Editorial Cantabria24horas.com

ACUERDOS DEL ÃšLTIMO CONSEJO DE MINISTROS DEL DÃA DEL ANUNCIO DE ADELANTO ELECTORAL

Referencia del Consejo de Ministros Madrid, viernes 15 de febrero de 2019 SUMARIO Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad REAL DECRETO por el que se desarrolla el rÃ©gimen jurÃdico de la Empresa de TransformaciÃ³n Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial TecnologÃas y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). REAL DECRETO por el que se modifican el Reglamento de la Ley de OrdenaciÃ³n de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formaciÃ³n de los conductores de los vehÃculos de transporte por carretera, de documentos de control en relaciÃ³n con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancÃas peligrosas y del ComitÃ© Nacional del Transporte por Carretera. REAL DECRETO por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del rÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales de tropa y marinerÃa con una relaciÃ³n de servicios de carÃ¡cter temporal. REAL DECRETO por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de EspaÃ±a y la RepÃºblica del PerÃº para el intercambio y protecciÃ³n recÃproca de informaciÃ³n clasificada en el Ã¡mbito de la defensa. ACUERDO por el que se consolida el servicio compartido de seguridad gestionada a travÃ©s de la constituciÃ³n del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para la AdministraciÃ³n General del Estado. ACUERDO por el que se autoriza el traspaso de 2.400.000 euros desde el segundo tramo del Fondo EspaÃ±ol de Carbono al Fondo Fiduciario de Asistencia TÃ©cnica para Proyectos de Carbono en el Banco Mundial (CF Assist). ACUERDO por el que se retira de la tramitaciÃ³n ante el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados. ACUERDO por el que se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artÃculo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplÃan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuciÃ³n o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. INFORME sobre los mecanismos e instrumentos de coordinaciÃ³n para la implementaciÃ³n de la Agenda 2030 en EspaÃ±a. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n ACUERDO por el que se dispone la remisiÃ³n a las Cortes Generales del Acuerdo sobre Transporte AÃ©reo entre el Reino de EspaÃ±a y el Reino de Arabia SaudÃ, y se autoriza la manifestaciÃ³n del consentimiento de EspaÃ±a para obligarse por dicho acuerdo. ACUERDO por el que se autoriza la manifestaciÃ³n del consentimiento de EspaÃ±a para obligarse por el Protocolo entre el Gobierno del Reino de EspaÃ±a y el Gobierno de Montenegro de aplicaciÃ³n del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la RepÃºblica de Montenegro sobre la readmisiÃ³n de personas que residen sin autorizaciÃ³n, y se dispone su posterior remisiÃ³n a las Cortes Generales. ACUERDO por el que se autoriza la DeclaraciÃ³n de aceptaciÃ³n por EspaÃ±a de la adhesiÃ³n del Principado de Andorra al Convenio sobre la obtenciÃ³n de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisiÃ³n a las Cortes Generales. ACUERDO por el que se autoriza la DeclaraciÃ³n de aceptaciÃ³n por EspaÃ±a de la adhesiÃ³n de la RepÃºblica Federativa de Brasil al Convenio sobre la obtenciÃ³n de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisiÃ³n a las Cortes Generales. ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa. Hacienda ACUERDO por el que se autoriza la aplicaciÃ³n del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crÃ©dito por importe de 257.962.825,50 euros. Fomento ACUERDO por el que se autoriza la celebraciÃ³n del contrato de obras de ejecuciÃ³n del proyecto constructivo de remodelaciÃ³n de la terminal ferroviaria de mercancÃas de Madrid-VicÃ¡lvaro. Fase I. Subfase 1.1 (1A), provincia de Madrid, por un valor estimado de 19.334.178,89 euros. ACUERDO por el que se toma razÃ³n de la declaraciÃ³n de emergencia de las obras en el muro situado en el punto kilomÃ©trico 596/030 de la lÃnea 780 Bilbao La Concordia-Santander, de la Red de Ancho MÃ©trico, en Cantabria, por importe de 316.857,22 euros. EducaciÃ³n y FormaciÃ³n Profesional Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY ORGÃNICA por la que se modifica la Ley OrgÃ¡nica 2/2006, de 3 de mayo, de EducaciÃ³n. Trabajo, Migraciones y Seguridad Social REAL DECRETO por el que se regula la concesiÃ³n de una subvenciÃ³n directa a la FundaciÃ³n EspaÃ±a Salud para el desarrollo de programas sanitarios y sociales, dirigidos a personas espaÃ±olas residentes en Venezuela, asÃ como la concesiÃ³n de ayudas individuales directas para la atenciÃ³n en asilos privados de personas mayores o dependientes. INFORME sobre el estado de ejecuciÃ³n del Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019, 2020, a 31 de enero de 2019. PolÃtica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica ACUERDO por el que se resuelve recurso potestativo de reposiciÃ³n contra el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se resuelve procedimiento sancionador por infracciÃ³n de la Ley 3/2015, de 20 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la AdministraciÃ³n General del Estado. Para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica ACUERDO por el que se declaran excluidas del trÃ¡mite de evaluaciÃ³n ambiental las actuaciones de regeneraciÃ³n de las playas de S"Illot, Canyamel y S"Estanyol englobadas en las obras de emergencia para la reparaciÃ³n de los daÃ±os causados por las riadas de octubre de 2018 en la provincia de Mallorca, Illes Balears. ACUERDOS por los que se comunica al Congreso de los Diputados las propuestas de nombramiento de consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. ACUERDOS DE PERSONAL Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n REAL DECRETO por el que se designa embajadora de EspaÃ±a en la RepÃºblica de Ruanda a DÂª FRANCISCA MARÃA PEDRÃ“S CARRETERO. AMPLIACIÃ“N DE CONTENIDOS ASUNTOS GENERALES Hacienda AUTORIZADO FONDO DE CONTINGENCIA PARA MODIFICACIONES DE CRÃ‰DITO El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicaciÃ³n del Fondo de Contingencia, por un importe total de 257.962.825,5 euros, para las siguientes finalidades: 176.790.000 euros para una ampliaciÃ³n de crÃ©dito en el Ministerio del Interior, destinada a financiar los gastos ocasionados por la celebraciÃ³n de las Elecciones Locales y al Parlamento Europeo del prÃ³ximo 26 de mayo. 63.300.000 euros para una ampliaciÃ³n de crÃ©dito en el Ministerio del Interior, con la finalidad de subvencionar los gastos electorales de los partidos polÃticos. 17.872.825,50 euros destinados a una incorporaciÃ³n del remanente de crÃ©dito en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, procedente de remanentes del aÃ±o 2018, destinado a la prevenciÃ³n, investigaciÃ³n y represiÃ³n de los delitos relacionados con el trÃ¡fico de drogas y otros fines, conforme a lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el trÃ¡fico ilÃcito de drogas y otros delitos relacionados. Trabajo, Migraciones y Seguridad Social SEGUNDO INFORME SOBRE EL PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO El Consejo de Ministros ha conocido el segundo informe de EjecuciÃ³n del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por el Gobierno el 27 de julio de 2018. El objetivo principal de este Plan Director es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, lo que permite, al mismo tiempo, reforzar la garantÃa de sostenibilidad presente y futura del Sistema de Seguridad Social. Como parte esencial del Plan Director se han ejecutado dos Planes de Choque: uno contra el fraude en la contrataciÃ³n temporal y otro contra el uso irregular de la contrataciÃ³n a tiempo parcial. SegÃºn el balance presentado, la ejecuciÃ³n de ambos planes ha dado como resultado, de agosto a diciembre de 2018, la conversiÃ³n de 61.445 contratos temporales en indefinidos, lo que representa el 76,3% de los trabajadores. AdemÃ¡s, se ha logrado incrementar la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, lo que supone un 17,5% de los afectados por el Plan de choque contra el uso irregular de la contrataciÃ³n a tiempo parcial. ActuaciÃ³n ordinaria de la InspecciÃ³n de Trabajo AdemÃ¡s de los Planes de Choque, destacan los resultados de la actuaciÃ³n de la InspecciÃ³n de Trabajo en la lucha contra la utilizaciÃ³n fraudulenta de la contrataciÃ³n temporal. AsÃ, en el aÃ±o 2018, y al margen de los resultados obtenidos como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Director, se han transformado en indefinidos 132.501 contratos temporales irregulares, 39.576 mÃ¡s que en el aÃ±o 2017 (29,86% mÃ¡s) y 50.229 mÃ¡s respecto a 2016 (37,90% mÃ¡s). En conjunto, la