Uno de los mantras del presidente del Gobierno durante los peores momentos de la crisis era que «no se puede gastar lo que no se tiene». El mismo argumento resuena sobre la discutida sostenibilidad del sistema de pensiones. La Seguridad Social está aquejada de un déficit crónico y, pese a que el mercado laboral da alguna muestra de reactivación, el modelo de reparto español evidencia su fragilidad. En julio, según los datos del Ministerio de Empleo, la llamada «tasa de dependencia» -ratio entre cotizantes y pensionistas- era del 2,26. Es decir, poco más de dos afiliados por cada pensionista, la más baja desde diciembre de 1999, cuando se situaba en el 2,23. Primer motivo de preocupación. Segundo: ese mismo mes de julio, con 8.259 millones de euros, se batió el récord de gasto en pensiones.
Todo esto explica por qué el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, acaba de plantear a los grupos políticos debatir qué pensiones -en principio él señaló las de viudedad y de orfandad- serían susceptibles de salir del sistema contributivo y financiarse vía impuestos. En un país con 9,3 millones de pensionistas, un envejecimiento galopante y una esperanza de vida mayor cualquier cambio en el modelo preocupa. Y mucho. Estas son las claves.
¿Cómo se pagan las pensiones?
El modelo español se asienta en la solidaridad intergeneracional, es un sistema de reparto en el que los cotizantes actuales pagan la factura de los pensionistas, como las nuevas generaciones lo harán con ellos en el futuro. La fórmula es sostenible si se mantiene el equilibrio entre el número de trabajadores -y la cuantía de sus cotizaciones- y el de jubilados. Los expertos sostienen que la tasa de dependencia mínima para garantizar la supervivencia financiera del modelo está por encima de los 2,5 cotizantes por cada pensionista, aunque para unas condiciones óptimas de viabilidad sería necesaria una ratio cerca a 3. España llegó a tener 2,71 en el 2007, antes de la crisis. Pero ahora, si se contabiliza únicamente la relación entre cotizantes en activo (excluyendo los casi dos millones de desempleados afiliados), la relación cae a dos trabajadores por cada pensionista. Niveles de hace más de veinte años.
¿Es sostenible a medio plazo esta situación?
El problema fundamental es que cada vez hay menos cotizantes para sostener a más perceptores. En julio se abonaron 9,3 millones de pensiones -más de 750.000 en Galicia- por un importe de casi 8.260 millones, una cuantía similar a los 8.436 millones del presupuesto de la Xunta para este año. Pero hay otros factores que amenazan el sistema: la crisis, además de destruir 3,5 millones de empleos, ha provocado la contracción de los salarios y, en consecuencia, de las bases de cotización, impactando en las arcas de la Seguridad Social. Su objetivo de déficit este año es del 0,6 %, pero todo apunta a que se rebasará. Y es que instrumentos como la tarifa plana de cotización, con la que el Ejecutivo ha tratado de dinamizar el empleo, ha socavado los ingresos públicos.
¿Por qué el gasto es cada vez mayor?
A la referida recaudación menguante se suma el gasto creciente. Este tiene una explicación demográfica -el envejecimiento-, pero también obedece a que la cuantía percibida se ha ido elevando. Según las estadísticas de la Seguridad Social, la pensión media (que incluye, además de la de jubilación, el resto de tipos: viudedad, orfandad, incapacidad permanente y favor familiar) en el 2005 era de 609,75 euros mensuales, mientras que el pasado julio estaba en 887,41 euros. No solo influye la revalorización anual, que hasta la última reforma, aprobada por el PP en 2013, estaba vinculada al IPC y ahora es de un mínimo del 0,25 y un máximo del 0,50 más la inflación, según la salud de la economía. También pesa el salario por el que se cotizó y el que se percibía en el momento de la jubilación, más elevados antes de la crisis. Los nuevos perceptores de jubilación cobran ahora hasta un 30 % más que los que entraron al sistema en el 2007. Y así seguirá siendo durante años, explican los expertos.
¿Más cambios a la vista?
Sí. Las últimas reformas (del PSOE y del PP), que han supuesto entre otros cambios el retraso en la edad de jubilación (progresiva hasta los 67 años) o el adelanto a 2019 de la aplicación del factor de sostenibilidad -hará depender la pensión de la esperanza de vida-, buscan preservar el equilibrio financiero. Cuestión aparte será que la cuantía de la prestación sea digna. En cualquier caso, las dudas persisten, como lo prueba el menguante Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que el Gobierno recurre desde hace tres años para pagar lo que no cubren los ingresos por cotizaciones (por ejemplo, las extra de los jubilados). Esta hucha se ha vaciado casi en un 40 % y el próximo año se retirarán otros 6.300 millones. A este ritmo, en tres o cuatro años no quedará colchón alguno.
Y como no se puede gastar lo que no se tiene, el Ejecutivo explora nuevas vías de financiación. Aunque pagar a cargo de impuestos -faltaría saber cuáles- las pensiones de viudedad y orfandad supondría un avance en la separación de fuentes de financiación, no está exento de riesgos. ¿Y si caen los ingresos? ¿Se recortarán las prestaciones? Será el debate, seguro, de la próxima legislatura.