con un despliegue similar, se desplazó en el automóvil de la esposa de Armero después de desembarazarse de la recelosa vigilancia de su hijo y otros compañeros del partido. En ese encuentro, de todos modos, Carrillo no logró arrancar a Suárez el compromiso de la legalización, en la que insistió una y otra vez. “Me ha quitado usted muchas horas de sueño”, parece que le dijo el presidente, aunque no dio su brazo a torcer. 

Por entonces, Santiago Carrillo era el jefe de un partido clandestino y apreciaba bien la valentía y la decisión de un presidente del Gobierno que, en medio de un clima político extremadamente incierto, arriesgaba mucho hasta el punto de aceptar verse cara a cara con él. De aquel encuentro Carrillo había salido sin ningún compromiso por parte de Suárez pero sí con dos convicciones: una, que la legalización se iba a producir y, dos, que Adolfo Suárez era hombre en cuya palabra se podía confiar. Los hechos posteriores no le desmintieron.

El líder comunista pensaba que la misma reunión era prueba de la actitud favorable de Suárez. Así lo intuía y no se equivocaba en el fondo, pero el presidente intentaba buscar ventajas y el primer envite que le lanzó fue que acudiesen a las elecciones de junio como independientes. La propuesta provocó contrariedad en Santiago Carrillo. Tablas, por tanto, aunque ambos eran conscientes de que la normalidad en unas elecciones exigía la presencia del principal partido de oposición al franquismo. Carrillo comprendía que el presidente buscara garantías previas.

Si la maquinaria política del Gobierno respecto a dar una salida al Partido Comunista no se había parado desde la entrevista del 27 de febrero con Suárez, Santiago Carrillo observaba que no se avanzaba y temía que no se atrevería, finalmente, a tan elevado riesgo. La situación de ilegalidad en la que se encontraba el Partido Comunista era incómoda, incluso para el Gobierno y la Policía, que tenía instrucciones de actuar con mayor o menor tolerancia ante actos o reuniones de partidos ilegales.

Disfrutando de esa tolerancia del poder, el PCE pudo organizar en Madrid, el 3 de marzo, una cumbre eurocomunista que se desarrolló a puerta cerrada –ésta fue la condición gubernativa– en el salón Escorial del hotel Meliá. Carrillo pudo escenificar ante los suyos que la legalización estaba próxima cuando apareció ante más de un centenar de periodistas y fotógrafos acompañado de los secretarios de los partidos italiano y francés, Enrico Berlinguer y Georges Marchais, respectivamente. Escoltado por los otros padres del eurocomunismo, Carrillo aprovechó la ocasión para mandar este guiño al Gobierno y a los ciudadanos: el PCE estaría dispuesto a admitir el mantenimiento de las bases americanas, al tiempo que criticó a las democracias populares del este por “falta de democracia real”. El encuentro finalizó con otro paso adelante: los dirigentes eurocomunistas se entrevistaron con Tierno Galván, Fernández Ordoñez y Luis Yañez.

En esta situación de clandestinidad e ilegalidad en la que se mantenía el partido, la estrategia comunista pasaba por organizar, en cuanta ocasión se les presentara, actos políticos en los que mostraba su fuerza y obligaba a la Policía a intervenir o hacer que intervenía. Carrillo había sido detenido semanas antes, en concreto el 22 de diciembre de 1976, tras su vuelta oficiosa del exilio, pero el Gobierno le mantenía en la ilegalidad, al igual que al partido. La estrategia comunista estaba bien estudiada: un partido considerado ilegal, pero con doscientos mil afiliados, el mejor organizado entonces en España, necesitaba tirar de la cuerda y es lo que venían haciendo en distintos puntos de España para demostrar su capacidad de movilización. 

Uno de los actos de fuerza que mantuvo el PCE se celebró en Gijón el 8 de marzo de 1977, justo un mes antes de su legalización. Aquella noche Carrillo fue aconsejado que abandonara el local sin terminar la cena en el restaurante Savannah. Como ocurría en actos no autorizados como éste, un numeroso contingente de antidisturbios y varios agentes de la Brigada Político-Social irrumpieron con una orden precisa: frustrar aquella reunión e impedir que el entonces secretario general del PCE, sin duda el político más incómodo de aquel tiempo, hablara a sus camaradas. Los agentes lograron en parte su objetivo. Como recuerda alguno de los asistentes a aquel interrumpido ágape político, apenas tuvieron tiempo de probar el pastel de salmón o los calamares fritos que, entre otras viandas y previo pago de trescientas pesetas, habían encargado los sufridos militantes del PCE asturiano. Estas actuaciones de la autoridad gubernativa era lo que le hacían dudar a Santiago Carrillo.

Después de servir a Suárez como intermediario discreto en esta reunión secreta del 27 de febrero y en los contactos más habituales con Teodulfo Lagunero, Armero tomó precauciones tras la llamada de La Moncloa. Ante el temor de que su teléfono pudiera estar intervenido, salió por Madrid y sin darse cuenta se plantó en la zona del Rastro, conectando con La Moncloa desde el bar Álvarez. Eran las trece horas. Desde allí salió para el domicilio de su amigo el director de cine Basilio Martín Patino para mantener, ya con más tranquilidad, una conversación con Adolfo Suárez. Pero el presidente decidió hacerlo personalmente y a mediodía, sin llamar la atención, llegó al domicilio del cineasta, donde almorzaron los tres. Suárez les explicó su plan para las próximas horas antes de regresar a La Moncloa y ultimar los detalles de la puesta en escena del acuerdo de la legalización de los comunistas.

Advertido Armero por el propio presidente de que el hecho de la legalización se había consumado, llamó a un inquieto Teodulfo Lagunero que con Carrillo se encontraban en su casa de Cannes donde se vivían momentos expectantes: “Yo nunca había visto a Santiago tan nervioso”, recuerda Lagunero. “Él es un hombre templado, tiene nervios de acero, pero aquella vez estaba impaciente, intranquilo, ansioso. No es que desconfiara, no. Él estaba convencido de que el partido se legalizaba, pero quería que fuera ya, que todo sucediera de una vez”. El mensaje de Armero fue escueto con las siete palabras justas: “Ya se ha legalizado el Partido Comunista”. Carrillo en seguida percibió el sentido de la noticia que llegaba desde Madrid. Durante décadas habían esperado una noticia así, pero sólo desde unas semanas antes, entre dudas que le asaltaban de vez en cuando, era consciente de que la legalización era posible. La emoción en la casa veraniega de Lagunero fue, en aquellos momentos, indescriptible.

Desde las catorce horas, el Ministerio de la Gobernación ya tenía preparada la resolución por la que el PCE quedaba inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas según la terminología vigente en la época. Y tanta prisa se dio Rodolfo Martín Villa en oficializar el documento de la legalización comunista, que el oficio ministerial que entraba a formar parte del expediente del caso se quedó sin firmar, lo que repararía formalmente pasados los años, siendo ministro del Interior el socialista José Barrionuevo, cuando Martín Villa firmó, por fin, un documento tan singular para la Historia de la transición.

A esas horas, la noticia política más importante y más decisiva de la historia de la Transición española era todavía un secreto, que en La Moncloa tan sólo conocen los ministros políticos y los colaboradores más cercanos al presidente, en concreto Manolo Ortiz y Aurelio Delgado. Y lo era porque el presidente Suárez necesitaba imperiosamente amarrar toda reacción y, sobre todo, controlar cada una de las palabras que pronunciara el líder comunista a partir del momento que se produjera la noticia. En una palabra, Suárez y los ministros que le acompañaron en este importante trance de la democracia necesitaba que los comunistas no exteriorizaran en exceso su legalización.