actuaciÃ³n ordinaria de la InspecciÃ³n de Trabajo, unida a la ejecutada dentro del Plan de Choque, eleva a 193.946 la cifra total de contratos temporales que se han transformado en indefinidos durante el pasado aÃ±o. Ello supone mÃ¡s del doble de los resultados obtenidos en 2017, cuando se transformaron en indefinidos 92.925 contrados. En materia de ampliaciÃ³n de jornada, la suma de la actuaciÃ³n ordinaria de la inspecciÃ³n de trabajo y la ejecuciÃ³n del Plan de Choque han alcanzado la cifra de 31.517 ampliaciones (22.693 por actuaciones ordinarias y 8.824 por el Plan de Choque), lo que supone el mejor dato histÃ³rico en esta materia. La cifra supone un 48,2% mÃ¡s respecto a los resultados obtenidos en 2017 (cuando se realizaron 21.259 aumentos de jornada). Estas cifras suponen las mejores alcanzadas por la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social en sus actuaciones en materia de lucha contra el fraude en la contrataciÃ³n temporal. Efectos inducidos en la contrataciÃ³n indefinida A estos resultados hay que sumar los derivados de los efectos inducidos que puedan estar teniendo en la contrataciÃ³n indefinida en general y en las prÃ¡cticas de las empresas. AsÃ, se observa que en 2018 se han registrado 2.284.924 contratos indefinidos, un 18,4% mÃ¡s que el aÃ±o anterior, mÃ¡ximo histÃ³rico de la serie iniciada en 2006. Y, sÃ³lo de agosto a diciembre de 2018, coincidiendo con la implantaciÃ³n de los Planes de Choque, se registraron 971. 364 contratos indefinidos, un 19,6% mÃ¡s que en 2017 (158.951 contratos mÃ¡s). En cuanto a las transformaciones de contratos temporales en indefinidos, a lo largo de 2018, se han convertido en indefinidos un total de 837.988, lo que supone un 22,1% mÃ¡s que el aÃ±o anterior. Y entre agosto y diciembre de 2018, las conversiones de contratos temporales en indefinidos aumentaron un 27,7% (359.188 contratos registrados). Otras medidas del Plan Director Junto a los Planes de choque, destacan otras medidas del Plan Director, llevadas a cabo por el Organismo Estatal InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social: la creaciÃ³n de la Unidad de Lucha contra la DiscriminaciÃ³n; la implantaciÃ³n del BuzÃ³n de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social para comunicar incumplimientos de la normativa sociolaboral; el refuerzo de los recursos humanos con la convocatoria de 353 nuevas plazas de Inspectores y Subinspectores; la potenciaciÃ³n de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y la intensificaciÃ³n de otras campaÃ±as para luchar contra la precariedad laboral y mejorar la calidad en el empleo (la discriminaciÃ³n salarial por razÃ³n de gÃ©nero o la protecciÃ³n de colectivos especialmente vulnerables, entre otras). Todas estas medidas tienen una importante contribuciÃ³n a la consecuciÃ³n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcadas en la Agenda 2030. De hecho, el Gobierno reconoce al citado "Plan Director por un Trabajo Digno" un papel catalizador a la hora de alcanzar el conjunto de metas de la Agenda 2030, motivo por el cual se le ha catalogado como "PolÃtica Palanca" dentro del Plan de AcciÃ³n de la Agenda 2030. Trabajo, Migraciones y Seguridad Social AMPLIACIÃ“N DE LA COBERTURA SOCIO-SANITARIA DE ESPAÃ‘OLES EN VENEZUELA El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesiÃ³n de una subvenciÃ³n de tres millones de euros destinada a dar cobertura a la colectividad de ciudadanos espaÃ±oles residentes en Venezuela en situaciÃ³n de vulnerabilidad. La subvenciÃ³n objeto de este Real Decreto se concede de forma directa a la FundaciÃ³n EspaÃ±a Salud para el desarrollo de programas sanitarios y sociales. AdemÃ¡s, incluye la concesiÃ³n de ayudas individuales directas para la atenciÃ³n en asilos privados de personas mayores y/o dependientes para el pago de las cuotas de ingresos en dichas instituciones de acogida de carÃ¡cter privado. La FundaciÃ³n EspaÃ±a Salud fue creada por el Ministerio en 2006 y tiene por objeto prestar atenciÃ³n sanitaria mÃ©dico-quirÃºrgica y farmacÃ©utica a los emigrantes espaÃ±oles, beneficiarios de pensiones del sistema espaÃ±ol de protecciÃ³n social y de ayudas por incapacidad, sin perjuicio de que su acciÃ³n se extienda a todos los miembros de la colectividad espaÃ±ola, contemplando tambiÃ©n la asistencia socio-sanitaria, incluyendo la dependencia. AdemÃ¡s del Ministerio forman parte de su Consejo de AdministraciÃ³n las comunidades autÃ³nomas de Asturias, Canarias y Galicia desde su inicio. Actualmente dicha FundaciÃ³n presta la asistencia sanitaria, mediante convenios suscritos con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para los beneficiarios de la PrestaciÃ³n econÃ³mica por razÃ³n de necesidad, y de las prestaciones establecidas mediante Ley 3/2005, para los "NiÃ±os de la guerra". Medidas que se proponen Programas sociosanitarios AtenciÃ³n a mujeres embarazadas. AtenciÃ³n a neonatos y lactantes hasta los 12 meses. AtenciÃ³n de niÃ±os hasta los 12 aÃ±os. Abastecimiento farmacolÃ³gico focalizado. Antirretrovirales Insulina neurolÃ³gica y pulmonares AntineoplÃ¡sicos Programas socioasistenciales Ayuda alimentaria. Apoyo para atenciÃ³n de ancianos en asilos privados. EducaciÃ³n y FormaciÃ³n Profesional APROBADO EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÃNICA DE EDUCACIÃ“N El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley OrgÃ¡nica de EducaciÃ³n. Este texto persigue posicionar a EspaÃ±a en el nivel de los paÃses con un mejor desempeÃ±o educativo, segÃºn las directrices de la OCDE, tal y como plantea la Agenda 2030 con el objetivo de situar a la educaciÃ³n espaÃ±ola en el siglo XXI. El texto es el resultado de un amplio proceso de participaciÃ³n, con mÃ¡s de 43.000 correos electrÃ³nicos recibidos en una primera fase de consultas; reuniones de la Conferencia Sectorial de EducaciÃ³n -con los mÃ¡ximos representantes educativos de las comunidades autÃ³nomas-; y aportaciones de la mayor parte de las comunidades autÃ³nomas, de los consejos escolares autonÃ³micos y de varios ministerios, asÃ como reuniones bilaterales o multilaterales con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo. Este documento se ha presentado ante las Comisiones de EducaciÃ³n y FormaciÃ³n Profesional del Congreso y del Senado. Por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el mÃ¡ximo Ã³rgano de la comunidad educativa) aprobÃ³ por mayorÃa absoluta el informe del Anteproyecto presentado por la ComisiÃ³n Permanente. La nueva norma deroga la LOMCE (Ley OrgÃ¡nica para la Mejora de la Calidad Educativa) y modifica y moderniza la Ley OrgÃ¡nica de EducaciÃ³n. El Proyecto de Ley se sustenta en cinco pilares. En primer lugar y por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, segÃºn lo establecido en la ConvenciÃ³n sobre los Derechos del NiÃ±o de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interÃ©s superior del menor, su derecho a la educaciÃ³n y la obligaciÃ³n que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En segundo lugar, el texto adopta un enfoque de igualdad de gÃ©nero a travÃ©s de la coeducaciÃ³n y fomenta, en todas las etapas el aprendizaje, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevenciÃ³n de la violencia de gÃ©nero y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educaciÃ³n secundaria la orientaciÃ³n educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. En tercer lugar, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinÃ¡mica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalizaciÃ³n del aprendizaje. En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible segÃºn lo establecido en la Agenda 2030. AsÃ, la educaciÃ³n para el desarrollo sostenible y la ciudadanÃa mundial ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseÃ±anza obligatoria. Y, en quinto lugar, la reforma insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se estÃ¡ produciendo en las sociedades y que afecta a la actividad educativa. Apuesta por la educaciÃ³n de 0 a 3 aÃ±os La norma darÃ¡ un nuevo mandato al Gobierno para que, en colaboraciÃ³n con las administraciones educativas, determine los contenidos educativos del primer ciclo de EducaciÃ³n Infantil y regule los requisitos mÃnimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa educativa. De esta forma, se regularÃ¡n los requisitos de titulaciÃ³n de sus profesionales y los que tengan que cumplir los centros que impartan este ciclo, relativos a la relaciÃ³n numÃ©rica alumno-profesor, a las instalaciones y al nÃºmero de puestos escolares. PrevenciÃ³n de la violencia de gÃ©nero desde la escuela En todas las etapas educativas se trabajarÃ¡ para prevenir la violencia de gÃ©nero y la igualdad de hombres y mujeres. En este