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EL DESAFÍO DE MAS EXIGE PROPUESTAS BASADAS EN EL DIÁLOGO (EL PAÍS)

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EL DESAFÍO DE MAS EXIGE PROPUESTAS BASADAS EN EL DIÁLOGO

El presidente de la Generalitat convocó ayer un referéndum en pro de la independencia de Cataluña. Artur Mas no convoca a especificar el vínculo de los catalanes consigo mismos y con el conjunto de los españoles, sino que invita a romperlo. La quiebra de legalidad debe allegar adecuada respuesta en el Tribunal Constitucional. Pero el Gobierno de Rajoy haría bien en superar el reto frentista y acompañar sus anunciados recursos con propuestas constructivas, basadas en el diálogo. Se plantea un problema de fondo: muchos catalanes rechazan el statu quoy quieren romper con el resto de los españoles; pero muchos más, que no quieren destrozar esos vínculos, reclaman un autogobierno más satisfactorio. La reforma federal de la Constitución, propuesta por el líder del PSOE, necesita de muchas concreciones y no está planteada solamente para resolver la cuestión catalana. Pero esa oferta socialista desmiente el alegato soberanista de que "en España no hay nadie" con quien se pueda hablar. El PP es indispensable para cualquier cambio constitucional, dadas las fuertes mayorías requeridas en las Cortes para ese fin. Y sin llegar a un objetivo tan complejo, el Gobierno todavía no ha dado respuesta a los 23 puntos planteados por Mas en su última entrevista con Rajoy. De ahí la responsabilidad en que incurriría la principal fuerza política de España si, una vez descartada la consulta convocada unilateralmente por Mas, se negara a plantear propuesta alguna ni a iniciar un diálogo estructurado. Hay que ponerse a trabajar para superar el bloqueo, siempre dentro de la estricta legalidad.

EL PAÍS 36 Editorial

SI NO SE CUMPLE LA LEY NO HAY DEMOCRACIA

La consulta convocada por Artur Mas es un acto de irresponsabilidad política que consuma el desafío del nacionalismo catalán a la Constitución. El paso es muy grave por la fractura que abre entre los propios catalanes y en su relación con el resto de españoles. Puestos a votar, lo lógico sería que lo hicieran todos los españoles, pues a todos los ciudadanos atañe lo que tratan de decidir unilateralmente los nacionalistas catalanes hurtando sus derechos al resto. Algunos argumentos aportados por Mas para justificar su proyecto rupturista son el rechazo del Gobierno a su propuesta de diálogo y la legalidad de la consulta, que atribuye al hecho de que esté amparada por el Parlamento catalán. En ningún momento el presidente de la Generalitat se ha avenido a negociar con Rajoy. Desde el primer momento impuso la celebración del referéndum ilegal como un trágala, y lo único que consintió en pactar fueron detalles insignificantes, como la fecha y la textualidad de la pregunta. La Constitución establece con claridad que ningún Parlamento autonómico tiene competencias para conculcar la soberanía nacional, que no es fraccionable y reside en todo el pueblo español. En cuanto el Constitucional tumbe la ley de consultas catalana, la pelota estará en el tejado de Mas. Si la Generalitat acata la decisión, el Gobierno hará bien en sentarse a dialogar. Existe un problema con Cataluña al que hay que dar respuesta. Lo primero es cumplir la ley y sólo después llega el momento de la política, nunca al revés. Cualquier demócrata debe saber que no hay nada más antidemocrático que incumpla las leyes quien ha de velar por ellas.

