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EL GOBIERNO NO HA TOMADO "NINGUNA DECISIÓN" SOBRE EL VALLE DE LOS CAÍDOS

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CONCLUYE LA OPERACIÓN DE ACOGIDA DE LOS INMIGRANTES DEL AQUARIUS

Tras ocho días de navegación, los tres barcos que trasladaban a los 630 migrantes rescatados por el buque Aquarius en el Mediterráneo central llegaron ayer a Valencia, donde se procedió a un desembarco que duró desde las siete de la mañana a las cinco de la tarde. El primer barco en arribar fue el Dattilo, con 274 personas a bordo, seguido del Aquarius, que trasladaba a 106 migrantes, entre ellos los considerados más vulnerables. El Orione de la Marina Militar italiana, con 250 personas a bordo, fue el último barco en atracar. Las más de 2.300 personas que formaban el equipo de recepción procedieron durante diez horas a las labores de asistencia, identificación y traslado, operación que se produjo sin incidentes.

Según fuentes de la Cruz Roja un total 317 personas recibieron asistencia sanitaria y 200 de ellas precisaron atención médica especializada. De ellas, 144 fueron desviadas a centros hospitalarios, aunque solo 5 ó 6 quedaron ingresadas. Los inmigrantes cuentan ahora con un permiso extraordinario de 45 días de estancia en España para regularizar su situación y con la promesa realizada por Francia de acoger a quienes quieran ir a ese país. Los 630 extranjeros proceden de 31 países, la mayoría africanos, de Sudán, Argelia, Eritrea y Nigeria, y una representación minoritaria de países asiáticos, como Afganistán y Pakistán. Según destaca ABC, de los 157 pasajeros que completaron los trámites de acogida ayer, 87 pidieron refugio en España y 70 en Francia, acogiéndose a la oferta de Macron

El Gobierno agradece la labor de los voluntarios

A lo largo del día, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, visitaron el puesto de mando avanzado ubicado en el puerto de Valencia. El titular de Fomento elogió en las redes sociales la labor de los servicios de emergencias y agradeció la labor de médicos, voluntarios, fuerzas de seguridad, ONG y todos los equipos que participaron en las labores de acogida. Según Reyes Maroto, ministra de Industria, lo fundamental ahora es determinar de manera individualizada la situación legal de cada uno de los migrantes. "Lo más importante ahora es acogerles y sobre todo saber en la situación en la que están. En cuanto a la ilegalidad o no, se les derivará allí donde establezca la ley".

En cuanto a las reacciones políticas de la oposición, la portavoz del PP Andrea Levy subrayó ayer que "por encima de la solidad de los españoles, están los hechos". "El problema migratorio no se va a solucionar sólo con gestos humanitarios sino que debe solucionarse con una política compartida por toda la Unión Europea y, desde luego, con cooperación con los países de origen", señaló la dirigente popular.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas indicó que la acogida del Aquarius era una cuestión humanitaria, pero le piden al Ejecutivo que aclare cuáles serán sus pasos en política migratoria. "Tenemos a centenares de personas que no sólo van a llegar en el Aquarius sino que van a llegar a nuestras costas cada día y, por lo tanto, necesitamos una política seria, de consenso, y queremos que el Gobierno nos lo explique", indicó.

Desde su cuenta de Twitter, Íñigo Errejón señaló que mientras la xenofobia y la barbarie se extienden por Europa, "vivir en un país que mantiene firme su compromiso con la vida es el mayor motivo de orgullo".

EL PAÍS destaca hoy que la acogida de los refugiados del Aquarius "ha realzado el perfil europeo de Sánchez". El éxito de la moción de censura, la formación del Gobierno con más mujeres de Europa y, sobre todo, su gestión de la crisis del Aquarius, dice el diario, "han hecho girar el foco hacia él como protagonista de una posición diferente en un tema central: la inmigración". EL MUNDO, por su parte, cree que hubo cierta "exhibición" en la acogida de los inmigrantes del Aquarius: "Gobierno, Generalitat y ONG movilizan a 2.300 personas para recibir en Valencia a los 630 pasajeros del barco mientras la tragedia sigue en el Mediterráneo", señala en su portada.

Avalancha de pateras en las costas andaluzas

Desde el sábado por la noche la Guardia Civil mantiene activa la búsqueda de 43 inmigrantes desaparecidos que viajaban en una embarcación hundida en el mar de Alborán. Así lo relataron los cuatro únicos supervivientes que pudieron ser rescatados después de que el buque Ariadne alertara de la presencia de varias personas en el agua. Indicaron que viajaban junto con otros 47 compatriotas en una patera, de la que aún no se ha hallado rastro alguno. La misma escena volvió a repetirse ayer. Salvamento Marítimo rescató a más de un centenar de personas de dos pateras que habían sido localizadas en el mar de Alborán. La primera embarcación se localizó al mediodía con 57 personas a bordo, entre ellas cuatro mujeres. Horas después otra patera con 56 personas era interceptada en la misma zona.