sentido, la Ley cumple con las propuestas del Ã¡mbito educativo incluidas en el informe de la subcomisiÃ³n del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de gÃ©nero, aprobado el 28 de septiembre de 2017. AdemÃ¡s, la Ley tambiÃ©n presta atenciÃ³n a la prevenciÃ³n de la violencia contra la infancia. Fomento de la equidad e inclusiÃ³n educativa Se eliminan los itinerarios de 4Âº de la ESO, de forma que cualquier opciÃ³n conduce al mismo tÃtulo de graduado en ESO. TambiÃ©n se reformula el programa curricular de atenciÃ³n a la diversidad, recuperÃ¡ndose los Programas de DiversificaciÃ³n Curricular y se incorporan medidas de flexibilizaciÃ³n para estudiantes con necesidades educativas especiales. El texto tambiÃ©n establece que, el Gobierno, en colaboraciÃ³n con las administraciones educativas desarrollarÃ¡ un plan para que, en el plazo de 10 aÃ±os -y siguiendo la ConvenciÃ³n de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarÃ¡n prestando el apoyo necesario a los centros de educaciÃ³n especial para que estos, ademÃ¡s de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atenciÃ³n muy especializada, desempeÃ±en la funciÃ³n de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Una FormaciÃ³n Profesional mÃ¡s flexible La FormaciÃ³n Profesional es tambiÃ©n objeto de varias revisiones con dos objetivos. Por un lado, mejora el reconocimiento social de los itinerarios formativos de FormaciÃ³n Profesional para aproximar a EspaÃ±a a las tasas de alumnado que opta por esta vÃa en el resto de los paÃses europeos. Por otro, se flexibilizan las enseÃ±anzas y se agilizan los procesos de incorporaciÃ³n de nuevos contenidos. La medida mÃ¡s importante es que los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado bÃ¡sico recibirÃ¡n el tÃtulo de graduado en ESO, lo que les permitirÃ¡ el acceso a cualquier enseÃ±anza postobligatoria. AdemÃ¡s, en la FormaciÃ³n Profesional BÃ¡sica se integra la formaciÃ³n general y la profesional. OrdenaciÃ³n de las enseÃ±anzas La EducaciÃ³n Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos. La Ley elimina la jerarquÃa de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior divisiÃ³n de materias en troncales, especÃficas y de libre configuraciÃ³n) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autÃ³nomas, que venÃa funcionando satisfactoriamente hasta 2013 -un 55% de los contenidos y materias serÃ¡n competencias del Estado en las comunidades autÃ³nomas con dos lenguas oficiales y un 65% serÃ¡n competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial-. La norma garantiza que todos los estudiantes de EducaciÃ³n Primaria y ESO cursen una materia de EducaciÃ³n en valores cÃvicos y Ã©ticos. AdemÃ¡s, se facilita la agrupaciÃ³n de materias en Ã¡mbitos de conocimiento y se introduce el trabajo por proyectos prÃ¡cticos para las materias optativas. En Bachillerato, se prevÃ© la posibilidad de obtener el tÃtulo de Bachillerato por compensaciÃ³n en caso de superar todas las materias salvo una y se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad. EnseÃ±anza de la religiÃ³n Se elimina la obligaciÃ³n de cursar una materia alternativa a la religiÃ³n y la calificaciÃ³n de la religiÃ³n no se tendrÃ¡ en cuenta en el cÃ¡lculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtenciÃ³n de becas, entre otros. Evaluaciones de diagnÃ³stico Sobre las evaluaciones de los estudiantes y del sistema educativo, se pretende recuperar el carÃ¡cter formativo, continuo e integrador de la evaluaciÃ³n como instrumento de mejora para estudiantes, centros y administraciones. De esta forma, se contemplan evaluaciones de diagnÃ³stico para 4Âº de EducaciÃ³n Primaria y 2Âº de la ESO. La Ley impide expresamente utilizar estos resultados para hacer clasificaciones de centros educativos. En cuanto a la evaluaciÃ³n general del sistema educativo, se contemplan evaluaciones muestrales y plurianuales de las competencias adquiridas por el alumnado al finalizar la EducaciÃ³n Primaria y la ESO. ParticipaciÃ³n de la comunidad educativa El texto tiene como objetivo aumentar la autonomÃa de los centros y la participaciÃ³n en su gobierno de toda la comunidad educativa. En cuanto al funcionamiento de los centros, se apuesta por un modelo de direcciÃ³n que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura. De esta forma, las comisiones de selecciÃ³n de nuevos directores incorporan a un director o directora experimentados y se establece una formaciÃ³n preceptiva con carÃ¡cter previo al nombramiento como director o directora. Prioridad a la coeducaciÃ³n en los centros En cuanto a la admisiÃ³n, especializaciÃ³n y programaciÃ³n general de la enseÃ±anza de los centros, se pretende mejorar el sistema de admisiÃ³n del alumnado y eliminar de los criterios de baremaciÃ³n los elementos discriminatorios derivados de la especializaciÃ³n de centros y recuperar plenamente para los poderes pÃºblicos el mandato de la programaciÃ³n de la enseÃ±anza. AdemÃ¡s, se da prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducaciÃ³n. De esta forma, los centros que desarrollen el principio de coeducaciÃ³n en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su sexo o su orientaciÃ³n sexual serÃ¡n objeto de atenciÃ³n preferente y prioritaria en la aplicaciÃ³n de las previsiones recogidas en la Ley. En los procesos asociados a la obtenciÃ³n y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizarÃ¡ a los que apliquen el principio de coeducaciÃ³n y no separen al alumnado por su gÃ©nero o su orientaciÃ³n sexual. La Ley contempla que aquellos centros que separen por sexo a su alumnado deberÃ¡n necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educaciÃ³n para la eliminaciÃ³n de la violencia de gÃ©nero, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participaciÃ³n activa para hacer realidad la igualdad. Competencias territoriales La Ley lleva a cabo una regulaciÃ³n de las competencias del Estado y de las comunidades autÃ³nomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperaciÃ³n y lealtad institucional. Las administraciones educativas garantizarÃ¡n el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseÃ±anzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demÃ¡s lenguas cooficiales en sus respectivos territorios; el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideraciÃ³n de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable. AtenciÃ³n a la escuela rural e insular Entre las medidas relacionadas con la equidad, se insiste en la atenciÃ³n que las administraciones educativas deben prestar a la escuela rural y a la insular y se restablece el equilibrio que debe existir en la red de centros, garantizando los derechos y libertades de todos los interesados. Sin pretender modificar el rÃ©gimen de conciertos, se recupera el equilibrio alcanzando con legislaciones anteriores a la LOMCE. Incremento del gasto pÃºblico en educaciÃ³n La Ley contempla un plan de incremento del gasto pÃºblico educativo hasta un mÃnimo del 5% del PIB. Apuesta por la competencia digital La ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se estÃ¡ produciendo en nuestras sociedades y que afecta a la actividad educativa. Con ese objetivo, se incluye la atenciÃ³n al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a travÃ©s de contenidos especÃficos como en una perspectiva transversal. ActualizaciÃ³n de los currÃculos El Gobierno incluirÃ¡ en la estructura orgÃ¡nica del ministerio una unidad que, en cooperaciÃ³n con las comunidades, contribuya a la actualizaciÃ³n permanente de los currÃculos. Impulso a las vocaciones cientÃficas y tecnolÃ³gicas en las alumnas Las administraciones educativas impulsarÃ¡n el incremento de la presencia de alumnas en estudios del Ã¡mbito de las ciencias, tecnologÃa, ingenierÃa, artes y matemÃ¡ticas, asÃ como en las enseÃ±anzas de FP con menor demanda femenina. (PROYECTO DE EDUCACIÃ“N) Justicia EXHUMACIÃ“N DE LOS RESTOS DE FRANCISCO FRANCO El Consejo de Ministros ha acordado la exhumaciÃ³n de los restos de Francisco Franco, en cumplimiento del Real Decreto-ley 10/2018 y del Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se iniciÃ³ el procedimiento administrativo para la exhumaciÃ³n de sus restos mortales. Con el fin mantener las mÃ¡ximas garantÃas en el procedimiento para los familiares, se ha aprobado conceder un nuevo plazo de 15 dÃas a la familia para que seÃ±alen un lugar de reinhumaciÃ³n que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden pÃºblico y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades. A falta de un seÃ±alamiento de reinhumaciÃ³n compatible con los parÃ¡metros legales y de orden pÃºblico y seguridad ciudadana, corresponderÃ¡ al Gobierno la decisiÃ³n sobre el mismo, lo que harÃ¡ con mÃ¡ximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios de una actuaciÃ³n como la prevista y como se ha hecho durante todo el procedimiento. AdemÃ¡s, la decisiÃ³n del Gobierno cuenta con todos los avales jurÃdicos necesarios que garantizan su legalidad. Antecedentes El 24 de agosto de 2018 se acordÃ³ la aprobaciÃ³n del Real Decreto-ley 10/2018 por el que se modificÃ³ la Ley de Memoria HistÃ³rica, un proceso dirigido a la resignificaciÃ³n del Valle de los CaÃdos para reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliaciÃ³n, de la memoria colectiva democrÃ¡tica y de dignificaciÃ³n y reconocimiento de las vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Dicho proceso se dirigiÃ³ a la necesaria exhumaciÃ³n de restos de fallecidos fuera del periodo de la Guerra Civil. A estos efectos, siendo el enterramiento de Francisco Franco el mÃ¡s significado y relevante, se iniciÃ³ mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 el procedimiento administrativo para la exhumaciÃ³n de sus restos mortales. Es preciso subrayar que el referido Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018 con sÃ³lo dos votos en contra en los tÃ©rminos previstos en la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y responde a la voluntad parlamentaria manifestada en la ProposiciÃ³n no de Ley de 11 de mayo de 2017, por la que se instaba al Gobierno de EspaÃ±a a afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de Expertos sobre el futuro del Valle de los CaÃdos de 29 de noviembre de 2011 en el que se seÃ±alaba como Â«preferenteÂ» la exhumaciÃ³n de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los CaÃdos. AdemÃ¡s, se da cumplimiento a los numerosos requerimientos de Naciones Unidas sobre medidas adoptadas en materia de memoria histÃ³rica y regeneraciÃ³n democrÃ¡tica, y mÃ¡s concretamente al Informe emitido en julio de 2014 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en el que se incluye una peticiÃ³n al Gobierno espaÃ±ol en el que respecto al Valle de los CaÃdos se procediera a la retirada de los restos del dictador Francisco Franco. Defensa REGULADAS LAS PENSIONES E INDEMNIZACIONES DEL RÃ‰GIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO A LOS MILITARES DE COMPLEMENTO Y A LOS MILITARES PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÃA CON UNA RELACIÃ“N DE SERVICIOS DE CARÃCTER TEMPORAL El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del rÃ©gimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinerÃa con una relaciÃ³n de servicios de carÃ¡cter temporal, y se deroga el Real Decreto 1186/2001, de 2 noviembre, que regulaba esta materia. El nuevo modelo de protecciÃ³n se dirige a acercar la acciÃ³n protectora del citado colectivo a la establecida por el RÃ©gimen General de la Seguridad Social, pero manteniendo el especial tratamiento que el RÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado concede a las pensiones que derivan de acto de servicio. Se establece asÃ un rÃ©gimen Ãºnico de prestaciones con independencia de la fecha de ingreso a las Fuerzas Armadas y el RÃ©gimen de Seguridad Social al que se pertenezca, igualando la acciÃ³n protectora de quienes ingresaron antes del 1 de enero de 2011 en el RÃ©gimen de Clases Pasivas a los que lo hicieron a partir de esa fecha en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social. Con la nueva regulaciÃ³n, siempre que se produzca una resoluciÃ³n del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofÃsicas, el interesado serÃ¡ acreedor de una pensiÃ³n, eliminando la necesidad de que las patologÃas que ocasionan la incapacidad estÃ©n relacionadas con un hecho concreto, y a un determinado grado de discapacidad, siendo suficiente que el accidente, lesiÃ³n o enfermedad se haya producido durante la prestaciÃ³n del servicio, incluyendo enfermedades preexistentes que se hayan agravado durante el periodo de prestaciÃ³n del servicio. La indemnizaciÃ³n por lesiones permanentes no invalidantes sÃ³lo estÃ¡ prevista cuando el resultado del expediente de insuficiencia de condiciones psicofÃsicas concluya con la limitaciÃ³n para ocupar determinados destinos. Fomento APROBADA LA MODERNIZACIÃ“N DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LA DIGITALIZACIÃ“N DEL SECTOR El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de OrdenaciÃ³n de los Transportes Terrestres (ROTT) y otras normas relacionadas. De esta manera, se ha realizado una revisiÃ³n profunda de la normativa reguladora del transporte terrestre, materializando una apuesta decidida por la simplificaciÃ³n de trÃ¡mites administrativos, la digitalizaciÃ³n del sector y la administraciÃ³n electrÃ³nica. De esta forma, se estipula la desapariciÃ³n de la tarjeta de transporte fÃsica y se refuerza el papel del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, con objeto de evitar duplicidades de trÃ¡mites administrativos y reducir la documentaciÃ³n que las empresas de transporte tienen que aportar. Otras mejoras relevantes son la implantaciÃ³n de sistemas electrÃ³nicos para la obtenciÃ³n de los certificados de competencia profesional y la digitalizaciÃ³n de las reclamaciones de los usuarios de los servicios de transporte por autobÃºs. Ambas tienen por objeto agilizar su tramitaciÃ³n y dar una respuesta mÃ¡s rÃ¡pida a las demandas de los ciudadanos. Impulso a un sector estratÃ©gico Estas mejoras suponen una evoluciÃ³n en el sector que serÃ¡ clave para reforzar el papel estratÃ©gico y fundamental que el transporte de mercancÃas y viajeros por carretera suponen para el desarrollo econÃ³mico de nuestro paÃs y la conectividad de los ciudadanos. Otros temas que tambiÃ©n se abordan tienen relaciÃ³n con el acceso a la profesiÃ³n de transportista o la regulaciÃ³n del ComitÃ© Nacional del Transporte por Carretera. Se trata de una figura esencial para el diÃ¡logo con el sector y que permite a la AdministraciÃ³n conocer las inquietudes y necesidades existentes en el sector de una forma directa, continua y efectiva. Respecto al acceso a la profesiÃ³n de transportista, el texto da cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de Justicia de la UniÃ³n Europea en su sentencia del pasado aÃ±o, que obligaba a retirar el requisito de la flota mÃnima, reforzando, por otra parte, otros requisitos con objeto de garantizar la profesionalidad del sector y que afectan a cuestiones como la honorabilidad, la competencia profesional, la capacidad financiera o el mantenimiento de los requisitos de antigÃ¼edad de los vehÃculos. En esta misma lÃnea, el texto tambiÃ©n revisa el rÃ©gimen de supervisiÃ³n del sector, permitiendo un control mÃ¡s efectivo del mismo. Con este Real Decreto, se materializa una apuesta por la modernizaciÃ³n de un sector en la que se ha trabajado de manera conjunta con el resto de Ministerios implicados, las comunidades autÃ³nomas y el sector, representado por el ComitÃ© Nacional del Transporte por Carretera, para conseguir una normativa que satisfaga las necesidades actuales del transporte terrestre y que cuente con el mayor consenso posible. Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n APROBADO EL RÃ‰GIMEN JURÃDICO DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÃ“N AGRARIA (TRAGSA), Y DE SU FILIAL TECNOLOGÃAS Y SERVICIOS AGRARIOS (TRAGSAtec) El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla el rÃ©gimen jurÃdico de la Empresa de TransformaciÃ³n Agraria TRAGSA y de su filial TecnologÃas y Servicios Agrarios TRAGSAtec. Su objetivo es desarrollar el rÃ©gimen jurÃdico, econÃ³mico y administrativo de TRAGSA y TRAGSAtec en sus relaciones con las Administraciones PÃºblicas, sus poderes adjudicadores y otras entidades pertenecientes al sector pÃºblico, dentro o fuera del territorio nacional, en su condiciÃ³n de medio propio personificado y servicio tÃ©cnico; adaptando el Real Decreto anterior a las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector PÃºblico. Entre otras novedades, la nueva norma regula con mayor detalle la subcontrataciÃ³n. Respecto al rÃ©gimen econÃ³mico de TRAGSA y TRAGSAtec, ademÃ¡s de modificar la composiciÃ³n de la ComisiÃ³n para la DeterminaciÃ³n de tarifas TRAGSA, para dar intervenciÃ³n a todas las Administraciones Territoriales respecto a las que dichas sociedades tienen la condiciÃ³n de medios propios personificados, se detalla la forma de calcular el presupuesto de ejecuciÃ³n material, el presupuesto de ejecuciÃ³n por AdministraciÃ³n, y las especialidades en aquellos encargos que por su objeto no estÃ©n sujetos a IVA. Asimismo, se incluye un nuevo artÃculo dedicado a los encargos en el exterior, y otro, referente a los encargos realizados por entidades del sector pÃºblico que no ostentan la condiciÃ³n de poder adjudicador. Grupo