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CRÓNICA DE UNA LIBERTAD ANUNCIADA
Muy pocos se sorprendieron con el penúltimo capítulo del "caso Nóos", un serial tan largo y adictivo como "The good wife". No había que ser científico del CERN de Ginebra (donde se confirmó la existencia del bosón de Higgs, la partícula de Dios) para imaginarse que Iñaki Urdangarin fintaría la prisión y seguiría paseando tranquilamente (de momento) por las calles de la ciudad suiza. La decisión de dejarle en libertad y sin fianza es la crónica de la libertad anunciada del marido de la infanta Cristina.
Junto a las dobles parejas que formaban Urdangarin, Diego Torres y sus esposas, ha habido otra que ha protagonizado esta historia: la del juez instructor, José Castro, y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach. En el 2010, en la primera temporada de esta serie judicial, eran fieles aliados, trabajando codo con codo para destapar aquella trama de malversación de dinero público. Era una piña hasta la cuarta temporada. Su unión se resquebrajó en el 2013, cuando el juez, pese a la oposición del fiscal, decidió imputar a la infanta. "Nada ha cambiado en lo personal por mi parte. Cuando esto se cierre nos iremos de copas y nos besaremos”, aventuraba Castro, pese a que ya habían pasado del amor al odio.
¿TRATO INJUSTO?
"La infanta Cristina ha sido tratada de manera injusta por ser quien es", clamaba Horrach tras leer el auto del juez Castro, que mantenía la imputación de la infanta por blanqueo de capital y delitos fiscales. Acusaba a su examigo de haber practicado "instrucción a la carta, inversa, presidida por un credo y no por la sana guía de la duda", confundiendo la función de juez y de la parte acusadora. Convertido en paladín de la infanta, intentó infructuosamente que la hermana del Rey driblara el banquillo.
Hasta Pablo Iglesias tuvo un cameo en uno de los mejores giros de guion de la serie. Primero intentó fichar, sin éxito, al juez Castro para las elecciones del 20-D del 2015. "Hubiera sido un honor, pero me queda un trabajo que hacer como juez", comentó el líder de Podemos que le había dicho el magistrado. A quien sí que logró convencer fue a Juan Pedro Yllanes. El magistrado designado para presidir el tribunal que iba a juzgar por primera vez a dos miembros de la realeza española se cogía una excedencia para ser el cabeza de lista de la formación morada en Baleares.
A menos de dos meses para el inicio del juicio más esperado el tribunal quedaba descabezado. La partida de póquer terminó resolviéndola el trío de magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín: la infanta, absuelta, y seis años y tres meses de cárcel para su marido, a expensas de lo que puedan rebajarle en el Supremo. De momento, y a diferencia de Torres, a Urdangarin no le han retirado el pasaporte para que siga viviendo en Ginebra. La perspectiva de que el cuñado del Rey pase por prisión se ve tan lejana como la posibilidad de que cumpla el vaticinio de Castro y él y Horrach cierren la serie con copas y beso.
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