Una anotación manuscrita en la agenda de Franciso Granados ha sido el detonante de la dimisión de Esperanza Aguirre como prseidenta del PP de Madrid. Concretamente un recibo por valor de dos millones de euros que, presuntamente, habría entregado el empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL -y yerno del también empresario Juan Miguel Villar Mir- se ubica como la prueba clave de la ‘Operación Púnica’, un proceso judicial que investiga la posible financiación ilegal del partido en la región.
Para poder contemplar la foto completa hay que retroceder hasta el 27 de octubre de 2014. Aquel lunes primaveral fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó hasta 250 millones de euros en servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato–. Una suma que, posteriormente, era blanquead a través de un entramado societario enrevesado a tenor de los 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguros y los más de 30 embargos realizados. Un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
A pesar del variado origen de los detenidos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- la pieza clave del entramado apuntaba al PP. Así lo sabía la Guardia Civil desde el primer momento como lo demuestra la elección del nombra de la trama: ‘Púnica’, por el Punica granatum, el nombre científico del granado, el árbol frutal que da la granada, y referencia directa al político más poderoso de los detenidos como supuestos integrantes de la trama: el exconsejero de Madrid Francisco Granados.
La trama de corrupción, según refleja en su escrito la Fiscalía Anticorrupción, estaba “infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías”, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción a través de una nota. Y toda ella pivotaba en torno al constructor David Marjaliza, muy próximo al exconsejero madrileño Francisco Granados, y Alejandro de Pedro Llorca; los denominados ‘conseguidores’.
Ambos se encargaban de lograr adjudicaciones irregulares de contratos y concesiones públicas mediante la modificación de los pliegos de los contratos para favorecer al que iba a pagar las comisiones o trocear los contratos para poder adjudicarlos a quien convenía.
El volumen de la trama permitía, según han venido detallando fuentes judiciales, tanto la financiación ilegal del PP como el enriquecimiento personal de los políticos implicados.
Lo que se investiga ahora es el periodo de tiempo que el partido popular madrileño estuvo recibiendo estas importantes cantidades de dinero del empresario López Madrid.
El origen, en Suiza
La investigación comenzó en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta a España de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Francisco Granados y David Marjaliza.
Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo agravado, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses, que recayó en el citado juez Velasco, para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción. La lista de presuntos delitos de la trama va desde el blanqueo de capitales hasta la falsificación de documentos pasando por delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y Organización Criminal.