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DE LA SERNA, UN ALCALDE QUE NO RESPETA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

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EL ALCALDE DE SANTANDER, Íñigo de la Serna, ha demostrado que es incompatible con la libertad de información al actuar -según se ha denunciado- contra la publicacion "Gente de Cantabria" evitando su circulación libre con el fin de evitar una información sobre su despilfarro económico en cargos de confianza y protocolo, en un momento en el que la ciudadanía suporta una crisis intolerable y, además, el Ayuntamiento de Santander ha subido los impuestos, algunos como el IBI, a porcentajes intolerables.

No hace falta decir, como introducción de los hechos denunciados, que los grandes líderes, los cargos que proyectan honradez personal y política, son las que se definen por su respeto a un derecho esencial: el de información que ejercido pone de manifiesto el respeto a la emisión libre de opiniones e informaciones. Sería conveniente que tomase nota, ya que los hechos -que se pasan a narrar- nos parecen propios de personas con afanes totalitarios. Vean lo denunciado:

La actuación de la Policía Local de Santander el pasado fin de semana, impidiendo la libre distribución del semanario gratuito ‘Gente Cantabria’, no fue un hecho puntual o casual. Los agentes seguían, al parecer, instrucciones que procedían directamente de la Alcaldía. La empresa editora del gratuito, que ha denunciado los hechos, espera que se abra una investigación judicial para determinar las responsabilidades ante lo que considera un intento de coartar derechos y libertades públicas reconocidas por la Constitución Española.

La denuncia de la empresa editora de ‘Gente Cantabria’, presentada el pasado viernes en la Comisaría de Policía, hace mención expresa al incidente ocurrido en la calle Jesús de Monasterio, donde dos personas, que se identificaron como Policías locales y que no vestían de uniforme, abordaron a uno de los jóvenes que desde hace meses vienen distribuyendo en mano ‘Gente Cantabria, y sin problemas alguno, por las calles de Santander y también en Torrelavega. Los dos agentes comunicaron de palabra, sin presentar ningún escrito ni hacer referencia alguna a que precepto legal se acogían, la prohibición de distribuir el periódico en la vía pública y procedieron a ‘secuestrar’ los ejemplares que el empleado de la editora distribuía.

NO ES EL PRIMER INCIDENTE

Con ser el incidente más grave, no es lr primero que se produce y del que es víctima ‘Gente Cantabria’. Desde hace semanas personas no identificadas recorren los puntos fijos de distribución del sumario y retirando los ejemplares expuestos. Esta actuación coincide, casi siempre, con la aparición de informaciones exclusivas que afectan a actuaciones del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, o del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ambos del PP. En el último número, el ‘secuestrado’ por los dos supuestos policías Locales, aparece en portada un informe sobre el desmesurado gasto que el alcalde de Santander realiza en sueldos de concejales, asesores y otros cargos de confianza.

En el mismo número ya se hacía mención a otras actuaciones contra el semanario y denunciadas por sus lectores. Y es que la persecución contra ‘Gente Cantabria’ por personas desconocidas se venía produciendo ya en centros oficiales, tanto dependientes del Gobierno regional como del Ayuntamiento de Santander -ambulatorios, hospitales, oficinas, centros de mayores, etcétera-. “Los ‘hombres de negro’ recorren cada viernes los puntos de
entrega de este semanario y retiran todos los ejemplares que pueden”, se podía leer en el último número de ‘Gente Cantabria’.

En esa información se recordaba que no es la primera vez que un medio de comunicación es objeto de “persecución por políticos disconformes con la línea editorial del medio en cuestión. Pero quizás nunca se había hecho de forma tan sistemática y continuada en el tiempo”, señalaba. En esta información, que acompaña la denuncia de un lector, se añadía que “contra el derecho de los ciudadanos a ser informados en libertad ya actuaron anteriormente otros políticos de la derecha regional. Pero entonces no existían las redes sociales ni Internet y la censura surtía efecto. Ahora solo sirve para revelar la catadura política de quienes ordenan esas prácticas. Aviso: Ni nos van a callar, ni nos van a parar”, concluía su comentario-denuncia el semanario.

DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS
Tras la denuncia de la empresa editora la justicia deberá investigar quienes han sido los responsables de los hechos, quien los ha ordenado y si con constitutivos de un presunto delito contra la Constitución. El artículo 20 de la Carta Maga fija claramente los derechos fundamentales y libertades públicas entre los que se recoge el de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Las Constitución Española de 1978 deja claro que el “ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”, lo que no parecer ser el caso de lo sucedido con ‘Gente Cantabria’ el pasado viernes.

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