Editorial de Cantabria24horas.com

LA TRIQUIÃ‘UELA DE MAS NO EVITARÃ LA RESPUESTA DEL ESTADO

Artur Mas ha desvelado que esta semana firmarÃ¡ el decreto de convocatoria del referÃ©ndum independentista del 9-N. El presidente catalÃ¡n completarÃ¡ asÃ, de su puÃ±o y letra, el desafÃo a la soberanÃa del pueblo espaÃ±ol que supuso la aprobaciÃ³n de la Ley de Consultas en el Parlament el pasado viernes. Artur Mas ha optado por aguardar a que el presidente del Gobierno estÃ© fuera de EspaÃ±a para consumar su huida hacia delante. La Generalitat se ha valido de todo tipo de estratagemas para dar una apariencia de legalidad a su desafÃo y dificultar la respuesta del Estado, pero esta triquiÃ±uela elusiva resulta patÃ©tica. La ausencia fÃsica del presidente no paraliza al Gobierno. La decisiÃ³n de recurrir la Ley de Consultas, en tanto que subterfugio para abrir la puerta a la celebraciÃ³n en CataluÃ±a de un referÃ©ndum encubierto sobre la unidad del Estado, es obligada. La impugnaciÃ³n conllevarÃa la suspensiÃ³n automÃ¡tica de esta normativa. Si Artur Mas confiara de verdad en la legitimidad de esta ley no tendrÃa reparo en aguardar la sentencia del Tribunal Constitucional antes de convocar la consulta. Hace mucho tiempo que el presidente de la Generalitat dejÃ³ de comportarse con sentido institucional, asÃ que resulta vano exigirle que respete la ConstituciÃ³n. La democracia es el imperio de la ley, que en el caso de EspaÃ±a emana de la ConstituciÃ³n de 1978. Tratar de legitimarse, al margen de ella, apelando a instituciones del pasado, sujetas a marcos jurÃdicos ya caducos, es un disparate que sÃ³lo prueba la voluntad de Mas de situarse fuera de la ley.

EL MUNDO 3 Editorial

MAS NO PUEDE IMPONER UNA LEGALIDAD POR ENCIMA DE LA ESTABLECIDA

Artur Mas se dedica a la "agitprop" comarcal, ejercicio que sÃ³lo sirve para sembrar la confusiÃ³n y dar por ciertas falacias insostenibles que el nacionalismo cultiva a la perfecciÃ³n. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirÃ¡ la ley de consultas y cualquier intento de referÃ©ndum que implique la desmembraciÃ³n del territorio espaÃ±ol o que altere la convivencia en CataluÃ±a. El Ejecutivo tiene toda la potestad y la obligaciÃ³n de hacerlo, por CataluÃ±a, por el conjunto de EspaÃ±a y, lo que es mÃ¡s determinante, por un principio de legalidad democrÃ¡tica. A raÃz del caso de Escocia se ha confirmado un hecho relevante que ya adelantÃ³ tambiÃ©n Quebec, y es el fracaso de los referendos en "las democracias bien establecidas". Y EspaÃ±a es una democracia consolidada cuyos ciudadanos ejercen el "derecho a decidir" desde 1977. Mas no puede imponer una legalidad por encima de la establecida, ni forzar un referÃ©ndum que, como se ha demostrado en Escocia, no es la soluciÃ³n para dirimir un problema de competencias, ni mucho menos de identidades. Esta semana, el presidente de la Generalitat harÃ¡ algo insÃ³lito: convocar una consulta ilegal, el Gobierno la recurrirÃ¡ y oiremos desde ese momento que se han vulnerado los derechos de los catalanes. Nada mÃ¡s lejos de la verdad. No es el "derecho a decidir", es la democracia.

