Editorial Cantabria24horas.com
LA BANCA, EXENTA DE TRIBUTAR POR LAS HIPOTECAS DEL ESTADO, LA IGLESIA O LOS PARTIDOS
EL PP PROPONE COMO PRESIDENTE DEL CGPJ AL RESPONSABLE DEL JUICIO AL "PROCÉS"
El Partido Popular ha propuesto al actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ponente principal de la sentencia del procés, Manuel Marchena, como candidato a presidir el CGPJ, en el curso de las negociaciones que lleva a cabo con el PSOE para renovar en breve la cúpula del poder judicial. Los socialistas no han aceptado esta propuesta del PP y plantean la posibilidad de que el puesto lo ocupe una mujer, como la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. La negociación, según destacan varios diarios, depende en este momento solo de pactar el nombre del presidente, que es clave porque en el reparto acordado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Rafael Catalá, se ha llegado a un acuerdo sobre 20 candidatos, diez por cada parte. El presidente, por lo tanto, que hace el número 21 del Consejo, desempataría, y además tiene voto de calidad. Ciudadanos, según se recuerda, ha decidido no entrar en la negociación, ya que rechaza esta fórmula de elección de vocales mediante acuerdo entre partidos y plantea que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial. Podemos, en principio, ha decidido apoyar a los candidatos elegidos por PSOE. La elección de Marchena, añaden los diarios, sería vista como un mensaje negativo por los independentistas catalanes, que lo consideran el ideólogo del juicio del procés. Si fuera elegido sería nombrado automáticamente presidente del Tribunal Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el 4 de diciembre, y dejaría de presidir la Sala de lo Penal y, por tanto, de dirigir el juicio contra los soberanistas.
Según destaca ABC, por otra parte, el magistrado José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de Gürtel que propició la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intenta in extremis hacerse un hueco entre los vocales que aspiran a formar parte del próximo CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces ya vetó su candidatura a vocal en la lista que presentaron los jueces -de los que serán elegidos doce-, por lo que su última oportunidad es ser uno de los juristas que proponga el PSOE.
La Generalitat llevará ante el fiscal a Lesmes y Díez-Picazo
El Gobierno catalán anunció ayer que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso- administrativo, Luis Díez- Picazo, cometieron delito en la tramitación y el acuerdo de la sentencia de las hipotecas resuelto el pasado día 7. La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, explicó que la medida se llevará a la reunión semanal del ejecutivo catalán del próximo día 13 para su aprobación. La consejera consideró que la Fiscalía está "obligada a investigar" si se produjo algún delito en el "cambio de una sentencia firme", como la adoptada en tres ocasiones por el Supremo sobre las hipotecas.
ABC considera que esta decisión de la Generalitat, junto a otras, como la de reprobar al Rey Felipe VI en el Parlament, forman parte de una estrategia de los independentistas para intensificar su pulso al Estado. EL PAÍS, por su parte, recuerda que la demanda de la Generalitat llega después de la querella que presentó Podemos en octubre contra Díez-Picazo, en la que se le acusaba de prevaricación por haber llevado al pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo el debate sobre si era el consumidor o el banco quien había de pagar el impuesto y forzar así la revisión de la jurisprudencia. La querella, añade, fue desestimada por la Sala del Tribunal Supremo, que avaló la actuación de Díez-Picazo.
EL PAÍS 1,14/EL MUNDO 1, 6,7/ABC 2, 18,19/LA RAZÓN 1, 14,15/LA VANGUARDIA 1, 11,18/ EL PERIÓDICO 25
LA BANCA, EXENTA DE TRIBUTAR POR LAS HIPOTECAS DEL ESTADO, LA IGLESIA O LOS PARTIDOS
Los bancos asumirán a partir de mañana el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas y que hasta ahora corría a cargo de los clientes. Así lo establece el real decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno en Consejo de Ministros, que ayer publicó el BOE y hoy entra en vigor. El real decreto también establece, según destacan todos los diarios, que los bancos estarán exentos de pagar el impuesto sobre las hipotecas concedidas al Estado, la Iglesia, los partidos políticos con representación parlamentaria, las administraciones o las ONG consideradas de utilidad pública. Otra novedad, se subraya, es que la banca se podrá deducir el tributo en el Impuesto de Sociedades en lo que resta de año. A partir del próximo 1 de enero, sin embargo, los bancos no podrán reducir su base imponible con el tributo vinculado a las hipotecas, según establece el decreto ley.
Los sindicatos mayoritarios convocaron ayer actos de protesta contra el TS en varias ciudades españolas, como antesala de la manifestación convocada para hoy en Madrid. En Barcelona, una docena de entidades, entre ellas Òmnium Cultural, UGT y CC.OO, la plataforma de afectados por la hipoteca o Facua censuraron la sentencia del Alto Tribunal. Acompañadas por algo más de un centenar de personas, se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para denunciar que el fallo es "otro acto contra la lógica y contra los intereses de la mayoría de la población".
