Editorial Cantabria24horas.com
DE GUINDOS: "ESPAÑA CRECERÁ MÁS QUE EL AÑO PASADO Y EL PARO BAJARÁ DEL 17%"
LA GENERALITAT CRITICA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE CONTROLAR SUS GASTOS
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, preguntó ayer al ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, si el Ejecutivo central tiene previsto devolver el dinero gastado en la guerra sucia, en el rescate a la banca y las autopistas radiales de Madrid, o el desembolsado para indemnizar a ACS por el proyecto Castor, entre otros. Lo hizo en una serie de mensajes en Twitter en respuesta al anuncio del Gobierno de suspender el Fondo de Liquidez Autonómica que recibe la Generalitat si no acredita semanalmente que no realiza ningún gasto relacionado con el referéndum previsto para el domingo 1 de octubre. "Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, señor ministro?", publicó Puigdemont en su cuenta de Twitter, junto a un recorte de periódico con las declaraciones de Méndez de Vigo diciendo que no se gastará ni un euro público en la consulta. El presidente catalán repitió el mismo mensaje hasta en seis ocasiones preguntando por el coste de las autopistas radiales de Madrid y el del saneamiento de la banca, por las inversiones previstas en Cataluña que no se han ejecutado "pese a estar presupuestadas" y por los impuestos generados en Cataluña que no se han reinvertido allí.
En la misma línea, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, comparó con "el certificado de buena conducta franquista" el acuerdo del Gobierno central de controlar semanalmente las cuentas del Ejecutivo catalán. "Vuelven a poner en valor lo que ocurría en la época de Franco, de pedir un certificado de buena conducta cada semana", destacó Rull, tras indicar que "si pretenden así cortar el grifo a Cataluña, al final estarán cerrando el grifo al Estado, porque es nuestro principal acreedor". El consejero de Presidencia, Jordi Turull, por su parte, acusó al Gobierno central de caer en el "absurdo" al buscar controlar las cuentas de la Generalitat "Hemos llegado a un momento en que un departamento de la Generalitat comprará un paquete de folios, y dirán: folios, atención igual sirven para hacer el recuento de votos al lado de las mesas. Por tanto, querella y suspendidos", ironizó.
Sánchez afirma que la crisis territorial "no se puede resolver con amenazas"
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reiteró ayer la necesidad de abrir un diálogo "mesurado y proporcional" con Cataluña porque, según dijo, la crisis territorial abierta "no se puede resolver con amenazas por tierra, mar y aire". Desde Palma de Mallorca, donde clausuró el congreso regional que proclamó a Francina Armengol como secretaria general de los socialistas baleares, Sánchez explicó que la propuesta de su partido para resolver el problema abierto con Cataluña pasa por ajustarse a los principios de la denominada Declaración de Barcelona: "aplicar la ley, pero también la política, para mantener una España que, reconociendo su propia identidad, reconozca también las identidades que la componen".
En esta línea, Sánchez criticó duramente la postura adoptada por el Gobierno central desde que se iniciara el conflicto catalán. "Queremos una alternativa política y social que sume y multiplique, no queremos una vía unilateral, ilegal, estrecha, proponemos una gran avenida de diálogo, negociación y pacto común", señaló el secretario general del PSOE.
En otro orden de cosas, Sánchez pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "por primera vez en su vida diga la verdad y colabore con la Justicia" en su comparecencia como testigo en el juicio sobre el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, el próximo día 26. "Le pedimos por respeto a la democracia que no se esconda, que colabore con la justicia sin reticencias y sin silencios cómplices".
PP y Ciudadanos defienden la medida
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, defendió ayer la decisión del Gobierno de controlar las cuentas públicas de la Generalitat argumentando que el fin último es "proteger a todos los catalanes de un gobierno excéntrico que les obliga a pagar excentricidades" y que "está poniendo las instituciones de todos los catalanes al servicio de su obsesión y de su fanatismo independentista". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, se mostró convencido de que "sería un error gravísimo negociar nada con la Generalitat con una amenaza independentista encima de la mesa".
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó su deseo de que "el actual proceso de insumisión en Cataluña muera en unas elecciones autonómicas" ya que considera que "está más que agotado". En su opinión, "ahora se debe cumplir la ley, y en el futuro tener gobiernos que unan a la gente, en vez de gobiernos que se gasten la pasta y nos dividan". La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en la misma línea, señaló que el FLA "llegará para pagar la sanidad, la educación y los servicios básicos" pero "no para pagar ilegalidades ni las fiestas de los partidos independentistas".