TRAGSA El Ministerio de Agricultura y Pesca y AlimentaciÃ³n tutela tanto TRAGSA como TRAGSAtec. El accionariado del Grupo TRAGSA estÃ¡ actualmente constituido por 40 administraciones y entidades entre las que destacan como accionistas mayoritarios la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 51% de su capital social, el Fondo EspaÃ±ol de GarantÃa Agraria (FEGA, con un 38,9%) y la DirecciÃ³n General del Patrimonio del Estado (9,9%). Forman tambiÃ©n parte de su accionariado las 17 comunidades autÃ³nomas, las ciudades autÃ³nomas de Ceuta y Melilla, los 7 cabildos insulares de Canarias, 2 consejos insulares de Islas Baleares y 9 diputaciones provinciales. Tras un prolongado periodo de resultados econÃ³micos adversos, a excepciÃ³n de los discretos resultados positivos obtenidos en el ejercicio 2016, la producciÃ³n del Grupo TRAGSA ha superado durante 2018 los 808 millones de euros, con un crecimiento de un 16% en relaciÃ³n a 2017, mejorando las previsiones iniciales en mÃ¡s de 100 millones y obteniendo un resultado provisional antes de impuestos de 7,9 millones de euros, lo que le aleja del resultado negativo de 2017. Destaca adicionalmente la situaciÃ³n en relaciÃ³n a la cartera neta de pedidos del Grupo TRAGSA, que se sitÃºa a cierre de 2018 en mÃ¡s de 1.180 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 12,6% en relaciÃ³n al mismo periodo del ejercicio anterior. La cartera ha crecido en el Ãºltimo aÃ±o hasta situarse en el valor mÃ¡s alto desde 2009. En relaciÃ³n a las personas que contribuyen con su esfuerzo y dedicaciÃ³n la acciÃ³n de servicio pÃºblico del Grupo TRAGSA, el incremento de la actividad productiva durante el Ãºltimo ejercicio ha llevado asociado un incremento del empleo medio de un 11% respecto a 2017, hasta alcanzar los 12.684 empleos, el valor mÃ¡s alto desde el aÃ±o 2011. Su implantaciÃ³n convierte al Grupo en un eficiente instrumento al servicio de las Administraciones Territoriales dotÃ¡ndole de una gran capacidad de actuaciÃ³n y de inmediatez en la respuesta. Aproximadamente el 75% de los cerca de 13.000 profesionales que desempeÃ±aron su trabajo en el Grupo TRAGSA durante 2018 lo hicieron en actividades no centralizadas caracterizadas por su cercanÃa al territorio, contribuyendo por tanto a fijar la poblaciÃ³n al medio rural. PolÃtica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica CREADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÃ“N GENERAL DEL ESTADO El Consejo de Ministros ha aprobado la creaciÃ³n del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, como instrumento de la AdministraciÃ³n General del Estado (AGE) y sus organismos pÃºblicos vinculados o dependientes para la consolidaciÃ³n del Servicio Compartido de Seguridad Gestionada, declarado como servicio compartido por Acuerdo de la ComisiÃ³n de Estrategia TIC el 15 de septiembre de 2015. La finalidad del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC, por su denominaciÃ³n inglesa "Security Operations Center") es la prestaciÃ³n de servicios horizontales de ciberseguridad que aumenten la capacidad de vigilancia y detecciÃ³n de amenazas en las operaciones diarias de los sistemas de informaciÃ³n y comunicaciones de la AGE, asÃ como la mejora de su capacidad de respuesta ante cualquier ataque. PrevenciÃ³n ante la amenaza creciente de los ciberataques Los ciberataques se han convertido en una de las principales amenazas para los gobiernos y los paÃses. SegÃºn el Centro CriptolÃ³gico Nacional (CCN), organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el aÃ±o 2018 se han registrado aproximadamente 34.000 ciberincidentes de diverso tipo en las entidades del sector pÃºblico y empresas de interÃ©s estratÃ©gico, un 25% mÃ¡s que el aÃ±o anterior. De estos ataques, un 5% han sido calificados como de peligrosidad muy alta, lo que se traduce en importantes pÃ©rdidas de reputaciÃ³n y, en ocasiones, de seguridad nacional. Los servicios electrÃ³nicos, que se han convertido en el centro de la tramitaciÃ³n administrativa y son obligatorios para las empresas y usados de manera creciente por los ciudadanos, carecen en la actualidad de una protecciÃ³n necesaria capaz de mitigar las crecientes amenazas procedentes del exterior. ColaboraciÃ³n Ministerio de PolÃtica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica-CNI Para controlar estos riesgos existe la prioridad estratÃ©gica de reforzar las polÃticas de seguridad y las infraestructuras tecnolÃ³gicas y organizativas que permitan prevenir y combatir las amenazas en los sistemas informÃ¡ticos de las administraciones pÃºblicas. Ese es el objetivo del proyecto del SOC para la AGE, ejecutado por el Ministerio de PolÃtica Territorial y FunciÃ³n PÃºblica, a travÃ©s de la SecretarÃa General de AdministraciÃ³n Digital, en colaboraciÃ³n con el CCN-CNI. La responsabilidad del SOC serÃ¡ de la SecretarÃa General de AdministraciÃ³n Digital, que ejercerÃ¡ la direcciÃ³n estratÃ©gica a travÃ©s de la DivisiÃ³n de PlanificaciÃ³n y CoordinaciÃ³n de Ciberseguridad, siendo la operaciÃ³n del servicio a cargo del CCN-CERT ("Computer Emergency Response Team"), del Ministerio de la Defensa, en su calidad de CERT Gubernamental Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica EL GOBIERNO APRUEBA UN PLAN DE AYUDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros y dirigido a incentivar la compra de vehÃculos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehÃculos elÃ©ctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de prÃ©stamos de bicicletas elÃ©ctricas y la implantaciÃ³n de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Adicionalmente, se habilita una lÃnea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto Ãndice de contaminaciÃ³n o ubicados en islas, o iniciativas de innovaciÃ³n en electromovilidad. Los importes de las ayudas para la adquisiciÃ³n de vehÃculos oscilan entre los de 700 euros para motos elÃ©ctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsiÃ³n alternativa. Las ayudas para la compra de vehÃculos ligeros elÃ©ctricos se sitÃºan en torno a los 5.000 â‚¬. En paralelo, se exigirÃ¡ fabricantes, importadores de vehÃculos o puntos de venta un descuento mÃnimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. AsÃ, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarÃ¡n con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible. Los incentivos para vehÃculos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas elÃ©ctricas no cuentan con el suficiente desarrollo. En cuanto a los puntos de recarga elÃ©ctrica de vehÃculos elÃ©ctricos (pÃºblicos y privados) y a los sistemas de prÃ©stamos de bicicletas elÃ©ctricas, las ayudas serÃ¡n de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciÃ©ndose un lÃmite de 100.000 euros. Por Ãºltimo, MOVES fija un lÃmite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantaciÃ³n de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable. Las ayudas podrÃ¡n ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administraciÃ³n, que tengan la misma finalidad. Reparto territorial Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autÃ³nomos, personas fÃsicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades pÃºblicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autÃ³nomas y otras entidades pÃºblicas de la AdministraciÃ³n General del Estado. Ambos programas de ayudas, que coordinarÃ¡ el Instituto para la DiversificaciÃ³n y Ahorro de la EnergÃa (IDAE), serÃ¡n gestionados por las comunidades y ciudades autÃ³nomas, que deberÃ¡n realizar convocatorias en sus respectivos territorios. El criterio de reparto de consensuarÃ¡ en la Conferencia Sectorial de EnergÃa, Ã³rgano de coordinaciÃ³n entre el Ministerio para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica y las administraciones autonÃ³micas en materia energÃ©tica. El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autÃ³noma deberÃ¡ repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. AsÃ, deberÃ¡ dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisiciÃ³n de vehÃculos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantaciÃ³n de infraestructuras de recarga. De este Ãºltimo porcentaje, un mÃnimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rÃ¡pida o ultrarrÃ¡pida. Por otro lado, la implantaciÃ³n de sistemas de prÃ©stamos de bicicletas elÃ©ctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10%. La partida de 45 millones destinada a MOVES fue consignada al IDAE en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar "actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energÃ©tica, sostenibilidad e impulso a energÃas alternativas, incluida la disposiciÃ³n de infraestructura de recarga de vehÃculos elÃ©ctricos". Por su parte, la lÃnea de 15 millones dedicada a presupuestos singulares proviene de una partida finalista de 10 millones asignada para tal fin al IDAE en los presupuestos de 2017, y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda partida de 5 millones prevista en los presupuestos del pasado aÃ±o. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n ACUERDO CON PERÃš PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÃ“N RECÃPROCA DE LA INFORMACIÃ“N CLASIFICADA EN EL ÃMBITO DE LA DEFENSA El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de EspaÃ±a y la RepÃºblica del PerÃº para el intercambio y protecciÃ³n recÃproca de la informaciÃ³n clasificada en el Ã¡mbito de la defensa. El presente Acuerdo tiene por finalidad garantizar la protecciÃ³n de la informaciÃ³n clasificada generada o intercambiada entre las Partes, o por personas fÃsicas o jurÃdicas bajo la jurisdicciÃ³n de cualquiera de las Partes. La firma del Acuerdo contribuirÃ¡ a la preservaciÃ³n de los intereses de EspaÃ±a en sus relaciones internacionales, pues estas exigen a veces el intercambio de informaciÃ³n que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificaciÃ³n y estar sometida a procesos especiales de utilizaciÃ³n y manejo para preservar esa integridad. En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricaciÃ³n, montaje o suministro, implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales, por lo que se hace necesario establecer normas con arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esas informaciones clasificadas. El presente Acuerdo constituye, por tanto, un instrumento jurÃdico esencial que favorecerÃ¡ el desarrollo de la industria espaÃ±ola de la Defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÃ‰REO CON ARABIA SAUDÃ El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisiÃ³n a las Cortes Generales del Acuerdo sobre Transporte AÃ©reo entre el Reino de EspaÃ±a y el Reino de Arabia SaudÃ, y se autoriza la manifestaciÃ³n del consentimiento de EspaÃ±a para obligarse por dicho acuerdo. El Acuerdo sobre Transporte AÃ©reo entre el Reino de EspaÃ±a y el Reino de Arabia SaudÃ, fue rubricado durante la conferencia sobre negociaciones de servicios aÃ©reos de la OrganizaciÃ³n de AviaciÃ³n Civil Internacional (OACI) celebrada en Bali, Indonesia, el 21 de noviembre de 2014, y se terminÃ³ de negociar en Madrid el 26 de marzo de 2018, con el fin de actualizar el marco legal que proporciona cobertura a los enlaces aÃ©reos entre ambos paÃses, adecuÃ¡ndolo a la normativa comunitaria. Recoge la fÃ³rmula habitual de este tipo de convenios bilaterales sobre servicios aÃ©reos y recoge en su articulado las clÃ¡usulas que la OACI recomienda incluir en este tipo de acuerdos a sus Estados miembros. Al tratarse de un Acuerdo de competencia mixta entre EspaÃ±a y la UniÃ³n Europea (UE), para la conclusiÃ³n del mismo se han cumplido todos los preceptos del Reglamento (CE) NÂº 847/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la negociaciÃ³n y aplicaciÃ³n de acuerdos de servicios de transporte aÃ©reo entre Estados miembros y paÃses terceros, al incluir en su articulado los principios y clÃ¡usulas estÃ¡ndares establecidos y exigidos por la UE. La ComisiÃ³n Europea ha dado su conformidad para que EspaÃ±a suscriba este Acuerdo. La firma del presente Acuerdo tuvo lugar en Madrid, el 12 de abril de 2018, con motivo de la visita del PrÃncipe heredero de Arabia SaudÃ, Mohammed bin Salman a nuestro paÃs, previa autorizaciÃ³n del Consejo de Ministros el 6 de abril de 2018. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n PROTOCOLO DE APLICACIÃ“N DEL ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y MONTENEGRO SOBRE LA READMISIÃ“N DE PERSONAS QUE RESIDEN SIN AUTORIZACIÃ“N El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la manifestaciÃ³n del consentimiento de EspaÃ±a para obligarse por el Protocolo entre el Gobierno del Reino de EspaÃ±a y el Gobierno de Montenegro de aplicaciÃ³n del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la RepÃºblica de Montenegro sobre la readmisiÃ³n de personas que residen sin autorizaciÃ³n y se dispone su posterior remisiÃ³n a las Cortes Generales. Las autoridades montenegrinas competentes en la materia comunicaron a principios del aÃ±o 2014 su deseo de suscribir con EspaÃ±a este Protocolo de AplicaciÃ³n, presentando para ello un borrador de texto. Una vez iniciadas las negociaciones y tras un intercambio de observaciones quedÃ³ acordado el texto de forma definitiva. El Consejo de Ministros, en su reuniÃ³n del dÃa 3 de julio de 2015, autorizÃ³ la firma del Protocolo y esta se ha llevado a cabo en Podgorica el 17 de diciembre de 2018. Los firmantes fueron el Ministro del Interior de la RepÃºblica de Montenegro, Sr. Mevludin NuhodÅ¾ić y el Embajador del Reino de EspaÃ±a, Sr. D. Miguel Fuertes SuÃ¡rez. El Protocolo trata de facilitar la repatriaciÃ³n de aquellas personas que se encuentran irregularmente en el territorio de cada una de las Partes, sobre la base de la reciprocidad y respetando las obligaciones y garantÃas contempladas tanto en las legislaciones nacionales internas, como en los Convenios internacionales. En este sentido, el fundamento jurÃdico de este Protocolo de AplicaciÃ³n se encuentra en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la RepÃºblica de Montenegro sobre readmisiÃ³n de residentes ilegales, hecho en Bruselas el 8 de noviembre de 2007", publicado en el DOUE L 334/35, de 19 de diciembre de 2007. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n DECLARACIÃ“N DE ACEPTACIÃ“N POR ESPAÃ‘A DE LA ADHESIÃ“N DE ANDORRA Y DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÃ“N DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la DeclaraciÃ³n de aceptaciÃ³n por EspaÃ±a de la adhesiÃ³n del Principado de Andorra y la RepÃºblica Federativa de Brasil al Convenio sobre la obtenciÃ³n de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisiÃ³n a las Cortes Generales. El Convenio de la Conferencia de La Haya de 18 de marzo de 1970, fue firmado por EspaÃ±a el 21 de octubre de 1976 y ratificado el 22 de mayo de 1987, entrando en vigor para nuestro paÃs el 21 de julio de 1987. El propÃ³sito esencial que se persigue con el Convenio es facilitar la prÃ¡ctica de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, mediante una ordenaciÃ³n de las comisiones rogatorias y la ejecuciÃ³n de otras actuaciones judiciales, ampliando las facultades de los representantes diplomÃ¡ticos y consulares. El Convenio quedÃ³ abierto a la firma de los Estados representados en el 11Âº periodo de sesiones de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. El artÃculo 39 establece que todo Estado no representado en dicho periodo de sesiones que fuere Miembro de la Conferencia, o de las Naciones Unidas o de un Organismo especializado de las Naciones Unidas, o que fuere Parte en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, puede adherirse al Convenio despuÃ©s de su entrada en vigor general. SegÃºn dicho precepto, el Convenio entrarÃ¡ en vigor, para el Estado adherido, a los sesenta dÃas del depÃ³sito de su instrumento de adhesiÃ³n, pero solo surtirÃ¡ efecto en las relaciones entre dicho Estado y los Estados contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesiÃ³n. Andorra presentÃ³ su adhesiÃ³n a este Convenio el 26 de abril de 2017. Con esa misma fecha, formulÃ³ una Reserva (solo aceptarÃ¡ las comisiones rogatorias redactadas en catalÃ¡n, espaÃ±ol o francÃ©s o acompaÃ±adas de su traducciÃ³n a alguna de esas lenguas) y cinco Declaraciones relativas a la designaciÃ³n de la autoridad central a efectos del Convenio, al Ã¡mbito de autorizaciÃ³n y a la no ejecuciÃ³n de las comisiones rogatorias cuyo objeto sea el procedimiento conocido en los Estados del Common Law con la denominaciÃ³n de "pre-trial Discovery of documents". Por su parte, Brasil presentÃ³ su adhesiÃ³n a este Convenio el 9 de abril de 2014. Asuntos Exteriores, UniÃ³n Europea y CooperaciÃ³n ACUERDO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LAS ENMIENDAS AL ANEXO DEL CONVENIO CONTRA EL DOPAJE DEL CONSEJO DE EUROPA El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje del Consejo de Europa. El Convenio contra el dopaje se firmÃ³, en el seno del Consejo de Europa, el 16 de noviembre de 1989, entrando en vigor el 1 de marzo de 1990. Su objetivo es la reducciÃ³n y posterior eliminaciÃ³n del dopaje en el deporte. En la actualidad son Partes en este Convenio 52 Estados. EspaÃ±a lo firmÃ³ ad referendum el 16 de noviembre de 1989 y lo ratificÃ³ el 20 de mayo de 1992, encontrÃ¡ndose en vigor para nuestro paÃs desde el 1 de julio de 1992. El Convenio contiene un Anexo que incluye la lista de las sustancias y de los mÃ©todos de dopaje prohibidos. Esta lista se actualiza anualmente por el Grupo de Seguimiento, previsto en el artÃculo 10 del Convenio, encargado de realizar las necesarias revisiones en esta materia en constante evoluciÃ³n. En su 49.