LA RAZÃ“N 3 Editorial

EL REPUDIO ES LA ÃšNICA OPCIÃ“N QUE LE QUEDA A MAS PARA EVITAR QUE LE SALPIQUE EL CHARCO DE PUJOL

La confesiÃ³n pÃºblica de Jordi Pujol padre sobre sus cuentas ocultas en Andorra no va a dar, ni mucho menos, para evitar que la Justicia investigue a fondo la acumulaciÃ³n de un patrimonio familiar escondido posiblemente en una red de paraÃsos fiscales, con la que el juez Pablo Ruz puede encontrarse gracias a las comisiones rogatorias enviadas a diversos paÃses. La PolicÃa, por su parte, sigue sus indagaciones y empieza a unir las piezas del rompecabezas creado durante dÃ©cadas por los Pujol. Una de ellas es una sociedad con sede en Andorra, y vinculada a otra en Israel, con la que los Pujol habrÃan movido y escondidos sus fondos. Lo que parece una ironÃa del destino es que el posible testaferro de la familia Pujol en el manejo de los fondos depositados en esa sociedad sea un exagente de la Guardia Civil, identificado en los informes policiales como "Pepe". Sin duda, todo un revÃ©s para la iconografÃa nacionalista catalana: el hombre de confianza de los Pujol era un guardia civil llamado Pepe. Entre tanto, la fractura entre los Pujol y el nacionalismo catalÃ¡n se acentÃºa a medida que se va haciendo luz sobre la trama de esta familia. El repudio es la Ãºnica opciÃ³n que le queda a Artur Mas para que le salpique el charco en el que su mentor y su familia se han metido. La comparecencia del ex Honorable Jordi Pujol en el Parlamento catalÃ¡n, el prÃ³ximo viernes, puede sembrar de inquietud a sus antiguos aduladores. Cada nueva informaciÃ³n sobre este clan de presuntos corruptos hace mÃ¡s inverosÃmil la ignorancia de quienes estaban a su alrededor. Empezando por la de Artur Mas.

ABC 4 Editorial

Escocia se desliza hacia el victimismo (LA RAZÃ“N 3 Puntazos) Los nacionalistas escoceses apuestan por el victimismo. Una vieja y manida fÃ³rmula que en EspaÃ±a se conoce muy bien y que no detendrÃ¡ el anunciado traspaso de competencias desde Londres.

Rafael, la espiral del silencio y Rahola (Carme ChacÃ³n LA VANGUARDIA 19) Sostengo que esa fatÃdica espiral de silencio a favor de la secesiÃ³n estÃ¡ desatada en Catalunya.

El descrÃ©dito de la democracia (F. JimÃ©nez Losantos EL MUNDO 2) En Escocia y el Reino Unido nadie sabe quÃ© ha votado ni por quÃ© no ha podido votar.

Los tres errores de Cameron (Javier Redondo EL MUNDO 21) No es Inglaterra la que maltrata a Escocia, al contrario. Ha sido la crisis la que ha maltratado a todos. El primer ministro conservador no contÃ³ con que los electores laboristas votarÃan contra Ã©l.

Tres noes y un sÃ (Ignacio Camacho ABC 13) El referÃ©ndum de Escocia ha sido un error que a punto ha estado de destruir Gran BretaÃ±a y la sociedad espaÃ±ola debe tomar nota de que la frivolidad polÃtica de los gobernantes sitÃºa a las nacional al borde del abismo.

El derecho a no elegir (Fernando GarcÃa de CortÃ¡zar ABC 3) No aceptar la consulta del 9 de noviembre no es una vulneraciÃ³n de la libertad, sino todo lo contrario: su mÃ¡s encomiable, valiente y difÃcil defensa, contra la intimidaciÃ³n, contra los aspavientos, contra las groseras acusaciones lanzadas en sede parlamentariaâ€¦

EL PP ACIERTA A SUSPENDER UNA LEY DEL ABORTO QUE NO TIENE CONSENSO Y SUPONE UN GRAVE RETROCESO

Todo parece indicar que el proyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros aprobÃ³ en diciembre de 2013 no serÃ¡ enviado al Parlamento. El PP ha podido constatar en estos Ãºltimos meses que el proyecto no solo concitaba el rechazo de los partidos de la oposiciÃ³n, sino que tambiÃ©n tenÃa detractores en sus propias filas. Las elecciones europeas ya motivaron una retirada estratÃ©gica del texto, con el argumento de que iban a revisarse algunos de los aspectos mÃ¡s polÃ©micos, en particular el tratamiento de las malformaciones. Aunque cabe la sospecha de que las razones de fondo sean de carÃ¡cter electoral, hay que saludar que el proyecto no siga adelante. Del mismo modo que es difÃcil pensar que GallardÃ³n lo llevara al Consejo de Ministros sin la aquiescencia de Rajoy, hay que concluir ahora que ha sido el presidente quien ha calibrado la conveniencia de rectificar. Es una decisiÃ³n acertada. Un gobernante debe atender los principios del ideario de su partido, pero no a costa de ignorar los del conjunto de los ciudadanos y no podÃa ignorar que la legislaciÃ³n vigente, la ley de plazos de 2010, pendiente aÃºn de un dictamen del Tribunal Constitucional, tiene el apoyo de mÃ¡s del 60% de la poblaciÃ³n segÃºn una encuesta de Metroscopia. La reforma que con tanto ahÃnco ha defendido GallardÃ³n era tan retrÃ³grada que de haber prosperado hubiera sido mÃ¡s restrictiva que la ley de supuestos de 1985. Cuando un proyecto legislativo carece de consenso y ademÃ¡s crea problemas donde no los hay, es mejor retirarlo.