En este contexto, En Comú Podem anunció ayer que solicitará a través de la Diputación Permanente de las Cortes la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique "el nuevo mecanismo de control sobre el presupuesto catalán que busca descartar la financiación del referéndum". El grupo ve "la intervención financiera de la Generalitat como una agresión intolerable al autogobierno de Cataluña".
El Gobierno rastreará las cuentas catalanas de forma retroactiva.
Según informa EL PAÍS en su portada, el examen a las cuentas catalanas con que el Gobierno quiere evitar que se dedique dinero público a la celebración del referéndum independentista también será retroactivo. Además de una certificación semanal de que no se financia la consulta, la Interventora de la Generalitat tendrá que hacer una auditoría del periodo entre el 1 de enero y el 16 de julio pasados. El informe adicional tiene que estar en el Ministerio de Hacienda este 9 de agosto.
EL MUNDO destaca, por su parte, que el texto del acuerdo adoptado el viernes por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos obliga a la interventora general de la Generalitat de Cataluña a remitir, a más tardar el próximo miércoles, día 26, el listado de todos los órganos y entidades que conforman el sector público de la comunidad, así como los nombres de los máximos responsables de los mismos, de los interventores delegados, de los responsables económicos y financieros en el caso de que no exista interventor, del director general de Presupuestos y del director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Por otra parte, EL PAÍS asegura que el proceso independentista impulsado por la Generalitat "está poniendo en jaque la recuperación de la economía española". Según el barómetro que Deloitte elabora para el diario, en el que han participado directivos de 265 grandes empresas, un 74% considera que el secesionismo está dañando gravemente la economía. En Cataluña, la cifra es del 43%. El sector turístico es el más crítico. La patronal catalana ha mostrado ya su inquietud ante la creciente radicalización del proceso.
EL PAÍS 1,15/EL MUNDO 1,8-10/ABC 2, 18,19/LA RAZÓN 14-16/LA VANGUARDIA 1,14-18/EL PERIÓDICO 6
DE GUINDOS: "ESPAÑA CRECERÁ MÁS QUE EL AÑO PASADO Y EL PARO BAJARÁ DEL 17%"
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura en una entrevista concedida a ABC que la buena marcha de la economía española está superando las previsiones del Ejecutivo. "Es muy, muy difícil que no se cumpla la previsión actual de crecimiento del 3% estimada por el Gobierno, e incluso es perfectamente factible que se supere el 3,2% de 2016. Y el paro, a final de año estaremos por debajo del 17%", señala. De Guindos, que avanza una "caída histórica" de las cifras de paro en el segundo trimestre del año, espera que con este ritmo de creación de empleo se pueda cumplir el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados a finales de 2019.
Entre las tareas pendientes, además de la lucha contra el desempleo, el responsable de la política económica del Gobierno señala la contención del déficit público, aunque también destaca que "lleva tres años estabilizada o en ligera caída". En cuanto a las pensiones, asegura que el actual sistema "está garantizado siempre que haya crecimiento económico y creación de empleo". Además, garantiza que los jubilados seguirán viendo subir sus pensiones un 0,25% todos los años. El ministro también espera que los trabajadores vean subir sus sueldos: "La situación de la economía española ha mejorado y se tiene que ir produciendo una normalización de los salarios".
El responsable de la política económica del Gobierno recuerda que "hace cinco años el PIB caía casi un 3%, teníamos una destrucción de empleo muy intensa, la prima de riesgo rondaba los 650 puntos básicos, estábamos en plena negociación de las condiciones del rescate bancario". Según De Guindos, España puede presumir hoy del saneamiento de su sistema financiero. En este sentido defiende la solución dada a los accionistas del Banco Popular -"No se ha inyectado ni un euro de dinero público ni ha habido el más mínimo contagio ni al resto del sector ni a la prima de riesgo"-, y avanza que el Gobierno estudia la venta de otro 7% de Bankia después del verano.
"La independencia empobrecería a Cataluña y duplicaría su paro"
Preguntado por el desafío soberanista catalán, De Guindos reitera la versión gubernamental de que el referéndum independentista no se celebrará. "La secesión no solo es ilegal sino, además, totalmente irracional", afirma el ministro de Economía, que esgrime un informe realizado por su departamento que apunta que la independencia supondría "un empobrecimiento de entre el 25 y el 30% para Cataluña y su paro se duplicaría". Insiste en que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, por lo que además de salir del euro se aplicarían aranceles a sus exportaciones, lo que tendría consecuencias muy negativas en su economía. "Espero que la racionalidad se imponga", señala el ministro, que asegura que el Gobierno velará para que prevalezcan los intereses de los ciudadanos catalanes.
ABC 1, 38-41
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