EL MUNDO 3 Editorial

EL GOBIERNO HA DE INTERVENIR ANTE EL GRAVE DESAFÍO DEL EJECUTIVO CATALÁN

La Generalitat de Cataluña ha violado la Constitución, vulnerando el principio de soberanía nacional y promoviendo una consulta separatista. La trampa está en la ley aprobada, que ordena que los poderes públicos se pronuncien en dos meses sobre la incidencia del resultado de la consulta en la actuación política. En definitiva, no es más que crear una sucesión de coartadas para justificar una posible declaración unilateral de independencia. El Gobierno y todas las instituciones estatales han de intervenir en el proceso de reacción ante este grave desafío protagonizado por el Ejecutivo catalán. Cualquier actuación pública tendente a mantener la convocatoria de la consulta debería ser perseguida por el Ministerio Fiscal como delito de prevaricación o de desobediencia o ambas cosas. La contumacia del Gobierno catalán en el proceso separatista puede llevar la respuesta legal y constitucional a límites que nadie desea, pero que, una vez en ellos, no permitirían al Estado ignorar los recursos constitucionales previstos para responder a toda aquella comunidad autónoma que actúe contra el interés nacional. No serán los nacionalistas que están queriendo romper la legalidad constitucional quienes digan al Estado lo que este puede o no puede hacer con la ley en la mano. Por tanto, cuando se pregunta qué pasará el 9-N si la Generalitat saca las urnas a la calle, la respuesta debe ser un problema para la propia Generalitat, no para el Gobierno de la Nación.

ABC 4 Editorial

MAS LLEVA HASTA EL EXTREMO UN DESAFÍO INÚTIL AL ESTADO

La convocatoria oficial de la consulta catalana no ha sido otra cosa que la confirmación política, vergonzante para muchos ciudadanos, de cómo un representante del Estado, consumaba un acto de ilegalidad tan palmario. Provoca melancolía tener que repetir la obviedad de que la sujeción a la Ley no es negociable ni puede ser objeto de consulta de cualquier tipo. Sorprende cómo el presidente de la Generalitat se ha empecinado en mantener un guión que sabía condenado de antemano al fracaso y que, en el peor de los casos, sólo puede derivar en un enfrentamiento entre los propios ciudadanos, atizado por un sector del separatismo catalán, que no tiene ningún empacho, pese a formar parte de las instituciones, en llamar a la desobediencia civil y a la imposición de su voluntad por medio de la presión callejera. Hoy mismo se requerirá el preceptivo informe del Consejo de Estado, como paso previo a la interposición del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. A partir de ese momento, la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la Generalitat quedarán suspendidos. Y con ellos, cualquier decisión tendente a ejecutarlos, continuarlos o a que surtan efectos. Artur Mas ha llegado al final de un camino en el que no cabían sorpresas, pero sí efectos muy negativos para Cataluña.

LA RAZÓN 3 Editorial

EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE DE ESCUCHAR A LA SOCIEDAD CATALANA

Democracia y respeto a la ley, esa es la ecuación que debe aplicarse en este momento difícil. Hay una realidad política y social en Cataluña que no puede ser ignorada. Y, a la vez, debe respetarse la Constitución. El cumplimiento de la ley no es una posibilidad más, entre otras. Es la única opción posible en la Europa democrática. Artur Mas ha demostrado determinación y coraje, aun a costa de elevar la tensión política. En cualquier caso, el presidente de la Generalitat ha reiterado en diversas declaraciones públicas que no figura entre sus propósitos la violación de la ley. Mas ha cumplido y ahora debemos confiar en que aplique el mismo tesón y coraje a la gestión de los próximos días y semanas. El president cuenta hoy con el respeto de una amplia mayoría social y dispone de margen político y parlamentario. La gestión inteligente de la actual coyuntura depende en buena medida del Gobierno de España, que no puede vivir encadenado a una visión seca y reglamentista del mandato constitucional. El Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a la sociedad catalana. No es una posibilidad. Es su obligación, en un momento político extremadamente delicado y con unas perspectivas de recuperación económica favorables que podrían verse negativamente afectadas por una mala gestión del problema. En una España en la que se producen situaciones delirantes, como la rebaja de impuestos en comunidades perpetuamente beneficiarias de la solidaridad interna, el Gobierno no puede ser una figura enjuta escudada en la Constitución.

