Editorial Cantabria24horas.com

A favor y en contra de Garzón

    El caso del juez Garzón está diviendo al país en dos bloques políticos, pero también la prensa internacional que se ha ocupado del tema ha expresado opiniones contrapuestas. Estos son dos editoriales; uno, a favor y, otro, en contra de Garzón.

    "Financial Times": Garzón, acorralado

    BALTASAR GARZÓN, el magistrado instructor español de renombre internacional, ha sido procesado bajo acusaciones que podrían terminar con su carrera. El caso tiene todos los visos de un intento, guiado por motivaciones políticas, de desacreditar e inhabilitar para el ejercicio de su profesión a un valiente funcionario público que ha luchado contra terroristas y contra escuadrones de la muerte amparados por el estado, contra la corrupción y la tiranía. No tiene ningún fundamento y da una imagen muy poco favorable del sistema judicial español, cada vez más politizado.

    La acusación principal contra el señor Garzón, presentada por un grupo fascista residual, es que se extralimitó en sus poderes al investigar crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas franquistas en la Guerra Civil de 1936-1939 y en las represalias de la postguerra.

    Hay pendiente un debate sobre la forma de manejar los cadáveres que existen en el armario de cada nación. Países diferentes, desde Sudáfrica hasta Chile o desde Polonia hasta Argentina, han encontrado fórmulas diferentes de acuerdo con sus circunstancias. El procedimiento español fue el de una amnesia negociada en la transición postfranquista, en virtud de la cual se olvidarían los crímenes de la Guerra Civil (y las pruebas seguirían enterradas o serían destruidas). Sin embargo, tal cosa negaba un entierro decoroso a las decenas de miles de republicanos derrotados, cuyos restos se están exhumando a centenares de fosas comunes en todo el territorio de España conforme a la polémica ley de «memoria histórica» del año 2007.

    El señor Garzón llevó las cosas más allá y abrió un proceso contra los responsables franquistas, prácticamente muertos todos ellos, lo cual causó una gran indignación en la derecha, que sostiene que una cosa así contraviene la ley de amnistía de 1977. Sin embargo, no puede haber una situación legal restrictiva en los crímenes contra la humanidad. La cuestión es cómo encontrar un equilibrio entre la justicia y el juicio político. En todo caso, el señor Garzón estaba dando respuesta, como es su deber, a las peticiones de las familias de los muertos ante los tribunales; el año pasado, él mismo decidió no seguir adelante con el proceso.

    El auténtico delito que ha cometido quizás sea que está persiguiendo casos de corrupción que implican a ‘barones’ regionales del derechista Partido Popular (PP) en la oposición. No obstante, a mediados de los años noventa puso al descubierto en la instancia procesal las escuadras de la muerte que, contando con el amparo del gobierno, habían cometido 27 asesinatos en un intento de destruir las estructuras de apoyo de Eta, el grupo terrorista vasco. Su iniciativa hirió de muerte al partido socialista en el gobierno (del que el señor Garzón se encontraba próximo) y contribuyó a llevar al PP al poder en 1996.

    El problema de fondo en este asunto es que la política en España, desde el mismo momento en que los socialistas se vieron aupados espectacularmente al poder a raíz de los atentados contra los trenes de Madrid en el año 2004, ha adquirido un carácter destructivo entre facciones. Sin embargo, eso no es justificación para convertir en víctima a uno de los servidores públicos más eminentes de España.

'The Wall Street Journal': Una estrella que se apaga 
  

EL JUEZ ESPAÑOL Baltasar Garzón ha sido acusado formalmente la semana pasada por su investigación sobre las ejecuciones y las desapariciones de la época de la Guerra Civil. Un juez del Tribunal Supremo español le ha acusado de manipular la justicia, ir más allá de sus competencias y pasar por encima de una amnistía [dictada] en 1977 de las atrocidades relacionadas con la dictadura de Francisco Franco.

Así pues, resulta que hay límites a la jurisdicción española, al menos, en España.

El señor Garzón accedió por primera vez al estrellato judicial por dictar en 1998 la orden de detención que llevó a las autoridades del Reino Unido a colocar bajo arresto domiciliario durante más de un año al que había sido el hombre fuerte de Chile, Augusto Pinochet. El mandamiento judicial tenía su fundamento en el concepto de "jurisdicción universal", en virtud de la cual un juez de cualquier estado reclama su jurisdicción sobre un individuo de cualquier otro estado sospechoso de haber cometido determinados tipos de delitos. Los admiradores del juez consideraron que la orden de detención de Pinochet constituía la auténtica esencia de la justicia. En su momento advertimos que era la vía más rápida hacia la anarquía judicial y la discordia internacional, aparte de profundamente antidemocrática, por añadidura.

Este juez hiperactivo ha perseguido desde entonces a todo el mundo, desde Osama bin Laden a los militares argentinos, pasando por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. El año pasado abrió proceso a antiguos altos cargos del gobierno Bush bajo la acusación de "torturas". Otros colegas del señor Garzón en la judicatura española también han seguido sus pasos, con iniciativas contra altos cargos israelíes, ruandeses y chinos por delitos varios, reales o imaginarios.

Pocos de estos casos han servido para algo, salvo para un montón de planes de viaje que se han ido al garete. Ahora, por fin, la estrella de Garzón se está empezando a apagar. Jaime Alonso, uno de los abogados que ha promovido el proceso, acusa al juez de recurrir a "gimnasia judicial" para obtener "una plataforma política para su propia gloria". El Congreso español también ha intentado poner freno a los entusiasmos extraterritoriales de sus jueces por la vía de limitar sus competencias a los casos en los que exista relación con españoles y en los que el país de origen de su objeto [de investigación] no esté ya investigando.

El juez Garzón va a hacer frente a su procesamiento y, si resulta declarado culpable, a una prohibición del ejercicio profesional de hasta 20 años. Van a ser españoles, en España, de acuerdo con la legislación española, los que decidan si es legal que un juez español vuelva a reavivar la Guerra Civil española 70 años después. A nosotros eso nos parece correcto. Es de esperar que los imitadores del señor Garzón traten a otros países con el mismo respeto.

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