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PELIGROSO PRECEDENTE

Por JUAN IGNACIO VILLARÍAS

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Mil novecientos treinta y uno, elecciones municipales, reina en España Alfonso Trece. Concurren nuevos partidos republicanos en competencia con los monárquicos de toda la vida. ¿Se permitirían partidos monárquicos más tarde, durante la República tan democrática y protectora de las libertades? No por cierto. Sigamos tras la divagación. Resultado de las elecciones: triunfo amplísimo de los concejales monárquicos sobre los republicanos, pero éstos triunfan en las grandes ciudades (no en Santander, ciudad entonces muy de derechas, quién lo diría hoy). El momento tan esperado ha llegado por fin, y los conspiradores aprovechan la oportunidad. Dan un golpe de estado que resultaría incruento, suben a los balcones de los ayuntamientos en los que han vencido según las urnas, izan la bandera tricolor y arrían la roja y gualda. Proclaman la República, el rey se achanta por las buenas y se exilia, para que no se derramase sangre española en contiendas civiles, sic. ¡Qué poco sospechaban entonces que aquella situación acabaría en una guerra civil de casi tres años, España destruida y cerca de medio millón de muertos!

   Aquella Segunda República, que tanto prometía, pronto se revelaría como un completo desastre. Aumentaron la pobreza y el paro obrero, el gobierno cerró periódicos, falsearon actas electorales en las últimas elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. En la calle, enfrentamientos a muerte, no había día en que no se produjera algún atentado, tiros, bombas, incendios, la intemerata en fin. Y a todo esto, una rebelión armada de las izquierdas cuando la derecha burguesa ganó las elecciones en el treinta y tres. Y para remate, agentes del gobierno matan con nocturnidad al portavoz de las derechas en el Parlamento. A nadie le extrañó entonces que un grupo de militares y de civiles se levantara en armas contra aquella situación insostenible.

   Y hoy todavía las izquierdas actuales se lamentan de que en el treinta y seis, hace ya ochenta años, las derechas se alzasen en armas contra la República legítima, como si los republicanos no hubieran hecho lo mismo, cinco años antes, contra aquella Monarquía más legítima todavía.  

   Si unos pueden legítimamente conquistar el poder mediante un golpe de estado, ¿por el mismo procedimiento no tienen derecho los otros a reconquistar ese mismo poder? ¿O es que los golpes de estado son buenos o dejan de serlo en función de quién los dé y contra quién?      

   Ahora acabamos de asistir a otro golpe de estado, intento fallido por el momento. Los partidos separatistas han ganado unas elecciones sin ganarlas, pero unas elecciones regionales, nada que ver con un plebiscito en regla y al efecto, y ahora pretenden dar el golpe, le han dado de hecho, para fundar una especie de república butifarrera catalana. ¿Y el gobierno nacional? A verlas venir, a todas horas declarando que eso no está bien, que por ese camino no vamos a ninguna parte, que la ruptura de España a nadie beneficia y a todos perjudica, y tal y cual. Y que el caso de todos modos, no faltaría más, está en manos de la autoridad judicial independiente, ¡qué linda manera de lavarse las manos! ¿Y el ejército? ¿Qué ejército? Por lo visto, el gobierno, si es que hay gobierno de verdad, fía la solución del problema a las togas, de ninguna manera a las espadas.

   Y es que, tal arguyen los legitimistas, y no les falta razón, las pretensiones de los ex diputados regionales separatistas no cabían dentro del ordenamiento legal, sino que se oponen frontalmente a la Constitución vigente.

   Pero es que, si retrocedemos hasta mil novecientos setenta y siete, cuando las Cortes de entonces aprobaron la Ley para la Reforma Política, veremos que aquellos procuradores en Cortes no estaban legalmente acreditados para derogar las Leyes Fundamentales del Reino y para disolverse y abrir un periodo constituyente. Aquel cambio de régimen así por las buenas, al estilo compadre como aquél que dice, no fue legal. Unos miembros de las cortes en un momento dado no pueden cambiar el orden constitucional de un estado así de un plumazo. Y sin embargo, así se hizo y se dio por bueno. Entonces nadie invocó la legalidad quebrantada, sino que basaron ese quebrantamiento brusco en un supuesto o verdadero clamor popular, sic. Y todavía se podría decir más. Las Cortes democráticas que redactaron la Constitución en el setenta y ocho no eran cortes constituyentes, es decir, no habían recibido del electorado el encargo de elaborar una nueva constitución. Y sin embargo la sacaron adelante. Ilegalmente, a poco que se ponga uno a mirarlo. Con lo cual se ha establecido un precedente en el que otros ahora, o cuando sea, bien se podrían apoyar, invocando, como en aquel caso, también un clamor popular, más o menos real, más o menos pretendido. 

   De este modo, las elecciones catalanas que ya se aproximan servirán, según los separatistas, de plebiscito, y de aquí querrán sacar una especie de referéndum encubierto, de tal manera que si ganan los partidos separatistas, éstos se considerarán autorizados a proclamar la independencia por su cuenta y por las buenas, y no pararán hasta que la consigan.

   Los políticos demócratas que se arrogan la interpretación en exclusiva del sentir popular, cuando les interesa, las leyes fundamentales o la constitución se las pasan por el forro. En cambio, cuando ya no interesa, claman que se matan contra esa ilegalidad incluso los mismos que en su día ya se saltaron otra legalidad igual que la que ahora pretenden defender por encima de todo.

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