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EMPRESARIOS CATALANES PREGUNTAN SOBRE EL COSTE DE LA INDEPENDENCIA

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SON PREGUNTAS NECESARIAS  que no se pueden dejar para otro momento. Cara al 27-S el presidente Artur Mas debería explicar coste los costos de la independencia.

Es lo que ha hecho el presidente de la Cambra de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, quien ha apuntado este miércoles a la "preocupación" del empresariado ante el proceso soberanista y por lo que pasará al día siguiente del 27-S. Valls ha instado, pues, a las fuerzas que defienden la ruptura con España a explicar "los costes" de la independencia y a presentar propuestas económicas "claras".

"Existe una preocupación importante por parte de algunas empresas sobre el resultado económico de estos procesos electorales", ha afirmado Valls, en referencia al 27-S, durante la presentación del último informe de coyuntura de la Cambra de Comercio. Valls ha urgido a los partidos que se presentan a las elecciones a presentar propuestas que detallen los efectos de sus programas políticos en la economía de Catalunya, especialmente aquellos que defienden la independencia.

"Esto se tendría que producir a lo largo de las próximas semanas", ha reclamado, porque es algo que consideran "fundamental". Valls ha sentenciado: "Los costes de la transición presentan muchas incógnitas".

ACTITUD DEL EMPRESARIADO

«No pensábamos que iba en serio». Esta frase de Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, resume a la perfección el silencio, para algunos cómplice, de los empresarios ante la deriva del desafío independentista de Artur Mas en los últimos años. Ya se sabe que la principal preocupación de las empresas es su cuenta de resultados, y por eso tratan de evitar interferencias en la vida política que puedan alterar su actividad normal. Mientras la efervescencia soberanista se mantenía en el terreno de las declaraciones, los empresarios han preferido hacer oídos sordos, a la espera de que «en el último momento hubiese un acuerdo», como reconocía Bou. Pero en cuanto la amenaza de una declaración unilateral de independencia se ha hecho tangible, el empresariado catalán ha empezado a mostrar públicamente un temor que hasta ahora se limitaba a expresar en privado.

Artur Mas ha quemado las naves y los empresarios catalanes han tocado a rebato, conscientes de que el diálogo en el que confiaban se torna cada día más inviable y que la postura del presidente catalán es irreconducible, según las confidencias del rey a los presidentes autonómicos con los que se ha reunido en las últimas semanas. Ajeno a la tormenta que ha provocado, Mas prosigue son su hoja de ruta, presentado lo que denomina estructuras de Estado, como la Hacienda propia o un banco público catalán. De lo que no habla es de los costes. Y eso es lo que le afeó ayer Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, una institución que apoyó el derecho a decidir.

Valls advirtió de que las elecciones que Artur Mas tiene intención de convocar el lunes para el 27 de septiembre «tendrán consecuencias económicas, y por tanto esperamos que estas consecuencias se expliquen en las próximas semanas». La Cámara de Comercio de Barcelona se ha mostrado optimista sobre las previsiones de crecimiento para Cataluña, que calcula en un 3 % para este año y un 2,8 % del PIB para el 2016, y teme que la incertidumbre política que genera el proceso independentista afecte muy negativamente a la recuperación económica. «Existe una preocupación importante de una parte de las empresas sobre el resultado económico de los procesos electorales», reconoció ayer Miquel Valls.

Y fue aún más allá en sus quejas al denunciar que «no hemos escuchado aún que los partidos que se presentan hagan propuestas económicas claras sobre los efectos de estas políticas en la economía de Cataluña». Aunque no dio nombres, la alusión a Convergència y ERC, es más que evidente, ya que son los únicos que pretender alterar el marco institucional actual.

Atados por el dinero público

Aunque aún son pocas las voces que se atreven a mostrar públicamente sus recelos sobre el proceso independentista, declaraciones como las de Miquel Valls son significativas de un cambio que probablemente será más contundente en las próximas semanas. Así lo pronostica al menos Josep Bou, quien argumenta que «al gran empresario, normalmente afín a CiU, le cuesta mucho enfrentarse al poder, porque hay contratos con la administración, subvenciones». Pero está convencido de que con la radicalización del desafío «empezarán a oírse voces». Y una de las más resonantes en los últimos días es la del consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, quien el pasado viernes instó a los políticos a que «agoten todas las vías de diálogo» para resolver el conflicto, porque las entidades financieras necesitan marcos estables para «desarrollar su actividad bancaria con normalidad».

El caso del Sabadell es especialmente relevante porque se trata de una de las dos grandes instituciones financieras catalanas -la otra es Caixabank- que ya han comunicado a inversores internacionales su intención de trasladar su domicilio social fuera de Cataluña en caso de que se avance hacia la independencia. Para facilitar ese cambio, el Gobierno propició una modificación de la Ley de Sociedades de Capital -a través de una enmienda en la ley de medidas urgentes en materia concursal-, de manera que desde el pasado mes de mayo ya no es necesaria la aprobación de la junta general de accionistas para trasladar la sede social de la empresa dentro del territorio español. Salvo que los estatutos de la empresa en cuestión digan otra cosa, basta que así lo decida el consejo de administración.

Esta vía puede propiciar una fuga de empresas de Cataluña que, de hecho, ya se viene produciendo silenciosamente en los últimos años. Según un informe de Axesor, desde que Artur Mas es presidente de la Generalitat, en el 2011, más de 3.800 empresas han llevado su residencia fuera de la comunidad, frente a 2.547 que se han establecido en ella. Es decir, el tejido empresarial catalán se ha reducido en casi 1.300 empresas, la mayoría de las cuales se han ido a Madrid o a la vecina Comunidad Valenciana.

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