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EL SUPREMO Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
El Tribunal Supremo está preocupado por el “serio riesgo de judicialización de la política”. Así se desprende del auto que ha publicado este jueves el instructor de la causa contra la senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, Cándido Conde Pumpido, quien ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular.
El argumento del magistrado es precisamente este riesgo, que supone la práctica, “que no existe en países del entorno de España”, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. El magistrado añade que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica “transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”.
El PSOE había pedido que no se le señalase el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular.
El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.
“Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza”, indica la resolución.
Ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestación por éste, el magistrado fija en 3.000 euros la fianza.
Según fuentes judiciales, esta cantidad en casos similares irá a más, es decir, la personación de una persona o entidad en una causa cuyo interés en la misma pueda entenderse como político tenderá a encarecerse en términos de fianza con el objetivo de prevenir precisamente el riesgo de judicialización de la política, denunciado por el Supremo.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas recuerdan el caso del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, actualmente investigado por la Fiscalía por apropiación indebida y blanqueo de capitales, que en los últimos años se ha personado en múltiples causas políticas, entre ellas la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos.
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