Editorial Cantabria24horas.com

A favor y en contra de Garzón

El caso del juez Garzón está diviendo al país en dos bloques políticos, pero también la prensa internacional que se ha ocupado del tema ha expresado opiniones contrapuestas. Estos son dos editoriales; uno, a favor y, otro, en contra de Garzón.

'Financial Times': Garzón, acorralado

BALTASAR GARZÓN, el magistrado instructor español de renombre internacional, ha sido procesado bajo acusaciones que podrían terminar con su carrera. El caso tiene todos los visos de un intento, guiado por motivaciones políticas, de desacreditar e inhabilitar para el ejercicio de su profesión a un valiente funcionario público que ha luchado contra terroristas y contra escuadrones de la muerte amparados por el estado, contra la corrupción y la tiranía. No tiene ningún fundamento y da una imagen muy poco favorable del sistema judicial español, cada vez más politizado.

La acusación principal contra el señor Garzón, presentada por un grupo fascista residual, es que se extralimitó en sus poderes al investigar crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas franquistas en la Guerra Civil de 1936-1939 y en las represalias de la postguerra.

Hay pendiente un debate sobre la forma de manejar los cadáveres que existen en el armario de cada nación. Países diferentes, desde Sudáfrica hasta Chile o desde Polonia hasta Argentina, han encontrado fórmulas diferentes de acuerdo con sus circunstancias. El procedimiento español fue el de una amnesia negociada en la transición postfranquista, en virtud de la cual se olvidarían los crímenes de la Guerra Civil (y las pruebas seguirían enterradas o serían destruidas). Sin embargo, tal cosa negaba un entierro decoroso a las decenas de miles de republicanos derrotados, cuyos restos se están exhumando a centenares de fosas comunes en todo el territorio de España conforme a la polémica ley de «memoria histórica» del año 2007.

El señor Garzón llevó las cosas más allá y abrió un proceso contra los responsables franquistas, prácticamente muertos todos ellos, lo cual causó una gran indignación en la derecha, que sostiene que una cosa así contraviene la ley de amnistía de 1977. Sin embargo, no puede haber una situación legal restrictiva en los crímenes contra la humanidad. La cuestión es cómo encontrar un equilibrio entre la justicia y el juicio político. En todo caso, el señor Garzón estaba dando respuesta, como es su deber, a las peticiones de las familias de los muertos ante los tribunales; el año pasado, él mismo decidió no seguir adelante con el proceso.

El auténtico delito que ha cometido quizás sea que está persiguiendo casos de corrupción que implican a ‘barones’ regionales del derechista Partido Popular (PP) en la oposición. No obstante, a mediados de los años noventa puso al descubierto en la instancia procesal las escuadras de la muerte que, contando con el amparo del gobierno, habían cometido 27 asesinatos en un intento de destruir las estructuras de apoyo de Eta, el grupo terrorista vasco. Su iniciativa hirió de muerte al partido socialista en el gobierno (del que el señor Garzón se encontraba próximo) y contribuyó a llevar al PP al poder en 1996.

El problema de fondo en este asunto es que la política en España, desde el mismo momento en que los socialistas se vieron aupados espectacularmente al poder a raíz de los atentados contra los trenes de Madrid en el año 2004, ha adquirido un carácter destructivo entre facciones. Sin embargo, eso no es justificación para convertir en víctima a uno de los servidores públicos más eminentes de España.

 

'El magistrado instructor más conocido de España, Baltasar Garzón, va a ser ahora procesado en un caso impulsado políticamente que debería haber sido desestimado.

Al juez Garzón le imputan que hizo caso omiso de una ley de amnistía de 1977 cuando decidió investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil de los años 30 y durante el decenio de represión franquista que siguió a la misma. Las acusaciones las presentaron dos grupos de extrema drecha que temen una investigación abierta de la trayectoria de la era de Franco. Desgraciadamente, uno de los magistrados colegas del señor Garzón admitió la querella y presentó la imputación formal esta semana.

Como resultado de ello, ahora será suspendido de sus funciones hasta que se celebre el juicio. Si es condenado, podría ser inhabilitado hasta 20 años, lo que de hecho acabaría con una carrera dedicada a hacer que terroristas y dictadores rindan cuentas de sus delitos. Eso agradaría a sus enemigos políticos, pero sería una caricatura de justicia.

Los auténticos delitos en este caso son las desapariciones, no la investigación del señor Garzón. Si fueron crímenes contra la humanidad de acuerdo con el derecho internacional, como parece, la ley de amnistía de 1977 no podría exculparlos. Los presuntos autores están todos muertos, y el señor Garzón hace ya mucho tiempo que paró su investigación, que pasó a la jurisdicción de juzgados locales en las zonas donde las víctimas fueron exhumadas.

El señor Garzón es un intrépido y polémico juez que se ha granjeado muchos enemigos a lo largo de los años. Ha incoado casos contra terroristas vascos y de Al Qaeda, contra poderosos políticos españoles, contra dictadores latinoamericanos y contra matones de la mafia rusa.

Le atraen los casos destacados, como su intento de procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y a veces se pasa. Pero su objetivo constante ha sido impedir la impunidad de los poderosos y ampliar el ámbito de las leyes internacionales sobre derechos humanos.

New York Times: Una injusticia en España

EL SEÑOR GARZÓN debería poder reanudar esa tarea lo más pronto posible. España necesita conciliar honrada y sinceramente consigo misma su conflictivo pasado, en lugar de procesar a quienes tienen el valor de exigir esa reconciliación'.

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