LA VANGUARDIA 1, 38 Editorial

LOS PASOS DE MAS DEBEN CEÑIRSE A LA LEY

La Generalitat quiere forzar al máximo la interpretación de la legalidad para proseguir con los preparativos de una consulta que solo se podría celebrar si el Constitucional la autorizase por sorpresa o si Artur Mas, faltando a su palabra, cruzara las líneas rojas de la desobediencia o la insumisión. Está en juego la ilusión -o la decepción- de los ciudadanos que anhelan poder votar. Hasta hoy, Mas ha impulsado este proceso amparado en la demanda social, buscando acuerdos parlamentarios y ciñéndose a la ley. Sus próximos pasos y actitudes deberían ceñirse a estas premisas. Ningún gesto político o artimaña jurídica estarán justificados si inoculan tensión en la sociedad catalana; por ejemplo, poniendo a los funcionarios en la tesitura de conculcar la ley. El Gobierno de España debe actuar con cautela y sin un exceso de gesticulaciones que pueden minar la moral de los catalanes que desean seguir en España por voluntad propia, no por imposición legal. Contundencia legal, toda. Altanería, cero, y sin anteponer el interés electoral a la necesidad de reconducir el conflicto. Ahora toca la batalla legal porque los políticos, digámoslo alto, han fracasado. Pero después se deberá volver a la política de altura, sin trampas semánticas ni inmovilismos. En democracia no todo son votaciones y leyes pero ninguna posición política se puede legitimar despreciándolos.

EL PERIÓDICO 1, 12 Editorial

Otro 1714 (Francisco Marhuenda LA RAZÓN 11) Mas sigue la tradición de hacer el ridículo y buscar la ruptura de España, aunque sin éxito.

La cuenta atrás (Márius Carol LA VANGUARDIA 2) Ha empezado una cuenta atrás, simbolizada en un reloj que marca el tiempo que falta para el 9-N.

Más allá del 9-N (Enric Hernández EL PERIÓDICO 13) Mas pretende que, abundando en su doctrina, el Constitucional ejerza de rompehielos en el glaciar conflicto político entre Cataluña y el Estado, habilitando de paso una salida en el presente y umbrío callejón.

Hay que encontrar una salida (Francesc de Carreras EL PAÍS 39) El poder de Artur Mas se sostiene por sus continuas apelaciones al pueblo que se manifiesta en la calle.

Doble secuestro a los catalanes (Xavier Vidal-Folch EL PAÍS 18) Mas alegó que había seguido cuatro máximas impecables. Las retorció todas, y a fondo.

La Ley (Ignacio Camacho ABC 15) El referéndum de autodeterminación es un desafío a la soberanía de los españoles en nombre de un derecho que no existe.

Un falso mesías (Pilar Ferrer LA RAZÓN 14) Mas entra en la historia como el hombre que desafió al Estado, empobreció a Cataluña y fracturó a sus ciudadanos como ningún otro presidente.

La sombra de Pujol (José María Carrascal ABC 16) De separarse, Cataluña se convertirá, de entrada, en un paria.

Los motivos de Rajoy(José María Marco LA RAZÓN 21) Cataluña se encamina a un experimento inédito: la primera expulsión de la UE.

Y ADEMÁS…

  • Un estorbo nacional (Pedro J. Ramírez EL MUNDO 23, 24) Si a Rajoy no le convencía el proyecto de la ley de Gallardón, podría haberlo dicho en el Consejo de Ministros que lo aprobó por unanimidad.
  • Con la ciudadanía por delante (Josep Ramoneda EL PAÍS Domingo 13) El tándem Rajoy-Gallardón planteó la reforma de ley del aborto como una cruzada y ha hecho el ridículo.
  • Objetivo: una ley de la Corona (Fernando Rayón LA RAZÓN 34, 35) En sus tres meses de reinado, Felipe VI ha abordado cambios para devolver el prestigio a la Institución. Ahora trabaja para que la Monarquía española sea la más transparente de Europa.
  • El ocaso de RTVE o por qué los abogados del Estado no sirven para todo (Casimiro García-Abadillo EL MUNDO 3) El gasto de personal es de 370 millones, el mismo que antes del ERE de 4.150 empleados.

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