Sánchez cree que la democracia "también es que no paguen siempre los mismos"
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez defendió ayer, en su discurso de apertura del Foro de Iberoamérica que se celebra en Madrid, la decisión del Ejecutivo de revertir mediante un real decreto ley la sentencia del Tribunal Supremo que establecía la obligación de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados a los peticionarios de un crédito hipotecario. El presidente afirmó en su intervención que en democracia "las decisiones se acatan, gusten o no, pero", puntualizó, "el Gobierno puede cambiar las leyes en consonancia con las necesidades sociales", ya que "la democracia es también que no paguen siempre los mismos".
Casado pide la supresión del impuesto
El líder del PP, Pablo Casado, por su parte, insistió ayer desde Andalucía en la necesidad de suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados y que el Estado "complemente" el dinero que pudieran recaudar las CCAA por este concepto. Pidió además a Sánchez "que no engañe a los ciudadanos" ya que "sabe de sobra que la banca va a repercutir dicho tributo en los clientes". De igual modo, recordó que su partido aboga por "bajar el IRPF" y "suprimir" los impuestos de "donaciones, sucesiones y patrimonio".
EL PAÍS 44,45/EL MUNDO 39/ABC 2, 30,31/LA RAZÓN 33,34/LA VANGUARDIA 1,55/EL PERIÓDICO 24,25
EL PP CREE QUE LA REFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO "ES VOLVER A UN MODELO FRACASADO"
En otro orden de cosas, el presidente del PP, Pablo Casado, mostró ayer el rechazo de su formación al "desmantelamiento" de la reforma educativa del PP, la LOMCE, para regresar a lo que, a su juicio, es el "un modelo fracasado y mediocre", la LOGSE, que representó "un lastre para los más jóvenes". A su juicio, la LOMCE "ha permitido bajar el fracaso y el abandono escolar más de seis puntos" en España, fomentando, entre otras cuestiones, la formación profesional dual, los itinerarios, la evaluación de conocimientos, la libertad de los padres en la elección de centros, la vertebración nacional de los contenidos, o el bilingüismo, aspectos claves para luchar contra los índices de paro juvenil en España. "Se lo quieren cargar todo para volver al modelo fracasado del paro juvenil masivo", insistió Casado.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por su parte, manifestó su confianza en que la reforma educativa se pueda abordar "dialogando y contando con todo el mundo", pero "con cierta rapidez". El objetivo, añadió, es "llegar a final de año haciendo todo el trabajo de acuerdos". En esta línea, el consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, se mostró satisfecho por la modificación de la LOMCE, sobre todo en lo que se refiere a devolver a las autonomías la facultad de designar las lenguas cooficiales, aunque, según añadió, hubiera preferido una derogación absoluta de la norma.
Según destaca hoy EL PAÍS, el borrador para reformar la ley Wert pretende, entre otras cosas, rebajar la tasa de alumnos repetidores. En un país donde un tercio de los estudiantes de 15 años está repitiendo algún curso de secundaria, dice el diario, el Gobierno ha propuesto planes personalizados en la ESO para rescatar a los repetidores y evitar el riesgo de abandono escolar. ABC, por su parte, subraya en portada: Indignación en el sector educativo por la imposición de la ley Celaá. EL MUNDO, por su parte, titula: "El Gobierno dará el título de Bachillerato con un suspenso". Los expertos, añade, consideran que la propuesta de reforma de la LOMCE supone una nueva "rebaja de nivel educativo" después de que el PP accediera a aprobar la ESO con menos de un cinco.
EL PAÍS 24/EL MUNDO 1,14/ABC 1, 36,37/LA VANGUARDIA 29/EL PERIÓDICO 33
PSOE Y PDECAT ULTIMAN LA CONTRARREFORMA LABORAL
Según informa EL PERIÓDICO en su portada, el PSOE y el PDECat llevan meses negociando con sigilo cambios legales para acabar con una parte de la polémica reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en el 2012, independientemente de los mensajes públicos que se lancen el Gobierno y la Generalitat en cada momento. Según añade el diario, las conversaciones comenzaron antes de verano y han continuado durante todo este tiempo, sin verse afectadas por el ultimátum de Quim Torra a Pedro Sánchez para que acepte un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ni por las acusaciones de la Fiscalía a los líderes del procés. Según fuentes parlamentarias, se espera que fructifiquen en diciembre a través de un acuerdo que devolverá a los trabajadores algunos de los derechos que perdieron hace seis años. En especial, la contrarreforma recuperará el poder de los convenios sectoriales en la negociación colectiva, poniendo fin a la actual primacía de los convenios de empresa. Con ERC, los socialistas todavía no han tratado la contrarreforma, según fuentes de este partido. Con Podemos, principal socio del Gobierno, sí hay conversaciones en marcha. Las líneas generales de esta iniciativa ya están recogidas en el acuerdo que alcanzaron Sánchez y Pablo Iglesias para los Presupuestos del año que viene.
EL PERIÓDICO 1, 18,19
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