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EL GOBIERNO ADMITE POR FIN QUE PUEDE SUBIR LAS PENSIONES
En julio, el Gobierno dijo que era imposible; a principios de septiembre, lo iba a estudiar "concienzudamente" y, esta semana, dos días antes de las elecciones vascas y gallegas, ya admite que se puede hacer. El Ejecutivo y el PP han utilizado la subida de las pensiones para presionar al PSOE, y también a Ciudadanos en su momento, con el objetivo de que cedieran y apoyaran la reelección de Rajoy como presidente. “Rechazar el acuerdo [de investidura] y forzar unas nuevas elecciones equivale en las actuales circunstancias, a confesar frívolamente […] que no le preocupa que los pensionistas puedan o no actualizar su pensión”, llegó a decir el presidente en funciones al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez el pasado día 2 en el Congreso. Pero con las terceras elecciones amenazantes en el horizonte y con las urnas en Euskadi y Galicia este fin de semana, la Moncloa admite que los jubilados verán incrementadas sus pensiones en al menos un 0,25% el año que viene.
El argumento arrastrado durante semanas por el Gobierno era que un Ejecutivo en funciones no puede presentar los Presupuestos Generales del Estado y, con unas cuentas prorrogadas, no es posible aplicar las subidas en los sueldos de los pensionistas ni tampoco de los funcionarios. Este viernes, en cambio, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el Ejecutivo ya ha encontrado la “manera jurídica” de promover una subida de las pensiones en el 2017 sin por ello violentar la prohibición que tiene todo Consejo de Ministros en funciones de adoptar disposiciones presupuestarias para ejercicios futuros. La subida se tendrá que limitar al mínimo del 0,25% que establece la ley de actualización de las pensiones (el mismo incremento que el practicado en el 2016).
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría insistió en que se siguen buscando fórmulas para intentar que la interinidad prolongada del Gobierno cause el menor número de perjuicios posibles a los ciudadanos. Y en el caso de la subida de las pensiones públicas para el 2017 han visto que basta con la simple aplicación de la ley de actualización de las pensiones, una “ley sustantiva”, puntualizó.
LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES
En efecto, esta ley fija una compleja fórmula para la revalorización de las pensiones del año siguiente y establece que, en todo caso, nunca subirán menos del 0,25%. Así pues, solo hay que aplicar la ley para sacar adelante esta subida mínima de las pensiones, en contra de las dificultades que los conservadores subrayaron durante el verano.
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, habían reclamado que la subida fuera deun 1,1%, con la opción de que este incremento sea revisado a finales de dicho ejercicio en caso de desviación al alza de los precios.
A medida que gana peso la posibilidad de unas terceras elecciones,
el Gobierno en funciones parece encontrar nuevas vías para desbloquear
cuestiones que hace semanas parecían imposibles. En julio, el ministro
de Economía en funciones, Luis de Guindos, también aseguró que sería imposible reformar los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades con un Ejecutivo en situación de interinidad; ahora, ese mismo Ejecutivo se dispone a aprobar un real decreto la semana próxima.
Sin aclaración quedó, en cambio, la posible subida de sueldos a los funcionarios para el año próximo.
NEGOCIACIONES POLÍTICAS
La vicepresidenta del Gobierno también ha reconocido que se está negociando a dos bandas –con comunidades autónomas, por un lado, y con los grupos parlamentarios, por otro- para una reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que permita asignar nuevos objetivos de déficit a las comunidades y desbloquear la confección de los presupuestos autonómicos.
En concreto, se trataría de reformar el artículo 15 de esa ley, el que fija cómo se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y regla de gasto) para el conjunto de las administraciones. La propuesta que ha lanzado el Gobierno canario, uno de los promotores del cambio, es introducir una salvedad para que en una situación excepcional como la de un gobierno en funciones, las Cortes Generales puedan sin embargo aprobar estos objetivos.
Santamaría confirmó contactos con los grupos parlamentarios para impulsar la reforma de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades y la prórroga de mandatos de la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV. En el caso del organismo regulador, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, adelantó esta semana que no quiere abordar esos cargos ahora porque considera que es mejor esperar a que haya un Gobierno en pleno funcionamiento. Según el Ejecutivo, si no son sustituidas la CNMV podría quedar paralizada.
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