Los primeros rumores sobre la posible legalización del Partido Comunista comenzaron a circular a partir de las seis de la tarde del Sábado Santo. Informaciones oficiosas hablaban de una decisión inminente, si bien la confirmación no fue realizada por fuentes oficiales hasta las 21,45 horas, cuando las agencias Cifra y Europa Press comenzaron a distribuir la noticia entre sus abonados. La decisión cogió desprevenidos a políticos, incluso a miembros del Gobierno y de las altas instituciones del Estado, y medios informativos. A partir de esa hora los teletipos de todas las agencias comenzaron a vomitar el notición: el Ministerio de la Gobernación había dispuesto oficialmente la legalización de los comunistas, hecho que coincidía con la llegada de los principales dirigentes comunistas a la sede del partido en la calle Peligros de Madrid.

En las redacciones –bajo mínimos por la pausa vacacional– llegaron las primeras noticias sobre la legalización. En Televisión Española, el presentador del telediario, Lalo Azcona, contactó con Rafael Ansón, director general de Radiotelevisión, para que contrastara el rumor con una fuente próxima a La Moncloa. Sobre las 19,20 horas, los responsables optaron por emitir un avance informativo que adelantaba la noticia con la coletilla de que aun no estaba confirmada por Gobernación.

En Radio Nacional de España un pequeño equipo de profesionales estaba de guardia. Eran las 21,57 horas –a tres minutos de las diez de la noche– momento en el que todas las radios del país estaban a punto de conectar con la emisora estatal, cuando la noticia de la legalización del Partido Comunista era confirmada por Gobernación. De la redacción salió corriendo hacia el estudio –situado en un piso superior– el periodista Alejo García, que cuando tomó la palabra, según confesión propia, se encontró sin aire. Su voz se entrecortó en dos ocasiones: “Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista…perdón… que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscritoen el… perdón… [ráfaga musical] Hace unos momentos fuentes autorizadas… [ráfaga musical]”.

Durante casi un minuto, los oyentes apenas pudieron enterarse de nada, debido a la voz jadeante del locutor, en lo que representó uno de los documentos sonoros más destacados de la transición a la democracia. Fue una impericia de novato pero un criterio –avanzar con urgencia la noticia– de un magnífico periodista. Los oyentes que seguían el informativo se quedaron casi sin aliento tras escuchar la voz entrecortada de Alejo García que acababa de transmitir todo un bombazo informativo. Pasados unos segundos, el periodista retomó la palabra y soltó la noticia completa: “el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas”. No necesitó consultar para divulgar la noticia, ya que apenas había jefes en Prado del Rey. Además, la noticia la había facilitado el propio Gobierno. A las diez de la noche –por imperativo legal– las emisoras de España estaban conectadas con la radio oficial.

Media hora más tarde la Dirección General de Coordinación Informativa remitía a todos los medios el texto íntegro de la resolución gubernativa que legalizaba al Partido Comunista de España y que ponía fin a un proceso administrativo que se había iniciado el 11 de febrero, cuando los responsables del PCE registraron en Gobernación un acta notarial con los estatutos del partido solicitando su inscripción. En la resolución se indicaba que el fiscal del Reino, de conformidad con el parecer de la Junta de Fiscales, manifestaba “no haber encontrado base fáctica ni jurídica para el ejercicio de las acciones penales (…) resultando claro que la duda o presunción de ilicitud penal surgida por vía administrativa durante la tramitación del expediente queda desprovista de fundamento y contenido como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el registro. Es decir, la Junta de Fiscales dejaba sin efecto la suspensión administrativa acordada por el Ministerio de Gobernación de 22 de febrero. 

De esta manera tan rocambolesca, el 9 de abril de 1976 el Partido Comunista quedaba legalizado, una decisión de gran calado en una transición política llena de dificultades y recelos, que proyectaba la medida gubernamental basándose en informes jurídicos en la que fue, sin duda, la operación más arriesgada tomada por el presidente Suárez en su objetivo de conducir el país a unas elecciones libres que no fueran cuestionadas por las viejas democracias. Las tensiones que se iban a producir en cuestión de horas eran entendibles. El comunismo había sido el gran enemigo formal y simbólico del franquismo, el chivo expiatorio de todos los males y la encarnación de todos los valores que se oponían al régimen. 

¿Quién se lo esperaba? La operación de legalizar al PCE sorprendió a toda España, incluyendo a más de una docena de ministros del Gobierno que habían salido de Madrid ajenos a esta medida de gran alcance. Por su parte, Santiago Carrillo sí lo sabía pero estaba en Cannes, aconsejado por el Gobierno de permanecer fuera de Madrid por unos días; Simón Sánchez Montero, en Toledo y Marcelino Camacho, en Valencia. Nadie se esperaba la noticia, ni siquiera una decisión de tanta importancia en un día que tenía la obligación de ser políticamente gris e inhábil, metido en pleno puente, al ser el sábado más sábado del año. Pero todo estaba calculado al milímetro, incluso la hora. Se trataba de un día y una hora prodigiosamente calculados para debilitar las primeras reacciones de la derecha más ultramontana.

Con el proceso de legalización en marcha, la fecha exacta sólo la sabía Suárez. Carrillo apenas pudo argumentar que no deseaba que coincidiera con la Semana Santa por los sentimientos religiosos de muchos de sus militantes. A Suárez, sin embargo, le convenían esas jornadas para que el impacto que iba a producir se atemperase de algún modo con las vacaciones y el carácter religioso de las mismas. Lógicamente, un sábado de Semana Santa, dos millones de madrileños estaban fuera de Madrid, pero eso era lo menos importante. Por ejemplo, El Alcázar no salía hasta el lunes, es decir, la reacción de la extrema derecha tardaría unas horas más. “… Las consecuencias pueden ser trágicas para España… Se ha dinamitado el 18 de julio con esta legalización. En una palabra, se ha traicionado a España y a todos aquellos que murieron por nuestra Cruzada”. Con este dramatismo reaccionaba el órgano de los excombatientes. 

Legalizado el partido sin duda más combativo contra el franquismo, se iniciaron las negociaciones entre Armero y Lagunero para pactar una declaración del líder comunista. Lo hicieron a golpe de teléfono, ya que los separaban más de dos mil kilómetros: Santiago Carrillo desde Cannes y José Mario Armero desde Madrid. El presidente de Europa Press y hombre de confianza de Suárez le indicaba a Carrillo lo que a Suárez le gustaría que dijera. El líder comunista no puso objeción alguna a los consejos que le argumentaba su interlocutor y que entendía perfectamente. No así Teodulfo Lagunero, que escuchaba atónito algunos de los párrafos de la declaración, sobre todo la parte en la que Santiago Carrillo criticaba a Suárez acusándole de decidido anticomunista.

Cuando Carrillo colgó con Armero, Teodulfo Lagunero no pudo aguantarse y explotó: Hombre, Santiago, yo creo que eso al pueblo español no le va a gustar, es un acto de desagradecimiento…Si al jefe del Gobierno que te legaliza, tú vas y te metes con él van a decir «¿Pero este hombre quién es? ¡Pues vaya un sentido del agradecimiento que tiene!»”. La respuesta de Carrillo fue rápida: “Sí, ya lo sé, pero es que me lo ha pedido el propio Suárez y el que yo haga esta declaración está dentro del acuerdo”. El líder comunista era consciente de que si agradecía a Suárez la decisión y se deshacía en elogios hacia él, le agravaría las tensiones que ya comenzaban a llegarle. Acusándole de anticomunista le hacía un favor al interpretarse que Suárez había tomado la decisión en beneficio del país y como garantía de futuro a punto de desembocar en unas elecciones libres.