Âª reuniÃ³n celebrada en Estrasburgo el 30 de octubre de 2018, el Grupo de Seguimiento presentÃ³, en virtud del artÃculo 11.1.b del Convenio, una versiÃ³n enmendada del mismo que contiene la lista de sustancias y mÃ©todos prohibidos de 2019. Entre las sustancias prohibidas se encuentran los agentes anabolizantes, las hormonas peptÃdicas, factores de crecimiento y sustancias afines y mimÃ©ticos; tambiÃ©n los beta-2 agonistas, selectivos y no selectivos, incluidos todos sus isÃ³meros Ã³pticos, excepto el salbutamol, el formoterol y el salmeterol inhalados; se prohÃben igualmente los moduladores de hormonas y del metabolismo, los diurÃ©ticos y agentes enmascarantes. Los mÃ©todos que se prohÃben se relacionan con la manipulaciÃ³n de la sangre o de los componentes sanguÃneos, la manipulaciÃ³n quÃmica y fÃsica y el dopaje genÃ©tico y celular. AdemÃ¡s de las sustancias y mÃ©todos indicados anteriormente, en competiciÃ³n se prohÃben los estimulantes, narcÃ³ticos, cannabinoides y glucocorticoides. Para determinados deportes tambiÃ©n estarÃ¡n prohibidos los betabloqueantes. Fomento AUTORIZADA LA LICITACIÃ“N DE LAS OBRAS DE EJECUCIÃ“N DE 4 NUEVAS VÃAS EN LA TERMINAL DE MERCANCÃAS MADRID-VICÃLVARO El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a travÃ©s de Adif, el contrato de obras para la ejecuciÃ³n de cuatro nuevas vÃas, aptas para trenes de 750 m, para la recepciÃ³n y expediciÃ³n de trenes y un nuevo enclavamiento electrÃ³nico en el haz tÃ©cnico sur de la terminal ferroviaria de mercancÃas Madrid-VicÃ¡lvaro. Estas actuaciones, licitadas por importe de 22.973.187,4 euros y con un plazo de ejecuciÃ³n de 18 meses, forman parte de la subfase 1A (dentro de la Fase 1) del proyecto global de remodelaciÃ³n de la terminal Madrid-VicÃ¡lvaro, encaminado a la actualizaciÃ³n de las instalaciones existentes. Con dicha remodelaciÃ³n se pretende modificar la funcionalidad de la terminal, que actualmente es una estaciÃ³n de regulaciÃ³n y clasificaciÃ³n, y que pasarÃ¡ a ser una instalaciÃ³n intermodal destinada a la carga y descarga de Unidades de Transporte Intermodal (UTI), con un diseÃ±o acorde con las tendencias actuales en la gestiÃ³n de terminales de mercancÃas. La Fase 1 de la remodelaciÃ³n global de la terminal logÃstica contempla, por un lado, el desarrollo de un grupo de 18 vÃas que permitan el tratamiento de trenes de 750 metros en el haz sur y, por otro, la construcciÃ³n de un mÃ³dulo intermodal con cuatro vÃas de carga y descarga aptas para trenes de 750 metros, asÃ como una losa de hormigÃ³n de transbordo. Dada la envergadura y el importe de esta remodelaciÃ³n, el proyecto constructivo de la Fase 1 se ha dividido en 4 subfases, que se licitarÃ¡n de manera independiente, de modo que la remodelaciÃ³n pueda realizarse manteniendo la operativa actual en la terminal y que las inversiones puedan adecuarse a la capacidad presupuestaria de cada momento. La subfase 1A, donde se enmarca este contrato licitado, constituye la primera de las actuaciones contempladas en la remodelaciÃ³n global de la terminal ferroviaria, cuyos principales objetivos son los siguientes: Promover la integraciÃ³n logÃstica y la potenciaciÃ³n del transporte ferroviario en la red ferroviaria espaÃ±ola. Mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el uso del transporte ferroviario de mercancÃas, permitiendo la operativa de trenes de mayor longitud. Optimizar las infraestructuras en los nodos de conexiÃ³n, priorizando los nodos estratÃ©gicos, en concreto el nodo de Madrid. Red estratÃ©gica de terminales intermodales Adif, dentro de su nueva orientaciÃ³n estratÃ©gica, aspira a conseguir un modelo de negocio sostenible, con un objetivo estratÃ©gico de incrementar la cuota de transporte de mercancÃas y su integraciÃ³n con otros modos de transporte, poniendo en valor sus activos y ofertando unas infraestructuras de calidad que den respuesta a las necesidades de transporte de la sociedad y el conjunto de sus grupos de interÃ©s. Por este motivo, Adif estÃ¡ trabajando, en cooperaciÃ³n con el Ministerio de Fomento y las comunidades autÃ³nomas, en el desarrollo de una red estratÃ©gica de terminales intermodales. En este contexto, el nodo de Madrid es uno de los puntos estratÃ©gicos del mapa logÃstico de EspaÃ±a y el que articula toda la red de distribuciÃ³n de mercancÃas en el paÃs, sirviendo de conexiÃ³n entre los corredores MediterrÃ¡neo y AtlÃ¡ntico. Para dar servicio a la demanda prevista de transporte ferroviario de mercancÃas, con la implantaciÃ³n del ancho estÃ¡ndar en dichos corredores, serÃ¡ necesario disponer de terminales ferroviarias intermodales interoperables en los mismos, donde se puedan prestar servicios de calidad. La terminal de Madrid-VicÃ¡lvaro es, dentro de esta coyuntura, la de mayor potencial, ya que se sitÃºa en el nodo articulador de ambos corredores, dispone de infraestructuras ya construidas (que hay que adaptar para hacerlas interoperables) y cuenta con terreno suficiente para su ampliaciÃ³n. El proyecto, que ya ha sido presentado a los principales actores del sector logÃstico en EspaÃ±a, se ha dividido en tres fases que permitirÃ¡n la adaptaciÃ³n de la terminal progresivamente de acuerdo al crecimiento de los trÃ¡ficos y la actividad llevada a cabo en la misma, con lo que se consigue una mayor racionalidad y adecuaciÃ³n del gasto conforme a las necesidades y recursos disponibles de cada momento. Para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica AUTORIZADO EL TRASPASO DE 2.400.000 EUROS DESDE EL SEGUNDO TRAMO DEL FONDO ESPAÃ‘OL DE CARBONO AL FONDO FIDUCIARIO DE ASISTENCIA TÃ‰CNICA PARA PROYECTOS DE CARBONO EN EL BANCO MUNDIAL El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la aportaciÃ³n de 2.400.000 euros en la iniciativa "Nueva GeneraciÃ³n de Instrumentos de Mercado" del Banco Mundial para la promociÃ³n global del mercado de carbono. Entre los objetivos perseguidos con esta iniciativa se encuentra la promociÃ³n del mercado de carbono y el ensayo de nuevas fÃ³rmulas de financiaciÃ³n climÃ¡tica que permitan la consecuciÃ³n de acciones adicionales de reducciÃ³n de gases de efecto invernadero en terceros paÃses y fomenten la consecuciÃ³n de los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climÃ¡tico. El Acuerdo de ParÃs brinda una oportunidad para desarrollar un nuevo mercado, basado en enfoques de cooperaciÃ³n voluntaria, que favorezcan la acciÃ³n climÃ¡tica a nivel global. Estos enfoques abarcan una amplia diversidad de acciones climÃ¡ticas vinculadas a la promociÃ³n de programas de reducciÃ³n de emisiones que podrÃ¡n contribuir al cumplimiento de los compromisos presentados por los paÃses (Contribuciones Nacionales Determinadas). La iniciativa "Nueva GeneraciÃ³n de Instrumentos de Mercado" busca explorar el desarrollo de metodologÃas y tecnologÃas innovadoras, que permitan traducir estas acciones climÃ¡ticas en activos definidos y comparables, de modo que puedan ser intercambiados internacionalmente. El objetivo es desarrollar una infraestructura comÃºn y eficiente sobre la que se apoyen las transacciones del futuro mercado de carbono. EspaÃ±a tiene una extensa experiencia de colaboraciÃ³n con la Unidad de Finanzas de Carbono del Banco Mundial. El Banco Mundial mantiene una estrategia decidida en materia de cambio climÃ¡tico, apostando por el liderazgo temprano en el futuro inminente de los mercados de carbono. Para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica DECLARACIÃ“N DE EXCLUSIÃ“N DEL TRÃMITE DE EVALUACIÃ“N AMBIENTAL PARA LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÃ“N DE LAS PLAYAS DE S"ILLOT, CANYAMEL Y S"ESTANYOL POR LOS DAÃ‘OS CAUSADOS POR LAS RIADAS DE OCTUBRE DE 2018 EN LA PROVINCIA DE MALLORCA El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se declaran excluidas del trÃ¡mite de evaluaciÃ³n ambiental las actuaciones de regeneraciÃ³n de las playas de S"Illot, Canyamel y S"Estanyol englobadas en las obras de emergencia para la reparaciÃ³n de los daÃ±os causados por las riadas de octubre de 2018 en la provincia de Mallorca, Illes Balears. Antecedentes De acuerdo con lo establecido en el artÃculo 120 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PÃºblico, en la reuniÃ³n del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018 se dio cuenta a dicho Ã³rgano de las obras de emergencia para hacer frente a los acontecimientos catastrÃ³ficos producidos por los temporales que tuvieron lugar en diversas provincias espaÃ±olas en octubre de 