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El problema de la Facultad de Medicina: un Gobierno acomplejado ante la Universidad

EL GOBIERNO DE CANTABRIA no puede encogerse de hombros en el tema que preocupa a decenas de familias -pero que también es cuestión de región- referido a que estudiantes cántabros que aspiraban a seguir la carrera de Medicina en Cantabria no tienen plaza (ocupada por estudiantes de otras comunidades), sintiendo por tanto una lógica frustración y justificado lamento. Ante sí tienen dos opciones: o seguir la carrera fuera de su región natal con un alto costo para sus familias o elegir otra carrera que probablemente no colma sus aspiraciones para lograr un título superior en  la Universidad de Cantabria. Una y otra opción ponen de manifiesto que teniendo una Facultad de prestigio como es la de Medicina, resulta que un buen número de cántabros no pueden seguirla en sus aulas.

El Gobierno de Cantabria no puede escudarse en la famosa teoría de la "autonomía" de la Universidad que como "espíritu", en efecto, debe respetarse. Se dice popularmente que el que paga, manda, y así debiera ser en la Universidad de Cantabria, institución a la que el Gobierno regional aporta todos los años todo su presupuesto. Presupuesto, por cierto, que sale del bolsillo de los cántabros.

¿Que puede y debe hacerse?. Primero, las fijar prioridades de la Universidad "cántabra", que no quiere decir invadir sus competencias. Cuando se aporta un presupuesto de deceNas de millones de euros, el Gobierno regional debe exigir a la Universidad unos objetivos a cumplir y una atención preferente a los estudiantes de su comunidad. El problema es que este Gobierno como los anteriores -desde que la Universidad se transfirió- entiende como sagrada la autonomía universitaria y ante su rectorado  no ha planteado hasta ahora unas obligaciones. No lo hizo cuando se eliminó la Historia de Cantabria de sus seminarios; no lo ha hecho ahora porque se siente acomplejado, cuando se trata de ejercer unas competencias.

Autonomía universitaria, sí; pero también que el Gobierno de la Comunidad que sólo responde ante el Parlamento y las altas instancias del Estado -entiéndase Tribunal Constitucional- ejerza sus competencias y haga valer que tener la transferencia educativa de acuerdo con el Estatuto de Autonomía no es solo para pagar el cheque todos los años, sino exigir cumplimientos y un derecho que nos parece irrenunciable: que nuestros estudiantes puedan, en su mayoría, seguir estudios en Cantabria, lo que no ocurre ahora con Medicina, la facultad más veterana que tenemos cuando fue creada allá por los inicios de los setenta.

LIBERTO 

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LOS ESTUDIANTES CÁNTABROS QUE HAN OPTADO POR MEDICINA y que, incluso, después de obtener una media de ocho en la selectividad, se están matriculando en otra facultades de España, pone en el punto de mira a la Universidad de Cantabria y al propio Gobierno regional que tiene competencias universitarias ya asumidas y que todos los años, con el dinero de nuestros impuestos, es decir, de los cántabros, entrega a cambio de poco un suculento talón de varias decenas de millones de euros para mantener nuestro "campus" universitario.

Desde luego que estamos a favor de la autonomía universitaria, que la selectividad tiene dimensión nacional y no puede establecerse por comunidades autónomas, etcétera. Pero es lógico que nos preguntemos, entonces, para que queremos la transferencia universitaria si varias decenas de estudiantes cántabros  -muchos con escasos medios económicos familiares- que han optado por Medicina como su opción y vocación profesional para seguir en la prestigiosa Facultad de Medicina de Cantabria, tienen que salir a la fuerza de su comunidad si quieren ser médicos. ¿Alguien lo entiende?. Es difícil, tanto como que el año pasado se suprimieran las pocas actividades de historia de Cantabria en la Facultad competente.

No es necesario que profundicemos  cómo los cántabros encuentran trabas para el empleo público en otras comunidades por cuestión del idioma; sin embargo, aquí hemos asistido a ver cómo en campos como la enseñanza y la sanidad, excedentes de opositores de otras regiones -especialmente de la vecina, el País Vasco- han pasado a nutrir la nómina cántabra de empleados públicos. Hablar de casos, incluso, en los que algunos de esos profesores venidos a Cantabria "desprecian" nuestra historia y alaban la de su origen, nos irrita tanto que optamos por obviar, ahora y aquí, profundizar en el tema.

Sin embargo, no es admisible lo que ocurre con Medicina en la Universidad de Cantabria y que nuestros alumnos se vean obligados a salir fuera para realizar estos estudios que representan su vocación profesional. Habrá algunos jóvenes que tendrán que renunciar a seguir esos estudios porque, tal como están las cosas, sus familias no se los pueden costear fuera de Cantabria. Y entre quienes "renuncien" por falta de medios, quizás exista algún fuera de serie para la profesión que, lamentablemente, no tendrán la oportunidad de demostrarlo.

El Gobierno de Cantabria tiene que hacer algo más que entregar un cheque todos los años a la Universidad de Cantabria. Tiene que vigilar sus pasos respetando su autonomía, tiene que evaluar y auditar sus resultados y, por supuesto, tiene que garantizar que los cántabros -o, al menos, una gran mayoría- puedan estudiar en su tierra. Encogerse de hombros ante estas situaciones es mal asunto y una falta de defensa de un interés general de la comunidad. La Universidad, insistimos, está inserta en Cantabria, se nutre de nuestros presupuestos, que provienen de nuestros impuestos y, por tanto, tiene que dar solución a problemas como el que comentamos.

Es triste, insistimos, que una Facultad tan prestigiada como la de Medicina de la que fue impulsor importante el doctor Segundo López Vélez, no de amparo a los suyos. Si, ya se que dirán que hay que atender a la demanda nacional, pero, reiteramos, entonces ¿para qué la transferencia universitaria?

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