Según resaltan todos los diarios, sólo este fin de semana las costas andaluzas han recibido la llegada de al menos 1.138 inmigrantes, una avalancha de tal dimensión que ha desbordado tanto las dependencias policiales como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y que ha obligado a improvisar albergues en pabellones deportivos de localidades como Cádiz, Jerez y Tarifa. En Almería, según se destaca, un centenar de inmigrantes tuvieron que ser desalojados de los centro de acogida donde residían para dejar sitio a los que iban llegando.

EL PAÍS 1,15-17/EL MUNDO 1, 4,5/ABC 1,16-22,30-32/LA RAZÓN 1,14-14/LA VANGUARDIA 1, 13,14/EL PERIÓDICO 1,4/CINCO DÍAS 2/EL ECONOMISTA 1, 28,29/20 MINUTOS 1,4

EL GOBIERNO NO HA TOMADO "NINGUNA DECISIÓN" SOBRE EL VALLE DE LOS CAÍDOS

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró ayer que el Gobierno no ha tomado "ninguna decisión" aún sobre la retirada de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "A nivel de Gobierno no hay toma de ninguna decisión", insistió ayer en declaraciones a los medios en Soto del Real (Madrid), al ser preguntada sobre la posible reforma de la Ley de Memoria Histórica. La ministra recordó que los socialistas han estado trabajando en ello y supone que la retirada de los restos "se determinará en función de la oportunidad, o no, de que eso se pueda llevar a cabo". "Como socialistas hemos defendido que sea así, supongo que se retirarán", añadió.

El PP acusa al PSOE de volver a la "confrontación" y Ciudadanos pide "consenso"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, por su parte, acusó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de volver a intentar hacer "sociedades bipolares" y a la "confrontación" de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse que el PSOE quiere modificar la Ley de Memoria Histórica. Levy afirmó que el PSOE "siempre que gobierna" busca dar "esas batallas culturales" que "más allá de intentar provocar el enfrentamiento no aportan nada". En esta línea, pidió al Ejecutivo que "no sea un Gobierno de fotos, de gestos" y que continúe "con lo bueno hecho por el PP" en materia económica y de generación de empleo.

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó, por el contrario, que su formación está "abierta a sentarse" con el Gobierno del PSOE para "consensuar una solución" sobre el Valle de los Caídos, ya que "hay que pasar de una etapa de confrontación a una de reconciliación". "Estamos abiertos al diálogo y a encontrar una solución, porque nos parece necesario. Pero que Pedro Sánchez lo explique. Lo malo es que Sánchez lleva dos semanas escondido de los micrófonos y tenemos muchas preguntas", añadió Arrimadas, tras subrayar que su partido ya se había posicionado al respecto "en su día" en el Congreso.

LA RAZÓN destaca hoy en su portada que, llegado el caso, "la Iglesia autorizará que el Gobierno exhume a Franco". El cardenal Osoro, que es la autoridad competente, colaborará en el proceso, añade el diario.

EL PAÍS 197EL MUNDO 1,10/ABC 21/LA RAZÓN 1, 16,17/EL PERIÓDICO 21

ÁBALOS: LAS AUTOPISTAS QUEDARÁN LIBRES DE PEAJE AL ACABAR SU CONCESIÓN

El Gobierno quitará el peaje de las autopistas cuando concluyan las concesiones, según anuncia el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista que hoy publica EL PAÍS. Según el ministro, "vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje". El primer tramo afectado por la decisión, informa el diario, será el de la AP-1 que une Burgos y Armiñón (Álava), que vence este 30 de noviembre. A finales del próximo año concluye la de la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. En total, las tres suman más de 550 kilómetros. La medida crea además un precedente para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, y para dos tramos de la AP-7 en Cataluña que expiran en 2021, aunque la decisión corresponderá al Gobierno que esté en la próxima legislatura.

El ministro de Fomento afirma, además, que auditará los costes y los plazos para sacar de nuevo a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado, cuya licitación estaba prevista para la segunda mitad de este año. "Cuestión aparte", dice Ábalos, "es ver si finalmente hay licitadores interesados en pujar por esas vías, porque les recuerdo que han pasado a manos del Estado debido a que nadie las quiso". Sobre las inversiones millonarias pendientes en carreteras y ferrocarriles, Ábalos sostiene que la intención del Gobierno es "no paralizar ni demorar nada". Finalmente, sobre la crisis en Cataluña, el dirigente del PSOE asegura que el Ejecutivo "escuchará todas las propuestas si no contravienen el marco constitucional". Y admite que el Estado es asimétrico. "No puede haber ciudadanos de primera ni de segunda en función de los territorios. Pero hay hechos singulares que reconoce la propia Constitución".

Según LA RAZÓN, si el Gobierno suprime los peajes que vencen en noviembre tendrá que asumir un coste de 2.700 millones de euros, por los costes de mantenimiento y los impuestos que dejaría de ingresar.

EL PAÍS 1, 40,41/LA RAZÓN 31

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