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Las reformas inaplazables en Justicia para prestigiar la institución ante la ciudadanía

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado anunció en el Congreso de los Diputados una serie de reformas importantes que abordan varios aspectos de la vida judicial española. La cartera de medidas del Gobierno del PP en este campo incluye la reforma de la ley del aborto, una nueva ley del menor, la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia para evitar el derroche de recursos, la implantación de penas de prisión permanentes revisables, la negación de amnistías generales para los terroristas de ETA, la persecución de la multirreincidencia, el inicio de conversaciones para renovar el Tribunal Constitucional y el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, aspecto este que ya avanzó anteayer la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Estamos ante una oleada de reformas de muy diverso calado y entidad que deberán ser analizadas detenidamente durante las próximas semanas, a medida que vayamos conociendo con detalle las novedades que pretende introducir el Ejecutivo que preside Rajoy. De momento, merece una acogida positiva la voluntad de modificar el mecanismo de elección de los miembros del CGPJ en el sentido de dar mayor protagonismo a la esfera profesional y limitar la reproducción de dinámicas partidistas en el seno de este organismo. Ello debe redundar en una mayor independencia y credibilidad de la justicia española. Un objetivo que es aplicable también al imprescindible desbloqueo del Constitucional.

La modificación de la ley del aborto para que sea obligatorio el consentimiento de los padres en el caso de que una menor quiera interrumpir su embarazo o las penas de prisión permanentes revisables para delitos con gran alarma social son asuntos controvertidos que exigirán un amplio y sereno debate. Ruiz-Gallardón remarcó ante los diputados de la comisión de Justicia su voluntad de "buscar el máximo consenso posible". No obstante, nadie puede llamarse a engaño, puesto que son propuestas anunciadas por el PP antes de las elecciones. En cuanto al copago, habrá que saber si se trata de una medida coyuntural ante la situación de déficit o busca restringir el recurso a los tribunales.

La modernización de la justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia española. Se trata de una tarea contra la cual se han estrellado un puñado de buenas intenciones y no pocas promesas electorales. Habrá que ver si este primer impulso del ministro Ruiz-Gallardón tiene continuidad y supone también la puesta al día de una administración de justicia mejor dotada, más rápida y más eficiente.

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