Carrillo era consciente, como nadie, de lo que estaba en juego en aquel momento y el alto riesgo que estaba corriendo Adolfo Suárez. Desde entonces siempre mantuvo la misma opinión sobre el presidente: “Fue muy valiente y se jugó la vida, nadie más hubiera apostado tanto como él lo hizo”. De casa de Teodulfo salió, por tanto, la declaración de Carrillo a los medios de comunicación, que firmó allí, de puño y letra, en Villa Cométe, Tehoule-sur-Mer, el 9 de abril de 1976 y que el líder comunista entregó como obsequio a Lagunero y que éste conserva como una reliquia con las tachaduras que se pactaron por teléfono, que rápidamente fue transmitida a sus abonados por Europa Press, agencia que a través de su presidente –aunque pocos lo sabían– había negociado las condiciones con el secretario general del PCE en nombre del presidente.

La declaración de Carrillo terminaba en estos términos: Yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones. Y que está dispuesto a enfrentar a las nuestras, las suyas. Bien, ése es el terreno en el que deben dirimirse las divergencias. Y que el pueblo, con su voto, decida”.

La cautela de las declaraciones de Carrillo fue, en estas horas, un ejemplo de mirar por la buena marcha del proceso democrático ante la inminencia de las primeras elecciones. En general, la moderación de los comunistas quedaba sellada en el pacto no escrito entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo con motivo del encuentro secreto que  mantuvieron en la casa de campo de José Mario Armero el 27 de febrero, cita de la que habían transcurrido apenas seis semanas y que culminaba, de alguna manera, con la legalización comunista en la tarde-noche del Sábado Santo.

Lo que nadie en España podía imaginar era que la declaración oficial de Santiago Carrillo no era obra suya sino producto de una negociación, palabra por palabra, con el abogado José María Amero, que al mismo tiempo consultaba y contrastaba los pasos a dar con el presidente Suárez. Tomada la decisión, fue el propio jefe de Gobierno quien pidió que se transmitiera a Carrillo que se abstuviera de elogiarle, petición también transmitida por Armero, que en estas primeras semanas de 1977 realizó excelentes contribuciones a la causa reformista.

En aquellas horas intensas se sucedieron una cadena de reacciones y contrarreacciones que entraban en la lógica política. La legalización del PCE representaba claramente una ruptura con el régimen de Franco al significar la voladura de todo lo que había sido la argumentación básica del régimen, surgido precisamente para luchar contra el comunismo. Por tanto, la legalización del PCE fue un momento crucial y el más difícil y crítico de toda la transición. 

En esas horas un tanto dramáticas en lo político, tanto el líder comunista como el presidente del Gobierno tuvieron perfectamente claro que la transición se encontraba en un delicadísimo tramo final y que se precisaba para salvar las conjuras en marcha que cada una de las dos partes cumpliera escrupulosamente su palabra y jugara con total lealtad hacia el otro. Se trataba, nada más y nada menos, que a cada movimiento de uno le sucediera una reacción del otro que fuera estrictamente la esperada o la solicitada.

Aunque para Santiago Carrillo y la cúpula comunista se imponía en aquellos momentos la moderación y saber administrar lo mejor posible la valiente decisión de Adolfo Suárez, la noticia corrió por toda España en cuestión de minutos. El júbilo de los militantes del partido fue manifiesto y ante los deseos de tirarse a la calle a festejar la legalización, la dirección del partido adoptó la sabia instrucción de recomendar a su numerosa militancia contener al máximo las demostraciones de alegría que pudieran ser consideradas como una provocación. Contención y buenas maneras, ésta fue la orden del secretariado del Partido Comunista, que se cumplió con rigor como partido perfectamente disciplinado que obedecía en este tiempo como un solo hombre las consignas de su dirección. Y, aquel día extraordinario, las bases respondieron sin excepciones y sin la menor resistencia a las órdenes impartidas por los colaboradores más próximos de Santiago Carrillo.

Teodulfo Lagunero, cerca de Carrillo en esas horas, comentaría que “Armero, de parte de Suárez, nos había dicho que si, como consecuencia de la legalización, se creaba en la calle una situación de desorden, con banderas rojas, con ‘La Internacional’, con todo, eso podía dar pretexto al Ejército para intervenir”. La reflexión que transmitía Armero era la que se sustentaba en aquellos delicados momentos por Suárez y sus colaboradores más próximos en aquel Sábado Santo. Podría parecer exagerada, pero no era irreal. Lagunero entendió las recomendaciones de Carrillo de aconsejar a los camaradas del partido que fueran prudentes, que no manifestaran de una manera desabrida o exultante su euforia porque se trataba de un proceso complicado y difícil en el que había que ir paso a paso. Se trataba de, en aquellas circunstancias, evitar provocar a la ultraderecha y, fundamentalmente, al Ejército.

En la villa de Lagunero en Cannes, mientras tanto, Santiago Carrillo preparaba las maletas después de decidir su regreso inmediato a Madrid. Le van a acompañar en el viaje tres personas: su mujer, Carmen; Teodulfo Lagunero y la mujer de éste, Rocío. Lo peor y más dramático de este episodio aún estaba por llegar. Santiago Carrillo lo intuye. Para Adolfo Suárez se trata de una absoluta certeza.

Las primeras reacciones se van produciendo. Mientras el líder comunista, Santiago Carrillo, afirmaba que la legalización era un acto de “credibilidad al proceso de marcha hacia la democracia”, el dirigente socialista Enrique Tierno Galván afirmaba que se trataba de un acierto por parte del Gobierno, lo mismo que pensaban los líderes políticos de oposición. La declaración más dura e intransigente llegó del miembro de la extrema derecha Juan García Carrés, sindicalista y miembro de la Confederación Nacional de Combatientes, quien declaró que la decisión significaba “dinamitar el 18 de julio”, además de representar “una traición a España y a todos los que murieron en nuestra Cruzada”.

Es cierto que, a pesar de todo lo que se ponía en juego, a nadie podía sorprender la legalización del PCE, sí acaso, únicamente, la rapidez de la decisión. El propio presidente del Gobierno en unas declaraciones a la revista alemana Der Speigel había dicho que encontraba aceptables los estatutos presentados ante Gobernación por los comunistas. Los medios oficiales se apresuraron a puntualizar que la entrevista de Der Spiegel se había realizado antes de conocer el resultado del Tribunal Supremo, y que Suárez no afirmó en ningún momento que el Gobierno tuviera vía libre para esta legalización. Lo que sí afirmó es que desde su criterio político encontraba “aceptables” los estatutos presentados y que “el Partido Comunista debe demostrar su actitud democrática con realidades, hechos y conducta”.

Al margen de las declaraciones del presidente, ya de por sí reveladoras, la opinión generalizada coincidía en el criterio de que el Gobierno, en el momento oportuno, procedería a legalizar a los comunistas. Pero también se barajaba la tesis de que el PCE –y los grupos maoístas situados a su izquierda– quedarían deslegalizados tan pronto como, por sus hechos, y no por sus ideologías, demostraran que obstaculizaban “la creación de un Estado fuerte y sólidamente democrático”. Por tanto, a falta de unas elecciones que debían ser limpias y democráticas para su credibilidad, al Gobierno no le quedaba otra opción que la de legalizar. No había otra salida política, aunque molestara profundamente a los sectores más inmovilistas. La declaración presidencial se anticipaba de esta manera a la medida gubernativa que el Sábado Santo legalizaba al partido de Santiago Carrillo. Desde la visión de la oposición, se tenía la idea de que los grupos que conspiraban contra el proceso reformista de Adolfo Suárez acababan de recibir la más dura derrota.

