LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES POR UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL Y EFICAZ

Por Ramón Arenas San Martín

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Uno de los pilares básicos de nuestra sociedad es el PODER JUDICIAL, con mayúsculas. Entre el legislativo, ejecutivo y judicial existe una diferencia cualitativa y cuantitativa: es el que mejor funciona y, además, con menos medios.

 

El PODER JUDICIAL encarna hoy en día uno de los órganos públicos al servicio de los ciudadanos con mayor prestigio y respeto. Además, como podemos comprobar con esta movilización, están al día y se dan cuenta de que el "que no llora, no mama", por eso reclaman una variada lista de reivindicaciones en las que reúnen peticiones estrictamente laborales y otras dirigidas al corazón de la Justicia.

 

Se tienen que dejar oír para que la ciudadanía escuche y se entere de las peticiones que formulan a los que mandan, al poder ejecutivo; pues no a otros está dirigida su movilización.

 

El PODER JUDICIAL, en toda su extensión,  representa la salvaguarda de nuestra convivencia y nos otorga la seguridad de que al frente del mismo hay verdaderos profesionales: los JUECES Y MAGISTRADOS, ayudados por los FISCALES, que a pesar de que no contenten a todo el mundo, lo cierto es que lo hacen muy bien.

 

Jaime Anta, Decano de los jueces de Santander, lo ha dicho alto y claro: «No hay voluntad política para hacer las inversiones en Justicia, pilar esencial del Estado de derecho» y estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación.

 

Esther Castanedo  de "Jueces y Juezas para la Democracia" ( antigua jueza de Laredo) ha dicho que  «No se ha avanzado nada en diez años. No hay más jueces y fiscales, no se digitaliza la Justicia...»

 

La falta de medios humanos y materiales es otro de los motivos que ha movido a  cientos de jueces y fiscales a participar en todo el país en una huelga convocada por siete asociaciones del sector judicial.

 

Su solución “es sencilla”,  los encargados de confeccionar los presupuestos (LOS POLÍTICOS) deben  tener la suficiente voluntad como para introducir las partidas económicas necesarias en cada uno de los presupuestos que aprueben, tanto autonómicos como estatales.

 

También es interesante ver cómo solicitan "la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos, así como el establecimiento de mecanismos transparentes y basados en el mérito y la capacidad para designar a los altos cargos judiciales", con lo que estoy total y absolutamente de acuerdo. Yo mismo soy funcionario de la administración de justicia, en excedencia,  y alcancé mi puesto de trabajo por oposición pura y dura.

 

Tampoco olvidemos que la Justicia en Cantabria se transfirió hace diez años y es la propia Comunidad Autónoma quien, pensando en los ciudadanos, debiera preocuparse de atender las JUSTAS REIVINDICACIONES DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS y trasladar sus peticiones al gobierno del Estado.

 

Me gustaría ver a Revilla defender en los platós estas reivindicaciones, en lugar de preocuparse por vender SUS LIBROS.

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