Sobre la derrota de Ascán en su reclamación económica sobre el nuevo puerto de Laredo: "Unos cardan la lana y otros llevan la fama"

Por Ramón Arenas San Martín

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Las fechas, los datos y lo escrito nos ayudan a discernir quién defendió los intereses cántabros frente a la empresa “Marina de Laredo”

La prensa regional “nos vende” que ha sido el “Gobierno Revilla”, con Mazón al frente, quien ha peleado por los intereses económicos de los cántabros, “al luchar partido por partida” la cantidad reclamada por Marina de Laredo.

Olvidan que cuando en 2011, el Partido Popular de Ignacio Diego llegó al Gobierno regional, se negó a aceptar el plan de reequilibrio-económico presentado por Marina de Laredo con motivo de los modificados del proyecto y los problemas de financiación de la empresa.

Hay que recordar que cuando la sociedad formada por FCC y Ascan entró en concurso de acreedores y solicitó al Gobierno una compensación económica, después de haber invertido cerca de 80 millones de euros en la construcción de la infraestructura, sobre la cual tenía derechos de explotación por un periodo de 40 años, Ignacio Diego se negó en rotundo.

También olvidan que  mientras que PRC y PSOE apostaron públicamente por una salida negociada con la empresa, la oposición reclamó al Ejecutivo que fuesen los tribunales los que tomen la palabra.   

“Hechos son amores….”y para ver quién luchó verdaderamente “partida por partida”, defendiendo los intereses de los cántabros, hay que acudir al procedimiento contencioso administrativo y constatar todos los antecedentes fácticos.

En el procedimiento “lo escrito se lee” y en él comprobamos que fue el gobierno de Ignacio Diego quien defendió desde el principio y en todo momento, con uñas y dientes, los intereses económicos de los cántabros, negándose a pagar lo que Marina de Laredo ( FCC y ASCAN) le pedía.

Quienes han cortado la cinta se llevan los méritos, pero poco o nada hicieron, ya que el mérito lo tiene quien, desde el inicio y en todo tiempo  defendieron los intereses cántabros, negándose a pagar lo que pedía la UTE constructora y concesionaria del nuevo Puerto de Laredo poniendo las bases de esta resolución judicial que da la razón al Gobierno Cántabro frente a FCC y ASCAN.

Las fechas, los datos y lo escrito nos ayudan a discernir quién defendió los intereses cántabros frente a la empresa “Marina de Laredo”, lo demás, es poesía bucólica que nos quieren vender ensalzando el papel de Mazón y, por ende, del Gobierno de Revilla, pero ésto no se corresponde con la realidad y sí quizás con los intereses electorales que se nos vienen encima.

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