Sin duda, la legalización del principal partido contra el franquismo se trataba de un hecho “clave” del mandato presidencial de Suárez. Hombre de grandes reflejos y tranquilo a la hora de tomar decisiones de alcance difícil de calcular, la legalización del PCE fue toda obra suya. Una operación personal que contaba con el apoyo del Rey y la colaboración de no más allá de una decena de personas que permanecieron en Moncloa en aquellas horas decisivas. Era consciente del alcance y el rechazo a este objetivo desde los sectores más inmovilistas y por ello decidió asumir todas las consecuencias del proceso. Todavía, la oposición pensaba, aunque ya menos, que Suárez era una versión más del neofranquismo y, nuevamente, la oposición se equivocó. 

A esas horas, sin embargo, un ministro tomaba una decisión que iba a aumentar y crispar la tensión de los próximos días, ya demasiado alta al divulgarse la noticia en un santiamén por los cuarteles cuyos jefes militares sospechaban la inminencia de la legalización de los comunistas. Desde media tarde de este sábado tan tenso –según fuentes contrastadas– se dieron instrucciones a responsables de distintos departamentos del Alto Estado Mayor para que se incorporaran de inmediato. Parece que aquella noche se prepararon los decretos y órdenes necesarias para militarizar o movilizar las empresas esenciales de comunicación y transportes del país. Todo estuvo preparado, incluso la reincorporación a los cuarteles de 150.000 reservistas. Pero la firma del general competente nunca se produjo. Un manifiesto claramente golpista llegó a circular por la cadena de mando, que el vicepresidente Gutiérrez Mellado obligó a retirar.

España atravesaba en las primeras horas del domingo de Resurrección los momentos más difíciles y preocupantes de la transición e, incluso, la crisis más sorda desde la muerte de Franco, que se hizo más tensa cuando el lunes, 11 de abril, dos días después de la legalización del PCE, el presidente Suárez habla a través del teléfono con Gutiérrez Mellado que se encontraba en actos oficiales en Canarias. Acaba de recibir una carta del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, en la que anuncia su dimisión irrevocable. A pesar de ser un ministro que en circunstancias difíciles había demostrado comprender la necesidad de la reforma, quizá no pudo soportar la enorme indignación que produjo en la Armada la decisión de legalizar al PCE, una situación agravada probablemente por los recuerdos de la guerra civil a través de la fuerte tradición familiar en el seno de la marina española.

El presidente no comunica en ese momento al vicepresidente militar la gravedad del momento, que en los primeros momentos se pensó que podía alcanzar, por solidaridad, a los titulares del Ejército y del Aire. Es probable que Gutiérrez Mellado ya estuviera informado o conocía, al menos, la posibilidad de alguna importante dimisión en el Gobierno o en el seno de las Fuerzas Armadas. De inmediato, decidió regresar a su despacho de La Moncloa. Se trataba de la segunda crisis militar en el Gabinete Suárez desde su formación el 7 de julio de 1976.

Suárez, con los vicepresidentes Gutiérrez Mellado y Osorio, pasaron algunas horas analizando la situación, con el fin de que la salida del ministro de Marina no arrastrara una cadena de dimisiones importantes. En aquellos momentos, Pita da Veiga abandonaba la sede de su Ministerio con sus más directos colaboradores. Viejo amigo del almirante Carrero, después de sobrevivir a cuatro crisis ministeriales, el almirante Pita se despedía del Gobierno por la legalización comunista, seis meses después que su compañero de armas, el vicepresidente De Santiago, dejara paso –por sus desavenencias con la reforma sindical– a un militar clave en el proceso reformista: Manuel Gutiérrez Mellado. Los medios públicos, TVE y RNE, callaron la noticia durante veinticuatro horas, lo que explica la tensión abierta en aquellos momentos.

¿Sabía el ministro Pita da Veiga que el Gobierno iba a legalizar el Partido Comunista? Después de superada la alta tensión vivida, se supo, efectivamente, que todos los miembros del Gabinete conocían el propósito de Suárez de legalizar el PCE. Es decir, lo sabían todos los ministros, incluidos los militares. El vicepresidente Gutiérrez Mellado, además, había hablado uno a uno con los tres ministros militares en los primeros días de Semana Santa, informándoles que el presidente Suárez le había comunicado que un informe de la Junta de Fiscales podría dar el visto bueno a los estatutos del Partido Comunista y que, automáticamente, tal informe justificaría su legalización automática. Gutiérrez Mellado les informó, además, que el propio presidente estaba en La Moncloa dispuesto a aclararles las motivaciones de una decisión que se podía producir en cualquier momento.

Pero los ministros militares hicieron saber que no habían recibido la llamada del vicepresidente advirtiéndoles de la decisión. Lo más probable es que Pita, en una decisión sincera con su pensamiento político y su fidelidad a Franco y Carrero Blanco, no quisiera compartir la decisión y decidiera presentar horas después la dimisión. Tampoco se sabe con exactitud si las Fuerzas Armadas reclamaron del jefe del Ejecutivo que la decisión de legalizar el partido de Carrillo recayera bien en las Cortes o el Tribunal Supremo. Pero de las Cortes nada se podía esperar en este sentido. Y el Tribunal Supremo había declarado su inhibición, razón por la cual Suárez optó por recurrir a la Junta de Fiscales y jugárselo todo a una carta, salvando el peligroso escollo con el que se encontraba la transición. Esta vía fue aconsejada por Alfonso Osorio, al considerar que los militares podían discrepar sin duda con la decisión, pero ésta podría atemperarse si existieran informes jurídicos que avalaran la legalización. El criterio del vicepresidente fue seguido a rajatabla con la solicitud de un dictamen a la junta de Fiscales.

Conviene añadir, además, que altos mandos conocían la noticia con motivo de las visitas que les giraba con cierta asiduidad el responsable de inteligencia de la Presidencia del Gobierno, Andrés Cassinello, quien les hizo saber que el hecho de la legalización, tarde o temprano, se iba a producir. Por otra parte, el vicepresidente GutiérrezMellado cumplió la orden de Suárez de contactar con los ministros militares el día antes del sábado rojo para informarles de la inminencia de la medida. Además, como ya se ha indicado, les informó de que el presidente del Gobierno permanecería en su despacho durante todo el fin de semana dispuesto a aclararles cualquier duda.

Siguiendo con el relato de la crisis, se confirmó que Pita da Veiga había intentado en aquellas horas críticas no quedarse solo en su dimisión. No se pudo aclarar si el ministro del Aire, Franco Iribarnegaray, también presentó su dimisión que todo quedó, finalmente, en un rumor más de los muchos que en todas direcciones circularon en aquellas horas. El ministro –que se enteró de la legalización comunista en el Hotel Landa, de Burgos, donde pasaba unos días de descanso– confesó al Rey en la tarde del lunes, 11, que no existían novedades de mención en el cuerpo del Aire. En este despacho habitual de La Zarzuela –previsto desde una semana antes– el ministro ya conocía la decisión de dimitir del almirante Pita da Veiga. Sin embargo, su declaración ante el Rey en el sentido de que no existían novedades en el área militar de su competencia, dejaba claro que no entraba en sus planes presentar la dimisión.