2018. Dichas obras de emergencia, entre ellas las correspondientes a la provincia de Mallorca, fueron autorizadas por ResoluciÃ³n de 6 de noviembre de 2018, del secretario de Estado de Medio Ambiente. RÃ©gimen JurÃdico y justificaciÃ³n de la exclusiÃ³n Para poder acometer enteramente las obras de emergencia correspondientes a la provincia de Mallorca, debe hacerse uso de la previsiÃ³n contemplada en el artÃculo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciÃ³n ambiental. Dicho artÃculo establece la posibilidad de que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ã³rgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluya del procedimiento de evaluaciÃ³n ambiental, un determinado proyecto cuando su aplicaciÃ³n pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. Por su carÃ¡cter de obras de emergencia, resulta necesario iniciar los trabajos a la mayor brevedad, lo que motiva la necesidad de su exclusiÃ³n de la tramitaciÃ³n ordinaria de la evaluaciÃ³n ambiental, que harÃa retrasar su inicio. Objeto El Ministerio para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica, a travÃ©s de la DirecciÃ³n General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha considerado que concurren los motivos excepcionales que justifican la realizaciÃ³n de las obras de emergencia de la provincia de Mallorca a las que se refiere este Acuerdo y su exclusiÃ³n del trÃ¡mite de evaluaciÃ³n de impacto ambiental para las obras. No obstante se han incluido en el Acuerdo una evaluaciÃ³n de efectos previsibles sobre el medio y las eventuales medidas necesarias para moderarlos y corregirlos, asÃ como previsiones en relaciÃ³n al seguimiento ambiental de los trabajos. Las obras a realizar para reparar los daÃ±os del temporal que se excluyen del trÃ¡mite de evaluaciÃ³n ambiental, son las siguientes: Playa de S"Estanyol: situada en el extremo sur de la bahÃa de Alcudia, pertenece al municipio de ArtÃ¡. Es una playa seminatural de 35 metros de longitud y 30 metros de ancho. Se procederÃ¡ a la regeneraciÃ³n de la playa con un volumen estimado de mÃ¡ximo de 2.000 m3, dragando la arena que fue desplazada mar adentro y a la limpieza de restos. Playa de Canyamel: situada en la costa del levante de la isla de Mallorca, pertenece al municipio de Capdepera. Es una playa urbana de 300 metros de longitud y 80 metros de ancho. Se procederÃ¡ a la regeneraciÃ³n de la playa, con un volumen estimado de mÃ¡ximo de 10.000 m3, dragando la arena que fue desplazada mar adentro. Adicionalmente, se realizarÃ¡ una serie de trabajos secundarios destinados a arreglar o subsanar desperfectos causados por las lluvias torrenciales tales como la reparaciÃ³n de la pasarela de madera y la limpieza de restos. Playa de S"lllot: situada en la costa del levante de la isla de Mallorca, pertenece al municipio de Manacor, aunque estÃ¡ en el nÃºcleo urbano de S"lIlot, que linda con el tÃ©rmino municipal de Sant LlorenÃ§ des Cardassar. Es una playa urbana de 350 metros de longitud y 35 metros de ancho. Se procederÃ¡ a la regeneraciÃ³n de la playa, con un volumen estimado de mÃ¡ximo de 15.000 m3, dragando la arena que fue desplazada mar adentro, realizÃ¡ndose una serie de trabajos secundarios destinados a arreglar o subsanar desperfectos causados por las lluvias torrenciales, tales como la reparaciÃ³n de muro y el paseo del margen derecho junto a desembocadura, la reparaciÃ³n del forro de piedra en el cauce del torrente, y la limpieza de restos. EvaluaciÃ³n alternativa y medidas propuestas La evaluaciÃ³n de los efectos previsibles en el medio diferencia entre la fase de obra y la de funcionamiento, y tiene en cuenta las siguientes variables ambientales del medio que pudieran verse afectadas: medio inerte, medio biÃ³tico, infraestructuras, espacios naturales, paisaje, socioeconomÃa y patrimonio arqueolÃ³gico. A su vez, las medidas de protecciÃ³n ambiental propuestas para minimizar el impacto de las obras pueden clasificarse como medidas moderadoras (integradas en el mismo proyecto y que actÃºan desde el momento inicial) o correctoras (que entran en funcionamiento cuando se detectan impactos no deseables y se dirigen a anular, atenuar, corregir o modificar los efectos derivados del proyecto). Por otro lado, tambiÃ©n se prevÃ© un seguimiento ambiental formado por un programa de vigilancia ambiental, que contemplarÃ¡ el seguimiento y control de diversos aspectos de la obra, a fin de comprobar la efectividad de las medidas moderadoras y correctoras, el seguimiento de los impactos previstos y la proposiciÃ³n, en caso necesario, de nuevas medidas, asÃ como de una red de vigilancia ambiental Dada la naturaleza de las obras, las medidas moderadoras y correctoras y el seguimiento ambiental propuesto, se considera que la actuaciÃ³n no producirÃ¡ impactos ambientales significativos. Para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica EL GOBIERNO PROPONE LOS NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR El Consejo de Ministros ha acordado comunicar al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramientos como consejeras y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de Elvira Romera GutiÃ©rrez, MÂª Pilar Lucio Carrasco, Francisco CastejÃ³n MagaÃ±a y Josep MÂª Serena i Sender. Las propuesta cumple con las pautas establecidas en el ArtÃculo 5 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear por el que "el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serÃ¡n designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnologÃa, protecciÃ³n radiolÃ³gica y del medio ambiente, medicina, legislaciÃ³n o cualquier otra conexa con las anteriores, asÃ como en energÃa en general o seguridad industrial, valorÃ¡ndose especialmente su independencia y objetividad de criterio". CURRICULA Elvira Romera GutiÃ©rrez CatedrÃ¡tica de FÃsica AtÃ³mica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestiÃ³n desarrollada desde 1992. Desde noviembre de 2014, es directora del Instituto Universitario de InvestigaciÃ³n Carlos I de FÃsica TeÃ³rica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su ComisiÃ³n de InvestigaciÃ³n y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de AndalucÃa. MÂª Pilar Lucio Carrasco Licenciada en Ciencias PolÃticas y SociologÃa por la Universidad Complutense de Madrid y master en ConsultorÃa EstratÃ©gica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y AdministraciÃ³n PÃºblica por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio ClimÃ¡tico y Sostenibilidad del PSOE, especializÃ¡ndose en regulaciÃ³n energÃ©tica y en particular, en la regulaciÃ³n de la seguridad nuclear y de la protecciÃ³n radiactiva. Actualmente es la portavoz de EnergÃa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, impulsando numerosas iniciativas relacionadas con el sector energÃ©tico, el buen gobierno y la transparencia en los organismos reguladores. Francisco CastejÃ³n MagaÃ±a Es doctor en FÃsica por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones EnergÃ©ticas, Medioambientales y TecnolÃ³gicas) fue cientÃfico titular desde 2004 hasta 2015, aÃ±o en que pasÃ³ a ocupar la posiciÃ³n de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de TeorÃa de FusiÃ³n y lÃder del proyecto "Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Josep MÂª Serena i Sender Es doctor en IngenierÃa Industrial por la Escuela TÃ©cnica Superior de IngenierÃa Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en IngenierÃa y GestiÃ³n Ambiental por la Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y EnergÃa, SL, y anteriormente ostentÃ³ diversos cargos en el Ãrea Metropolitana de Barcelona y en la CorporaciÃ³ Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la ComisiÃ³n de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya. PROCEDIMIENTO El Gobierno, con carÃ¡cter previo al nombramiento, pondrÃ¡ en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de los candidatos propuestos, para que pueda disponer su comparecencia ante la ComisiÃ³n para la TransiciÃ³n EcolÃ³gica y Ã©sta se pronuncie sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses. El Congreso, a travÃ©s de esta ComisiÃ³n y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, manifestarÃ¡ su aceptaciÃ³n o veto razonado en el plazo de un mes natural, a contar desde la recepciÃ³n de la correspondiente comunicaciÃ³n. Transcurrido dicho plazo, si no se ha producido manifestaciÃ³n expresa de la CÃ¡mara Baja, se entenderÃ¡n aceptados los nombramientos propuestos. El perÃodo de permanencia en el cargo serÃ¡ de seis aÃ±os, pudiendo ser designados, mediante el mismo procedimiento, como mÃ¡ximo para un segundo perÃodo de seis aÃ±os. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de setenta aÃ±os.