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EL PSOE Y A PRESIDENTA DE A JUNTA DEBEN HACER LIMPIEZA A FONDO EN ANDALUCÍA

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Primero fue la detención del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, al que la policía atribuye un fraude de 50 millones de euros por los cursos de formación y que se encuentra en libertad con cargos. A este nuevo escándalo que golpeaba a la Junta de Andalucía le ha seguido esta semana la elevación al Tribunal Supremo por la jueza Mercedes Alaya de la parte del sumario del caso de los ERE fraudulentos que afecta a nueve aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pese a la extrema gravedad de ambos hechos la presidenta andaluza, Susana Díaz, no ha dado la cara hasta el momento.

Contra Sánchez por elevación

El PP le ha exigido que comparezca en el parlamento andaluz para dar explicaciones y ha disparado por elevación contra el nuevo secretario general delos socialistas, Pedro Sánchez, a quien pide que obligue a Díaz a hacerlo si es que, como ha dicho, quiere ser implacable con la corrupción, especialmente con la que afecta a miembros de su partido. Lo cierto es que el hecho de que dos ex presidentes andaluces y del propio PSOE vayan a ser investigados por el Tribunal Supremo es un serio contratiempo para Díaz y Sánchez, las dos personas que controlan ahora mismo el partido.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, avisó ayer que «si la estrategia de la presidenta de la Junta es seguir escondida y seguir agazapada sin dar explicaciones en el Parlamento, la corrupción se la va a terminar comiendo y terminará utilizando la misma salida de emergencia de sus antecesores». El dirigente popular anunció que su grupo ha registrado su tercera solicitud de convocatoria de pleno extraordinario para que Díaz comparezca de forma inmediata y aclare su «nivel de implicación en este asunto», que es «alto y grave». Rojas insistió en que no puede permanecer «impasible» mientras hay dos expresidentes «señalados» en el Tribunal Supremo, porque si no hace nada al respecto ella misma «quedará señalada» y «los ERE serán su testamento político».

Para Rojas, Díaz está en la «orla» de los ERE, por haber permanecido durante años en la «sala de máquinas» del PSOE en la provincia de Sevilla y como consejera de la Presidencia de la Junta. Otro portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, criticó también que Díaz «no diga ni pío» y no dé explicaciones sobre el caso «a pesar de estar apadrinada» por Chaves y Griñán. Aseguró que si la jueza Alaya cree «imposible» que ambos no supieran nada de los ERE, «yo me atrevería a decir que es imposible también que la señora Díaz no sepa nada».

La secretaria de Formación del PSOE, Estefanía Martín Palop, dijo ayer que «quien lo haya hecho, que lo pague» y que la justicia «tiene que perseguir a los culpables de este caso y recuperar el dinero que a Andalucía se le ha quitado». Asimismo reclamó «celeridad» a la justicia en un caso que lleva tres años y medio abierto y recordó que en él no hay «ningún aforado imputado».

La reacción de Izquierda Unida, que gobierna en coalición con los socialistas en Andalucía, fue proponer una comisión parlamentaria de la verdad para aclarar e investigar políticamente todos los casos de corrupción del país, entre ellos el de los ERE fraudulentos «Desde Gürtel a los ERE, desde la formación hasta los escándalos del gobierno gallego con esos amigos impresentables, desde el caso Borbón al caso Pujol, todo ese tiene que ser aclarado e investigado políticamente, no solo judicialmente», señaló José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural en el Congreso. «No puede haber credibilidad de futuro para esta democracia si no se investiga el pasado», manifestó.

Chaves, contra Alaya

Por su parte, Manuel Chaves aseguró que «no tenía confianza en la manera en que se estaba haciendo la instrucción» del caso de los ERE por parte de la jueza Mercedes Alaya, que calificó como «subjetiva y muy discutible». El expresidente de Andalucía afirmó que «no tenía ninguna razón para retener tanto tiempo» el caso en su poder «cuando había suficientes razones» para enviarlo al Supremo. Por ello, celebró que lo haya hecho finalmente para poder salir del «limbo jurídico» en el que estaba desde septiembre del 2013 y «defenderse». Además, reiteró que quiere declarar de manera «voluntaria» ante el Alto Tribunal si este asume las competencias.

El vicesecretario general del PP, Carlos Floriano, tachó de «ejercicio de hipocresía sin precedentes» que Chaves y Griñán hayan expresado su deseo de comparecer voluntariamente ante el Supremo.

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