Si dimitieron, en solidaridad con su ministro, el subsecretario de la Marina Mercante y el director general de Navegación y los procuradores en Cortes Torcuato Luca de Tena, presidente de Prensa Española, y el general retirado Alfredo Galera Paniagua. También dimitió el gobernador civil de Palencia y consejero nacional del Movimiento, José María Rabanera, al que sucedió en el cargo un aliado de Osorio, el empresario de UDE Adolfo Pajares Compostizo. Y desde la derecha conservadora se movilizaba a los procuradores que ya sintonizaban con Alianza Popular para que solicitaran un pleno de las Cortes con el objetivo de debilitar al Gobierno en una Cámara que se encontraba en trance de acelerada agonía. Se jugaba a poner al Ejecutivo contra la espada y la pared en las dos semanas, a lo sumo, que restaban para la convocatoria de las primeras elecciones libres y abiertas a los partidos políticos.

Estas fueron las dimisiones y reacciones que acompañaron la salida del Gobierno de Pita da Veiga, que justificó en la decisión de Adolfo Suárez de legalizar a los comunistas. Otras versiones circularon en aquellos momentos en el sentido de que presentaba la renuncia por oportunidad con su pensamiento, pero sobre todo por su contrariedad tras optar Suárez, en septiembre de 1976, por elevar a vicepresidente a Gutiérrez Mellado cuando el almirante consideró que había llegado la hora de su ascenso, al entender que el puesto, por antigüedad, le correspondía a él. Su enemistad con el vicepresidente era bien conocida, ya que Pita –que venía demostrando lealtad hacia la reforma– sin embargo no conectaba con su talante liberal.

Aunque la Armada prácticamente reaccionó por unanimidad en contra de la legalización comunista, la actitud en las Fuerzas Armadas sobre la posibilidad de que el Gobierno tomara esta decisión no era tan unánime. El 28 de marzo en el seno del Comité de Información de las Fuerzas Armadas en el Alto Estado Mayor, había tenido lugar una reunión considerada de segundo nivel a la que asistieron representantes de los tres ejércitos. En la nota informativa –especialmente la toma de postura sobre la legalización del PCE– se manifiesta lo siguiente:

“En el Ejército de Tierra se diferencian los siguientes grupos: a) Los que se oponen radicalmente a la legalización, con una actitud general de indignación y desánimo. En ese grupo se encuentran la mayor parte de los mandos superiores, y pertenecientes a los Estados Mayores (…) con edades superiores a los cuarenta y cinco años; b) Los que consideran la medida un mal menor; son comandantes o capitanes jóvenes y c) Los indiferentes. La mayor parte de la Escala Auxiliar, capitanes, tenientes y suboficiales”.

En este informe se destaca que mientras los ejércitos de Tierra y de Aire presentaban datos muy parecidos en cuanto a la división de opiniones, en la Armada se observaba una postura radical contra la legalización comunista.

La situación planteada en estas horas fue de altísimo riesgo, hasta el punto de que Santiago Carrillo confesó a Lagunero que en aquellos momentos la cabeza de Suárez no tenía valor alguno. Pero faltaba todavía la reacción más contundente en un contexto de mar de fondo que no era fácil de contener y en un ambiente, además, de movilización de la extrema derecha –Fuerza Nueva y sus afines– que recorrieron durante varias noches algunas calles de Madrid con banderas desplegadas en una comitiva rodante de automóviles en lo que era una manifestación de clara tendencia anticomunista y, según sus organizadores, de indeclinable inspiración patriótica.

El diario El Alcázar, órgano de la Confederación Nacional de Combatientes, dedicó parte de sus contenidos a subrayar la coincidencia en el tiempo y en el espacio de la muerte del Movimiento y la resurrección del Partido Comunista con excitaciones con titulares como éstos: ‘Carrillo, y cierra España», “Instantáneas de la legalización», «Pacto secreto del PCE sobre Ceuta y Melilla» y alusiones sobre el artículo «Así cayó la Monarquía italiana».

A pesar del ambiente propiciado desde la ultraderecha –hasta el moderado Manuel Fraga calificó desde su Galicia natal a la legalización del PCE como “un verdadero golpe de Estado”– nadie pensaba que el Ejército intentara un golpe de fuerza anticomunista, reflexión en la que se esgrimían dos razones: a) El Partido Comunista es un ente real, pero de muy limitadas perspectivas electorales; y b) El tránsito del franquismo a la democracia exige el pluralismo ideológico. La reforma no es más que la sustitución de un dogma unitario por la diversidad de opciones ideológicas. Y entre estas opciones está la marxista-revisionista, representada por el PCE, y repudiada, entre otros, por el stalinista Enrique Lister.

Existieron presiones desde sectores inmovilistas para que los titulares del Ejército y del Aire se solidarizaran con Pita da Veiga. Desde el mismo momento de la legalización, el ministro Álvarez-Arenas recibió numerosas peticiones de compañeros de armas para que dimitiera en señal de protesta por la medida gubernamental. El ministro soportó las presiones y se mantuvo en el cargo, consciente de que si dimitía Suárez contaba con varios candidatos para cubrir la vacante, en concreto los también tenientes generales José Vega Rodríguez y Antonio Ibáñez Freire, que sintonizaban con el Gobierno y el vicepresidente Gutiérrez Mellado.

En este contexto de excitación se reunió el día 14 de abril –sin la presencia, por enfermedad, del titular del Ejército Álvarez-Arenas– el Consejo Superior del Ejército, órgano en el que tomaban asiento nada menos que los capitanes generales de las once regiones militares, el presidente de la Junta de jefes de Estado Mayor, el director general de la Guardia Civil, el de la Escuela Superior del Ejército y el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, que unas semanas antes había sido liberado tras permanecer dos semanas secuestrado por el GRAPO.

El clima de la reunión fue de gran crispación, sobre todo en los militares más dispuestos a intervenir en política, que desde el primer momento hicieron saber que se consideraban engañados por Adolfo Suárez, al que no dudaron en calificar de traidor. Es posible que algunos generales aperturistas jugaran un papel decisivo en favor de la moderación de actitudes. Independientemente de sus interpretaciones, lo grave de la reunión fue su resultado: un comunicado que, a pesar de haber sido suavizado gracias a los oficios del General– jefe del Estado Mayor, José Vega Rodríguez, y del director general de la Guardia Civil, Antonio Ibáñez Freire, se difundió al país a través de los canales de coordinación informativa del Gobierno. 

En realidad, el Ejército definía la situación en tres puntos fundamentales: repulsa por la legalización del PCE; aceptación del acuerdo gubernamental como hecho consumado, por patriotismo y como acto de disciplina y, por último, reafirmación de las Fuerzas Las horas posteriores a la legalización del PCE fueron de gran tensión en la política y en los cuarteles. El líder de AP, Manuel Fraga, calificó la decisión de golpe de Estado en su objetivo de minar cualquier posibilidad electoral que surgiera del Gobierno. Fraga y Suárez que en la imagen aparecen juntos como ministros del Gobierno Arias, siguieron caminos antagónicos sobre esta decisión política. Por su parte, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga presentó su dimisión ante la reacción de condena, casi general, que surgió de la Armada. Aunque los altos mandos militares reunidos en el Cuartel General del Ejército, en Madrid, condenaron con dureza la decisión del Ejecutivo, el ministro Félix Álvarez-Arenas se mantuvo en el cargo.