EL PAÃS 30 Editorial

LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO, UNA ESTRATEGIA DEL PP PARA EVITAR LA FUGA DE VOTOS

Los estudios demoscÃ³picos en manos la Moncloa y GÃ©nova seÃ±alan una notable hemorragia de votos moderados si se lleva adelante el proyecto preparado por GallardÃ³n. Una pÃ©rdida de apoyos mÃ¡s importante -aseguran- que la que supondrÃ¡ renunciar a reformar la ley que aprobÃ³ en su dÃa el gobierno de JosÃ© Luis RodrÃguez Zapatero y que los populares, entonces en la oposiciÃ³n, prometieron echar para atrÃ¡s. Pero en las manifestaciones de ayer se recordÃ³ que los "partidos deben cumplir los programas electorales". Las circunstancias polÃticas causadas por la crisis econÃ³mica afectan notablemente a las expectativas electorales de los partidos centrales, PP y PSOE, cuyas bases se ven desmotivadas. Las elecciones europeas fueron un campanazo que disparÃ³ las alarmas, al punto que, de repetirse los resultados de los comicios de mayo en las elecciones municipales y autonÃ³micas del 2015 y, mÃ¡s adelante, en las generales, populares y socialistas no sumarÃan la mitad de los escaÃ±os del Congreso. El PSOE puso de inmediato en marcha la maquinaria para iniciar un proceso de renovaciÃ³n que ha supuesto la apariciÃ³n de Pedro SÃ¡nchez, un polÃtico joven y desconocido para el gran pÃºblico. El PP, por su parte, confÃa en la recuperaciÃ³n econÃ³mica para levantar el vuelo de las encuestas. En la cocina popular se diseÃ±an estrategias de futuro en otras direcciones que la de la economÃa para tratar de evitar fugas de votos. Y una de ellas ha sido la reforma del aborto, una ley que ha provocado rechazo en el sector moderado del partido y de la sociedad, desde donde se han levantado crÃticas por un proyecto que no sÃ³lo cambia la norma aprobada en el 2010 por Zapatero, sino que incluso retrocede con respecto a la de 1985, que es precisamente lo que exigen los obispos y unos activos colectivos pro vida.

LA VANGUARDIA 18 Editorial

Urge el dictamen del TC sobre el aborto (LA RAZÃ“N 3 Puntazos) Hay al menos cinco razonamientos jurÃdicos que avalaron la despenalizaciÃ³n del aborto en 1985 y que, enfrentados a la ley de Zapatero, hacen dudar de su constitucionalidad.

ESPAÃ‘A NECESITA UN SISTEMA ENERGÃ‰TICO QUE NO LASTRE LA RECUPERACIÃ“N

La propuesta que las grandes compaÃ±Ãas elÃ©ctricas han puesto sobre la mesa para reordenar una deuda acumulada de casi 30.000 millones de euros no solucionarÃa, en caso de ser aceptada por el Gobierno, el problema crÃ³nico que padece el sector. Las principales empresas energÃ©ticas plantean la creaciÃ³n de una sociedad independiente a la cual desviar los activos tÃ³xicos para eliminarlos de sus balances y superar el problema de solvencia que amenaza su viabilidad. El Gobierno ya se ha apresurado a decir que no verÃa mal la propuesta si la operaciÃ³n se hiciera sin necesidad de inyectar dinero pÃºblico. Pero en cualquier caso, el alivio financiero del que se beneficiarÃan las compaÃ±Ãas elÃ©ctricas no serÃa suficiente como para poder bajar el coste del recibo, dado que hasta que no hagan frente a la deuda histÃ³rica no podrÃ¡n hacerlo. Los gobiernos que se han sucedido en los Ãºltimos aÃ±os -incluido Ã©ste- han prometido sin Ã©xito hacer frente al endÃ©mico problema que soporta nuestra economÃa. Los particulares y las empresas espaÃ±olas pagan el precio por kilovatio mÃ¡s caro de Europa, lastrando de esta forma el consumo privado y la incipiente recuperaciÃ³n econÃ³mica, e hipotecando la competitividad empresarial. El Ministerio de EconomÃa deberÃa involucrarse y participar en la bÃºsqueda de una soluciÃ³n al problema en colaboraciÃ³n con Industria. El Gobierno tendrÃa que comprometer al principal partido de la oposiciÃ³n en un pacto de Estado por la energÃa que encontrase una salida que no perjudique la lucha contra el dÃ©ficit y sea vÃ¡lida para consumidores y empresarios.

