Priorizar la lucha contra la corrupción

Por JOSÉ RAMÓN SAIZ

DE TODOS ES CONOCIDO que la corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Los hechos y casos de corrupción se expanden y afectan a municipios, Comunidades Autónomas, Administración del Estado y empresas. La respuesta es que todo esto no puede ir a más y para ello los partidos, los Gobiernos y la sociedad deben aliarse para detener esta enfermedad o degeneración social. Pensábamos que en España se trataba de una enfermedad en retroceso y que habíamos salido de la corrupción; sin embargo se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando -como se puede apreciar en el sumario de la "trama Gürtel"- una tupida serie de intercambios deshonestos que han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.

Mientras esto sucede y muchos casos de corrupción con pruebas judiciales aparecen en los medios de comunicación, la puntuación de España en el índice de percepción de corrupción que elabora la organización Transparencia Internacional (TI) ha retrocedido. En la presentación del último informe conocido que se elabora con datos de 163 países, la organización anticorrupción destacó que este retroceso "es preocupante" y requiere "tomar medidas" que entendemos ya inaplazables.

Cantabria con esta salida a flote de una cadena de corrupciones a nivel de la Administración central y de algunas Comunidades Autónomas, se ve afectada de manera directa al retener su escaño en el Senado Luis Bárcenas, uno de los afectados muy directamente por la corrupción de la trama Gürtel y que como tesorero del PP abrió las puertas y avaló a los corruptos. Y, claro, cuando se contacta, se negocia y se avala a corruptos ya se sabe lo que pasa. Pensamos sobre este hecho que si el señor Bárcenas no merece seguir como militante de sus partido por estar implicado en la trama, menos para representar a esta Comunidad y a ciento cincuenta mil electores cántabros que le votaron, ignorantes de sus verdaderas motivaciones -que no eran otras que el enriquecimiento ilícito- en el ejercicio de la política.

Ante esta situación, es oportuno manifestar que todos -cuando digo todos me refiero a todos los partidos- tienen por delante una labor común como es la de hacer frente y combatir la corrupción para extirparla de las instituciones, ante el daño que hace a tantos y tantos cargos públicos que cumplen fielmente con sus obligaciones. No podemos olvidar que la corrupción es un cáncer que afecta a muchos países que llega, incluso, a socavar la la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como la necesaria confianza de los ciudadanos que son, en definitiva, el soporte de las instituciones democráticas. En este sentido, es necesario denunciar y cercar todo tipo de corrupción: desde lo que representa el transfuguismo político hasta quienes toman decisiones amañadas para recibir una compensación o infringen leyes para beneficiar a terceros.

En esta lucha contra la corrupción que entendemos debe ser permanente, existen medidas al alcance de las instituciones y sus representantes para evitar los escándalos de corrupción: por citar algunas a vuela pluma, desde reforzar la independencia de los órganos de control interno de los ayuntamientos o las reformas legislativas sobre la concesión de subvenciones y la suspensión de ayudas oficiales a las administraciones que no acepten ser fiscalizadas.

Desde nuestro punto de vista, la mejor fórmula para luchar contra la corrupción pasa por el aumento de la transparencia y el control, en la profesionalización del servicio público y en la pedagogía para concienciar a la población ante un problema que contribuye a la desafección política. Además, en este escenario de crisis económica que afrontamos, sin duda fortaleceremos las instituciones democráticas y se evitarán distorsiones de la economía, si se extirpan de raíz los vicios en la gestión pública que contribuiría, sin duda, a parar el clima de deterioro de la moral social. Y esta lucha a la que llamamos pasa por generar conciencia entre la población sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra toda práctica corrupta.

No podemos andar con medias tintas. La credibilidad de las instituciones y el respeto a la política como la acción necesaria de personas que se dedican a estas funciones, pasa también por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Es posible -eso lo dirán los expertos- que debemos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos, precisamente porque la sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción. No hay otro camino para los partidos que deben dejar atrás tanta palabrería: tolerancia cero contra la corrupción y los corruptos, lucha tenaz contra el transfuguismo y denuncia permanente de todos aquellos que utilizan la política en su propio interés.

Priorizar la lucha contra la corrupción

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