Todavía existió más nerviosismo cuando el diario ultra El Alcázar publicó el acuerdo con una manipulación descarada. La respuesta no se hizo esperar y el Ministerio del Ejército divulgó el sentido literal de la nota aprobada. Definitivamente, el golpe blando o el golpe fuerte deseado por los más nostálgicos, se desarticulaba.El resultado de la reunión no podía sorprender. Al Ejército sólo le quedaba la tarea de apoyar la reforma del Gobierno, que es la del Rey, es decir, la encaminada a consolidar una nueva forma de Estado, y vigilar el cumplimiento de una Constitución a elaborar por el próximo Parlamento. No había otra opción porque la del golpe de fuerza era un auténtico disparate. Por ello, terminó imponiéndose la sensatez, aunque la reforma siguiera encontrando serias resistencias en el unitarismo inmovilista anclado en algunas estructuras del Ejército.

El día 16 –con el ministro ya recuperado– se divulga otra nota que tiene un gran valor en cuanto a conocer si la legalización se conocía o no por la cúpula militar: “es de gran interés que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejército que, en relación a la legalización del PCE, no me fue posible informarles oportunamente de las razones y justificación de dicha legalización porque el documento justificativo llegó a mi poder el viernes, día 8, por la tarde y la legalización fue oficial el sábado día 9”. Por tanto, según confesaba el ministro del Ejército, el hecho de la legalización se conocía desde el día anterior.

Pero volviendo a la reunión militar y sus consecuencias, había que asumir que la nota oficial aprobada se trataba de una advertencia durísima. Y muy concreta, además, porque invocaba todo lo que el Partido Comunista no asumía por entonces: ni la unidad, ni la bandera bicolor, ni la Monarquía. Todo eso es lo que el Ejército considera obligación indeclinable defender. Es decir, o las cosas cambiaban o el Ejército podía intervenir. Con los altos mandos militares reunidos en Madrid, el Comité Central del Partido Comunista se reunía en una situación que el propio Carrillo definió como muy crítica, al ser consciente como pocos que toda la reforma y los avances logrados podían venirse abajo. Fue en ese momento en el que Suárez recurrió de nuevo a Armero para que enviara un mensaje a Carrillo sobre la conveniencia de que aceptara todos los símbolos del Estado que el Ejército presentía que se ponían en cuestión con la legalización comunista.

Se trataba de un gran sacrificio para el Partido Comunista, pero al mismo tiempo demostraba la capacidad de liderazgo y de autoridad de Santiago Carrillo en su partido, que conocedor de lo que sucedía, asumió otra postura de responsabilidad y altura de miras. En ese sentido había que calificar el conjunto de acuerdos del Comité Central que desarmaban toda la argumentación de los enemigos de Suárez todavía instalados en el aparato del Estado. Santiago Carrillo anunciaba desde su compromiso táctico con la democracia, el de los comunistas a la bandera bicolor y a la Monarquía. Dos acuerdos de gran altura política dirigidos a cortar de tajo los intentos desestabilizadores y que sin querer colocaban al PSOE en la punta del radicalismo. Los comunistas apostaban de esta manera por la moderación, conscientes de que no debían facilitar el trabajo a sus adversarios ideológicos de volverles a las catacumbas.

Evidentemente, existió tras la legalización del Partido Comunista un complot antidemocrático contra el jefe del Gobierno. De esta forma, cuando finalizaba la Semana Santa, se iniciaban los siete días de dolor del reformismo. Por primera vez se desencadenaba una ofensiva en toda regla contra el líder de la transición. Es cierto que no existían condiciones objetivas para el golpe de Estado, pero en esta ocasión se trataba de una estrategia mucho más sibilina que, de tener éxito, podría abortar el proceso reformista. Es muy probable que los objetivos perseguidos en esta ocasión por los cerebros del complot fueran menos conocidos, aunque más ambiciosos que los ideados para el intento golpista que unos meses después se organizó con el nombre de Galaxia, una cafetería de Madrid en la que se preparó. ¿Qué se buscaba? La operación constaba de dos fases: la primera, la más radical, intentaba abrir una clara ruptura entre Adolfo Suárez y las Fuerzas Armadas dirigida a la destitución del presidente y su relevo por un dirigente de corte continuista. La segunda, consistía en vetar la presentación de Suárez a las elecciones para impedir que ocupase de nuevo la presidencia del Gobierno, además de evitar que se llevara muchos votos indecisos que podrían ir a parar al neofranquismo. Eran conscientes del potencial electoral de Suárez y querían truncar su actividad como serio candidato a primer presidente democrático del país.

Derrotado este primer objetivo inmovilista, no tardaría en serlo el segundo. Suárez aguantó, demostrando temple y administrando eficazmente los tiempos de la crisis. Estos intentos conspirativos le convertían en un símbolo de credibilidad del proceso democrático. Estos sibilinos complots pondrían en manos de Adolfo Suárez la decisión sobre las fuerzas moderadas y de centro en su incierto camino hacia las elecciones. Tampoco la parte más sensata del Ejército permitió que sus sentimientos anticomunistas fueran utilizados como plusvalía política por los beneficiarios del anterior régimen. Las Fuerzas Armadas conocían bien que no existía ningún peligro comunista, ni próximo ni lejano. Sólo las corrientes moderadas tenían a su alcance el triunfo electoral. Y lo que la izquierda denominaba poderes fácticos lo sabían. 

Esta crisis tuvo también otros objetivos desde el búnker. Andrés Cassinello y otros militares de su confianza entre los que destacaba Juan Peñaranda, habían elaborado un documentado trabajo sobre los pros y contras de la legalización del Partido Comunista. Conocían bien su estructura, sus objetivos y su estrategia eurocomunista de integrarse políticamente en la legalidad, además de haberse entrevistado con figuras relevantes de la organización. Este informe Cassinello cayó como una bomba, lanzando la cúpula más bunquerizada toda clase de descalificaciones contra el jefe de los servicios de inteligencia de la Presidencia con la exigencia de que se le sometiera a un juicio de honor para expulsarle del Ejército. No encontraron más razón en su historial militar que el haberles remitido un informe que en sus conclusiones estimaba que el PCE como partido no era tan fuerte ni tan fiero. El cerrado apoyo del presidente Suárez y del vicepresidente Gutiérrez Mellado, terminó rebajando la tensión y muy pronto los promotores descartaron su radical acción contra Cassinello.

Transcurridos las horas y los días del hecho político que pudo hacer saltar por los aires la política reformista, podía afirmarse, finalmente, que nada pasó tras la legalización comunista. Entiéndase que no se quemaron conventos, ni se desató la violencia en la calle. Tampoco se asistió a ninguna toma de poder por parte de los comunistas, ni su exaltación. Al contrario, lo que todos presenciamos fue el triunfo del sentido común y del proceso democratizador en cuanto a homologarnos a las democracias occidentales. En todo caso, cabía preguntarse por las hipotéticas consecuencias si el PCE no hubiera sido legalizado. En esas circunstancias, lo más probable es que el proceso electoral que estaba en puertas no habría logrado la necesaria credibilidad. Unas elecciones que enfrentasen a franquistas contra neofranquistas y políticos moderados de la oposición hubiese sido el hazmerreír del mundo y de los propios españoles.

Sin embargo, la mini-crisis abierta con la dimisión de Pita da Veiga se complicó por momentos, cuando los mandos optaron por hacer una piña en torno al dimitido ministro de Marina. Esta situación se vio agravada ante la imposibilidad de que se cumpliera una tradición no escrita por la que a un ministro de Marina le sucedía automáticamente el jefe del Alto Estado Mayor, en este caso el almirante Bohigas que tenía un hijo que militaba en el PCE, hecho que era muy conocido en los ambientes políticos.

