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El juez Castro prepara ya el cierre del caso Nóos con la infanta Cristina como acusada

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José Castro no cambia de opinión. Tampoco en la recta final del caso Nóos. El juez, al menos hasta ahora, sigue convencido de que no hay argumentos para sacar de esta causa a la infanta Cristina y, por tanto, continúa dispuesto a sentar en el banquillo de los acusados a la hija menor del rey por mucho que la Fiscalía y Hacienda se nieguen a acusarla. Todas las fuentes consultadas apuntan a que el titular del Juzgado 3 de Palma de Mallorca está a punto de poner punto y final a la instrucción que comenzó en noviembre del 2011 y ya trabaja en la redacción de un auto de transformación en procedimiento abreviado en el que seguirá figurando el nombre de Cristina de Borbón.

La declaración de Cristina de Borbón se parapetó en decenas de evasivas para no responder a las preguntas más espinosas del magistrado, no ha hecho más que reafirmar la intención de Castro de mantenerla como imputada.

Cristina de Borbón, y ahí va a ser estar la clave para mantener su imputación, admitió, al menos en dos ocasiones, saber que Aizoon, la inmobiliaria fantasma del matrimonio que no tenía actividad alguna y sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros de dinero público, en realidad fue una sociedad que se creó para camuflar y tributar a un tipo menor en el impuesto de sociedades el sueldo que su esposo recibía por el asesoramiento a firmas multinacionales, remuneración que tenía que haber declarado en su IRPF. La hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía, a preguntas del juez, dijo que su marido creó «Aizoon para canalizar sus ingresos profesionales».

O sea, para facturar a la compañía «los trabajos profesionales que él realizaba en esa época de asesoramiento, consultoría, eventos deportivos y actos de alto nivel científico deportivo, siempre de carácter deportivo». Cuando Castro le repreguntó si Aizoon se usaba para canalizar «ingresos procedentes de servicios personales de su esposo o ingresos derivados de actividades que producía Aizoon», la infanta insistió: «Entiendo que de sus ingresos profesionales».

Con estos mimbres, el magistrado está convencido de poder sostener una acusación contra Cristina de Borbón como cómplice o colaboradora necesaria en dos de los tres delitos fiscales que Anticorrupción y la Agencia Tributaria atribuyen a Urdangarin, los que cometió por su IRPF en el 2007 y el 2008. O lo que es lo mismo, considerar a la infanta elemento imprescindible en el engranaje de su marido para defraudar a través de Aizoon.

Cómplice de los delitos fiscales de Urdangarin

Según Hacienda, en el 2007, Aizoon ingresó 645.453 euros y en el 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros. El dinero que entraba en la empresa, siempre de acuerdo a la Agencia Tributaria, era en realidad el sueldo que Urdangarin recibía como consejero de empresas. Y, sin embargo, Urdangarin, pero también su socia en Aizoon, según la tesis de Castro, endosaron esos ingresos a la inmobiliaria para pagar menos impuestos. Y a sabiendas de que en realidad eran «servicios» que prestaba Urdangarin a empresa con «carácter personalísimo».

La idea de Castro de acusar a Cristina de Borbón como cómplice de los delitos fiscales de su esposo está «muy reflexionada», explican fuentes cercanas a la investigación. Imputarla como «cooperación necesaria» en los otros ilícitos a los que se enfrenta Urdangarin -malversación, prevaricación o fraude a la Administración- era una posibilidad que ya descartó la Audiencia de Palma en la primavera del 2013, cuando suspendió la primera declaración de la infanta.

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