EL MUNDO 3 Editorial

LAS MEDIDAS EFICACES DEL GOBIERNO CONTRA EL PARO

El Gobierno prepara una nueva baterÃa de medidas para luchar contra el paro intensificando la polÃtica de incentivos fiscales que tan buenos resultados estÃ¡ cosechando en materia laboral, al tiempo que impulsa el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores, cuya funciÃ³n es clave para generar riqueza y puestos de trabajo. Por un lado, el Ministerio de Empleo ampliarÃ¡ el plan de garantÃa juvenil de los veinticinco a los treinta aÃ±os de edad para que un mayor nÃºmero de jÃ³venes pueda beneficiarse de las cerca de cien medidas destinadas a facilitar su entrada y permanencia en el mercado de trabajos. El Gobierno extenderÃ¡ la tarifa plana de cincuenta euros a todos los autÃ³nomos que generen su primer empleo contratando a un menor de treinta aÃ±os, permitirÃ¡ capitalizar el cien por cien del paro en caso de establecerse como autÃ³nomo y aplicarÃ¡ a los universitarios las ventajas asociadas al contrato de formaciÃ³n. Se trata de reforzar la exitosa estrategia de incentivos puesta en marcha en los Ãºltimos meses para impulsar el emprendimiento y el empleo juvenil, cuyos logros han sido elevar de forma muy sustancial el nÃºmero de autÃ³nomos y la contrataciÃ³n de jÃ³venes. La reforma laboral del Gobierno ya demostrÃ³ su eficacia para frenar la sangrÃa del paro durante la recesiÃ³n y facilitar la creaciÃ³n de empleo ahora que la economÃa ha empezado a crecer. Estas nuevas ayudas y rebajas fiscales permitirÃ¡n acelerar la generaciÃ³n de puestos de trabajo con el objetivo Ãºltimo de reducir la elevada tasa de paro, especialmente entre los mÃ¡s jÃ³venes.

ABC 4 Editorial

Y ADEMÃSâ€¦

Podemos como sÃntoma (Esperanza Aguirre ABC 5) La apariciÃ³n de este movimiento deberÃa ser un aldabonazo en las conciencias de todos los que, de una u otra manera, nos dedicamos a la polÃtica.
TrÃas, entre el pasado y el futuro (EL PERIÃ“DICO 6 Editorial) TrÃas anuncia su disposiciÃ³n a pactar con quien sea, incluso con Ada Colau si es preciso.
Yihadistas espaÃ±oles: no hay que bajar la guardia (LA RAZÃ“N 3 Puntazos) El hecho de que mÃ¡s de medio centenar de ciudadanos espaÃ±oles estÃ©n combatiendo del lado del EI es una bomba de relojerÃa para la seguridad de nuestro paÃs.
La opciÃ³n mÃ¡s deseable para la industria (CINCO DÃAS 14 Editorial) La industria suele ser mÃ¡s generosa con la calidad y la seguridad en el empleo que cualquiera de los otros sectores.
Industria pone condiciones a Castor (EL ECONOMISTA 3 Editorial) Si se demuestra que ha habido dolo o negligencia, se pedirÃa a la empresa que devuelva la compensaciÃ³n recibida.
La hoja de ruta de TelefÃ³nica (CINCO DÃAS 14 Editorial) El acuerdo con Vivendi supone de facto la salida del grupo espaÃ±ol del capital de Telecom Italia, uno de sus grandes quebraderos de cabeza durante los Ãºltimos meses.
Aena coge velocidad de crucero (EL ECONOMISTA 3 Editorial) Aena navega con viento a favor antes de su salida a Bolsa en noviembre, cuando el Estado privatice el 49 por ciento. Es el mayor gestor europeo en volumen de pasajeros y el que mayor beneficio tiene.
El problema no estÃ¡ en los Ayuntamientos (EL ECONOMISTA 3 Editorial) El verdadero problema de dÃ©ficit y deuda reside en las CCAA y aÃºn dista mucho para que se vean visos de soluciÃ³n. Menos con un aÃ±o electoral a la vista.
Impuestos a la fuga (EL PAÃS 30 Editorial) Las compaÃ±Ãas transnacionales hacen uso de esquemas de ingenierÃa financiera para evitar el pago de impuestos: unos, de elevada sofisticaciÃ³n; otros, aprovechando simplemente las diferencias de tributaciÃ³n entre paÃses, incluso entre los de una misma zona econÃ³mica, desvÃan la declaraciÃ³n fiscal hacia paraÃsos o naciones con baja fiscalidad.
Venezuela: la tercera invasiÃ³n (Antonio NavalÃ³n EL PAÃS 10) Estados Unidos es aÃºn el principal socio comercial de Caracas, pero la presencia china crece en todos los sectores.
NiÃ±os tecnolÃ³gicos(LA VANGUARDIA 18 Editorial) El uso de las nuevas tecnologÃas en edades precoces puede favorecer la pÃ©rdida del contacto real con el entorno, ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, propiciar el aislamiento social y dificultar una evoluciÃ³n emocional equilibrada.
El caballo todavÃa cabalga (EL PERIÃ“DICO 6 Editorial) Las estadÃsticas del consumo de heroÃna indican que entre los nuevos adictos cada vez hay mÃ¡s jÃ³venes.