Tanto Suárez como Gutiérrez Mellado comprendieron de inmediato que se enfrentaban a algo más que a un simple reajuste de una cartera ministerial. El presidente llegó a insinuar que si las dificultades se mantenían, asumiría el Ministerio hasta las elecciones, aunque este escenario no era deseable ya que proyectaría una situación de debilidad institucional. Pero el presidente no se dio por vencido, al intuir que estaba en juego nada menos que la autoridad civil del Gobierno ante una posición autónoma de la Armada. Y ante envites como éste, Adolfo Suárez se crecía, de ahí que decidiera romper el aislamiento. 

Preocupado por atemperar la crítica y los movimientos en otros frentes, el presidente encargó a Aurelio Delgado que buscara posibles candidatos al Ministerio. En ese momento, Gutiérrez Mellado le facilitó un directorio con todos los altos mandos de la Armada y con un consejo: que sondeara al almirante Pascual Pery Junquera, un contralmirante ascendido a título honorífico en el momento de su retiro. Se trataba de una misión difícil. En una primera conversación de Aurelio Delgado con el marino, tras palabras de tanteo el jefe de la Secretaría del presidente le pregunta a bocajarro: “¿Qué le parece la legalización del PCE?”. La respuesta del marino no se hizo esperar: “Lo lamento, pero era inevitable”, responde. A Lito le pareció una postura de comprensión hacia la decisión del presidente de legalizar al Partido Comunista, que entendía había respondido a un espíritu patriótico.

De inmediato pensó que era el candidato posible y le citó a una entrevista en La Moncloa, enviándole un coche que le recogiera en su domicilio del Paseo de la Habana, 13. Al presidente y a Gutiérrez Mellado –permanentemente unidos en estas horas– les informó sobre este “casi seguro” candidato a ministro. Era la mañana del 14 de abril cuando comenzó una larga conversación –en presencia de Aurelio Delgado– del vicepresidente con el almirante a quien pidió, poco después de explicarle la situación, que aceptara el Ministerio de Marina. Pery, en principio, rehusó alegando que había mejores candidatos y apelando a la tradición por la cual a un titular del departamento le sucedía automáticamente el almirante jefe del Estado Mayor, apelando, además, a sus malas relaciones con Pita da Veiga, aunque dejó patente esta voluntad: “estoy al servicio de España”. Gutiérrez Mellado insistió y le pidió que se viera con el presidente. Esta primera conversación había durado varias horas.

La entrevista del presidente con Pascual Pery fue definitiva. Tras detallarle las razones y confesarle que la decisión fue sólo suya porque no había querido comprometer a nadie, asumiendo de esta manera toda la responsabilidad, finalmente logró la aceptación del almirante retirado. Se cerraba así la crisis más grave de su Gabinete. El presidente, emocionado por el gesto, se fundió con el nuevo ministro en un abrazo de agradecimiento.

Sobre las trece horas ya se preparaba en La Moncloa el decreto de nombramiento del nuevo ministro de Marina, un almirante de la reserva que pasó inadvertido para los fabricantes de rumores. El nuevo ministro, presidente de la Compañía Trasatlántica, estaba trabajando con mucha ilusión en un proyecto de colaboración entre navieras, tratando de paliar en parte el enorme e incomprensible déficit de fletes de nuestro país. Los medios intentaron obtener de él alguna declaración antes de tomar posesión, preguntas a las que sólo contestó: “esto es un acto de servicio”. Y realmente así era si en aquellos momentos de tanta incertidumbre se preguntara por la cuestión a Adolfo Suárez y a Gutiérrez Mellado.

Nadie desde las Fuerzas Armadas y menos desde la Marina podía hacer objeción alguna al nuevo titular Pascual Pery Junquera. Con un amplio historial, su cargo civil más importante había sido el de subsecretario de la Marina Mercante. Pero su dilatada biografía presentaba un hito de gran valor. El 18 de agosto de 1947 logró evitar –con otros siete marinos– el desastre que pudo provocar un incendio tras la explosión en un almacén de minas submarinas de 200 toneladas de trilita, impidiendo en un acto de valor que explosionaran otras doscientas. Este hecho heroico, ocurrido en Cádiz, le hizo poseedor de la Medalla Naval individual. Como se escribió, Pery Junquera no era un ministrable.

Fue un recurso desesperado que aceptó por patriotismo. Poco se podía objetar desde la Armada. El nuevo ministro pertenecía a una familia de marinos. Su padre fue marino, tenía un hermano marino y tres de sus siete hijos varones también eran marinos.

La bolsa de valores reaccionó favorablemente al rápido final de la crisis. El presidente Suárez había evitado, a la hora de cubrir el hueco gubernamental, toda negociación con las personalidades solidarizadas con el dimitido jefe del departamento de Marina. El nuevo ministro ha sido arrancado a las filas de la reserva y exhibía el máximo prestigio que puede rodear a un hombre enteramente consagrado a la Armada. Tal vez sea el almirante Pery Junquera el único marino al que le haya sido concedido en tiempos de paz –que son los tiempos que se avecinan– ese distintivo al valor absoluto. El Gobierno demostraba capacidad de reacción y la reforma salía de las cuerdas. Suárez ha vuelto a recuperar la iniciativa. Al menos, de momento.

El 15 de abril, seis días después del Sábado Santo, el nuevo ministro de Marina prestaba juramento ante el Rey con asistencia del Gobierno en pleno. El acto institucional aportó una cierta distensión. El nuevo ministro había ganado unos kilos y se notó que el uniforme de almirante le apretaba un poco. De regreso a La Moncloa, se inició un Consejo de Ministros que tomó la histórica decisión de convocar elecciones para el miércoles, 15 de junio. Se trataba de una prueba que recordaba al país que el Gobierno se mantenía fiel a la palabra dada: restitución al pueblo de la soberanía.

Los beneficiarios del miedo y de la incertidumbre en la calle, sufrieron con esta decisión un serio revés. El almirante Pery Junquera en su corto mandato ministerial –que no llegó a los cien días– consiguió que el Consejo de Ministros aprobara el Plan General de la Armada que firmó el presidente Suárez y que sería la base del futuro grupo de combate. Nunca un ministro de Marina había logrado tanto en apenas tres meses de mandato.

Horas después del cierre de la crisis, la opinión generalizada coincidía en señalar que la salida del almirante Pita no provocaría más efectos de los ya conocidos. La legalización del PCE no admitía marcha atrás y quedaba descartado el golpe militar. Pero en el círculo íntimo del presidente existía la impresión de que cara al futuro más próximo –el reto de las elecciones– el margen de maniobra de Suárez sería menor, además de encontrar más dificultades en su gestión. Esta situación, con seguridad, le impediría legalizar a los partidos a la izquierda de los comunistas a los efectos de convocar unas elecciones en igualdad de oportunidades para todos.

En el ambiente quedaba, sin embargo, la impresión o el rumor de que Suárez había dejado plumas en este envite con los militares. Las horas más difíciles habían pasado. Ante una crisis de la que fue consciente en cuanto a sus imprevisibles consecuencias, actuó con prudencia y, sobre todo, como un político que no se pliega fácilmente ante las dificultades. Al contrario, acorralado, en difícil y comprometida postura, aparecía como un hombre crecido en busca de la solución adecuada. Gutiérrez Mellado, Alfonso Osorio, Landelino Lavilla y Martín Villa jugaron un papel importantísimo en aquellas horas políticamente dramáticas. 

