Editorial Cantabria24horas.com

Una reforma financiera orientada en la buena dirección

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La segunda propuesta de reforma financiera que ofreció el Gobierno tras el Consejo de Ministros del viernes y que se esperaba definitiva causó la misma impresión que la primera: orientada en la buena dirección, seguramente necesitará ser completada más adelante, si esto es posible.

En su presentación, el ministro de Economía, Luis de Guindos, trató de transmitir confianza sobre un sector que presenta más de 184.000 millones de euros en préstamos problemáticos cuatro años después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta losa le impide financiarse con normalidad en los mercados mayoristas, por lo que se ve obligado a recurrir de manera continuada al Banco Central Europeo, que ya ha indicado la necesidad de atajar sus problemas de fondo.

En febrero, el Ministerio de Economía hizo una primera reforma financiera exigiendo a bancos y cajas provisiones por valor de 54.000 millones de euros para cubrir los riesgos más problemáticos, cifra que incluía una pequeña partida en previsión de que la situación económica empeorara. El mercado juzgó insuficiente esa cifra y estimaciones realizadas por los mejores expertos españoles cifraron en unos 100.000 millones de euros -o sea, el doble de lo que había sido requerido- la cantidad necesaria para solucionar el problema de la banca española, de modo que esta pudiera refinanciarse y dar crédito a la economía. Los 15.000 millones de euros a los que ayer se refirió el ministro de Economía sonaron por tanto muy lejos del objetivo.

Cierto es que el Gobierno ha sido valiente y se ha atrevido a introducir la figura del denominado banco malo individual para cada banco bajo la fórmula de sociedades holding que absorberán los activos tóxicos bancarios. La idea es buena, dado que, teóricamente, al sacarlos de sus balances, los bancos ya no deberían volver a provisionarlos para cubrir posibles pérdidas de valor futuras, sino que solamente deberían contabilizar como pérdida la diferencia que se produzca cuando se venda una vivienda, una promoción o un suelo concretos por un precio más bajo del contabilizado.

Eso es algo que podría descargar la operativa de los bancos, pero estos de momento deben afrontar unas nuevas provisiones de 30.000 millones de euros para hacer frente a un empeoramiento de los créditos inmobiliarios no problemáticos, con lo que su situación se vuelve a complicar.

A modo de salida, el Gobierno ofrece a los bancos que no puedan cubrir esas provisiones con los resultados de su actividad préstamos a cinco años al 10%, un tipo de interés muy superior al que paga el Tesoro a sus acreedores. Esos préstamos pueden convertirse en acciones del propio banco si este no está en condiciones de desembolsarlos. La tentación de pensar que hay una intención cuasi nacionalizadora de la banca pequeña y mediana, como ha ocurrido con Bankia, es alta.

La sociedad española está muy sensibilizada ante la perspectiva de que el Gobierno preste ayuda a la banca cuando se están recortando partidas destinadas a la sanidad y a la educación. Da la impresión de que el Gobierno ha actuado teniendo en cuenta esas posibles muestras de rechazo popular o de carácter sectorial. Si es así y no se ha terminado de aprovechar la oportunidad para poner en funcionamiento el primer motor de la economía española, es algo que habrá que ver. Su solución definitiva quizá tenga los caracteres de un extenso y complejo puzle.


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