El primer objetivo de Suárez tras cerrar la crisis se centró en evitar el riesgo de que la situación –el climax político– se deteriora, más si se tenía en cuenta que otros acontecimientos acechaban a la vuelta de la esquina: el aniversario de la II República el 14 de abril; las nuevas movilizaciones sindicales y la vuelta a España de Dolores Ibarruri, La Pasionaria. En el ambiente ganaba enteros el convencimiento de que precisamente el PCE estaba tratando de que estos acontecimientos no se salieran de madre. El riesgo de que agitadores profesionales aprovecharan la ocasión existía realmente. Se esperaba que las fuerzas democráticas echaran el freno a cualquier desenfreno. Si todo ello, finalmente, se supera sin grandes trastornos, el país, con el apoyo de la opinión pública, seguirá su marcha hasta las riberas de la democracia.

Mientras tanto, la atonía que parecía inspirar el ruedo político desde hacía unas semanas, se transformó en un dinamismo sorprendente. Se percibía que las elecciones estaban próximas y los partidos y sus dirigentes se aprestaban a introducirse en las técnicas electorales. Todos aspiraban a un puesto en el nuevo Parlamento, pero sólo trescientos cincuenta, según fijó la reforma política, podrían sentarse en el remozado hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Para los observadores políticos, el gran test sobre la credibilidad democrática del proyecto reformista acaba de culminarse positivamente. Después de innumerables peripecias, entre las que sobresalió la extraña rebelión del Tribunal Supremo, Suárez decidió coger el toro por los cuernos. Es la tercera vez en su clandestina historia que el Partido Comunista es legalizado. La arriesgada decisión del Jefe del Ejecutivo venía a confirmar su talla democrática y manifestaba su valor para acabar con una injusticia política que a pesar de las tensiones y los riesgos, contribuyó a estabilizar el proceso democrático. Un analista europeo escribía: “Es, sin ninguna duda, la más importante decisión de este joven estadista, que a los quince días de ser nombrado jefe de Gobierno sacaba de la cárcel a dos de los tres principales líderes comunistas [Sánchez Montero y Francisco Romero Marín]; a los seis meses, normalizaba la presencia de Santiago Carrillo; a los nueve meses, autorizaba una reunión comunista internacional en Madrid y que, a los diez, legaliza el partido más combativo de la clase obrera”.

El presidente abordó con detalle su decisión con motivo de su discurso a la nación del 3 de mayo, en el que anunció su concurrencia electoral. Admitiendo que en 1976, tras la reforma del Código Penal por las Cortes, no era posible la legalización del Partido Comunista, tras la reforma política y el referéndum la situación cambió porque desde entonces “la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley” que en cuanto a voluntad soberana y derechos fundamentales representaba “un punto de no retorno en la vida pública española”. Fue entonces cuando los comunistas –admitió el presidente– presentaron unos estatutos “perfectamente legales no contradichos en su conducta pública de los últimos meses”. Ante la decisión de someterse a las reglas del juego establecidas, al Gobierno le cabían tres opciones, que el presidente detalló: “El rechazo, que sería incoherente con la realidad de que el PCE existe y está organizado; la lucha contra él, que sólo se podría ejercer por la represión y, por último, aplicar la legalidad recabando la información jurídica oportuna para comprobar si encajaba o no en la ley”. Realizada la consulta a los fiscales con respuesta jurídica favorable, al Gobierno le correspondió la legalización.

Controlada en las altas instancias la situación, el conocido búnker comenzó a reaccionar. Aunque tarde, se han dado cuenta que con sutileza y buenos modales, el presidente les provocó el harakiri colectivo aquel día de noviembre en el que se votó la reforma. Ahora, los más puros del franquismo ideológico anticipan que las elecciones las va a ganar el marxismo. El Alcázar alertaba diariamente con esta tesis. En aquellos días, José Antonio Girón fue todavía más lejos al afirmar en Valladolid que España se encontraba en una situación equivalente a la de 1936. En el mitin se interrumpe a Girón con gritos pidiendo una nueva Cruzada nacional. Es la voz de una minoría fanática en trance de desaparición.

El termómetro de su relación con las Fuerzas Armadas lo midió el presidente Suárez el 4 de mayo con motivo de su presencia en la entrega de despachos de Estado Mayor, el día después de anunciar su presentación electoral y transcurridas cuatro semanas de la contestada legalización comunista desde sectores del Ejército. Los periodistas observaron que Adolfo Suárez fue acogido con cierta frialdad por los oficiales del Estado Mayor y altos mandos militares en este acto que presidió el Rey. Con presencia del vicepresidente Gutiérrez Mellado y de los tres ministros militares, se desarrolló con bastante menos calor que el habitual. Los militares congregados en la Escuela del Estado Mayor –según una norma habitual– no aplaudieron los diversos discursos pronunciados, y sólo las palabras de Don Juan Carlos fueron acogidas con aplausos por los familiares de los militares desde las tribunas del público.

En el nuevo ambiente político y en los renovados círculos políticos, sólo se habla de supuestas alianzas. Ni tan siquiera el tremendo accidente de aviación de Los Rodeos (Tenerife), corta la expectación política. La tragedia aérea provoca consternación y se habla de que, de una vez para siempre, el Gobierno tiene que taparle la boca al separatista Cubillo, que todas las noches amenizaba con sus rollos políticos celtibéricos desde Radio Argel, o llegar a romper las relaciones con el régimen de Boumedian, que de una manera grotesca y descarada da refugio y ayuda al MPAIAC.

A punto de finalizar abril, de la tensión se pasó a la distensión. Tras la tempestad –que pudo provocar grandes oleajes– vino la calma. El 28 de abril se dio otro paso adelante hacia la democratización plena de las estructuras del Estado: se legalizaron los sindicatos y, finalmente, en la tarde del 13 de mayo llegaba Dolores Ibarruri, La Pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España. Tras treinta y ocho años de exilio, pisaba territorio español tras descender por las escalerillas del avión de las líneas aéreas soviéticas Aerflot, que desde la normalización de relaciones cubría el itinerario Moscú-Madrid, con escala técnica en Luxemburgo.

Desde Gobernación se había ordenado que un vehículo «Renault-12» recogiera a Dolores Ibarruri con destino a su lugar de residencia en Madrid. El suyo fue uno de los regresos más significativos, junto a los de Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambrano o el ex presidente de la República Claudio Sánchez Albornoz. De nuevo se actuaba con discreción y sentido común en este sonado regreso de una histórica combatiente del PCE. 

Faltaban cincuenta días frenéticos para las elecciones, primeras de la Monarquía en un ambiente de gran explosión democrática. Aunque la situación había alterado muchas cosas, el Gobierno mantuvo el primer viaje oficial de los Reyes a la República Federal de Alemania, que se inició el 18 de abril. Cinco días duró el viaje y como testigo observé que el Rey daba por superados los críticos hechos sucedidos tras la legalización comunista. Se trataba de lograr el respaldo del canciller socialdemócrata Helmut Schmidt y de los partidos alemanes para la recta final del proceso de transición, una vez legalizados los comunistas.

En todo caso, los efectos de la legalización en la mayoría de las Fuerzas Armadas seguían presentes y no se cerrarían tan fácilmente. En la política nacional el momento no era relajante, ni tampoco la situación creada se encontraba del todo liquidada. Es muy probable que todos los partidos de la izquierda pusieran en práctica un clima de moderación para evitar un deterioro mayor de la situación. Había que lanzarse hacia adelante para demostrar que se iba a la normalidad política. Suárez en un Consejo de Ministros dio el visto bueno a las normas electorales y a la fecha histórica de los primeros comicios.

Cumplía así la promesa de elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. La campaña electoral quedaba abierta. La democracia estaba en puertas, a punto de comenzar.

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