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ESTABA CANTADO: IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN INCONDICIONAL
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó anoche prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su implicación en la presunta trama de corrupción destapada en el Canal de Isabel II. El magistrado atendió la petición del fiscal después de escuchar durante casi tres horas a González, quien negó las acusaciones y defendió que siempre había actuado dentro de la legalidad. El juez tomó la misma medida para Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la empresa filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, considerado el hombre de confianza de González. Para el hermano de Ignacio González, Pablo González, exdirigente de Mercasa, Velasco dictó prisión eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.00 euros. En el caso del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, al igual que con el consejero de OHL Javier López Madrid, decretó su libertad bajo una fianza de 100.000 euros, que deberán pagar antes de las 12.00 horas del 28 de abril. De los siete arrestados quedó en libertad, y sólo con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez. El jueves, Velasco había ordenado el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín. El juez investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. En concreto, el magistrado acusa a la trama de un desvío de al menos 23,3 millones de euros de las arcas públicas madrileñas, un desfalco provocado en la compra por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao. En el auto de prisión de los dos investigados el jueves, el juez relata que se llevó a cabo "con el pago de comisiones prohibidas" y sin atender a los informes de los técnicos. Este dinero se destinó a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad respecto a los titulares reales". Por otro lado, el juez Velasco sospecha que González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP madrileño, según informan EFE y Europa Press. Asimismo, fuentes jurídicas, citadas por estas agencias, han señalado que entre los indicios delictivos que el magistrado atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid. Por otro lado, PSOE y Podemos anunciaron ayer que se personarán en el procedimiento como acusación popular. Ambos partidos, además, exigieron que sea destituido de su cargo el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. EL MUNDO informa que Moix condicionó algunos registros a no acusar del delito de organización criminal a Ignacio González. La Fiscalía General del Estado hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que "es falso" que Moix "haya intentado obstaculizar la investigación". Por parte del Gobierno, su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, pidió "un esfuerzo por guardar la calma" y actuar con "responsabilidad". "No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español porque funciona y porque el Estado de Derecho es una garantía de la democracia", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, defendió a la Fiscalía y se negó a valorar la polémica por su actuación, a la que se refirió como simples "dimes y diretes". Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló ayer, durante su discurso de inauguración del congreso de Nuevas Generaciones, al "orgullo" de ser del PP y llamó a todos sus afiliados a preservar la unidad y no generar divisiones, y volvió a hacer una férrea defensa de la actividad política, que, dijo, "merece la pena". Rajoy subrayó que los populares creen en el Estado de Derecho y en el "sometimiento de todos a la ley y a los tribunales de justicia, tomen las decisiones que tomen". Mientras, LA RAZÓN destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negó ante el juez haber sido coaccionada por el diario. Una versión en la que, según LA RAZÓN, habrían coincidido su directora de gabinete y el consejero de Presidencia. En otro orden de cosas, EL ECONOMISTA resalta que "Rajoy teme que los últimos casos de corrupción afecten a los Presupuestos". De igual modo, EL MUNDO señala que "el Gobierno dice ahora no tener certeza de aprobar los Presupuestos". EL PAÍS 1,15-17/EL MUNDO 1,10-17/ABC 1,16-20/LA VANGUARDIA 1,15,16/EL PERIÓDICO 1,22-24/LA RAZÓN 1,14-17/CINCO DÍAS 1,24,25/EL ECONOMISTA 1,15-18/AGENCIAS Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que llevan el caso del 3%, serán relevados por los fiscales Anticorrupción de Barcelona Fernando Maldonado y Teresa Duato, en una decisión adoptada por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con respaldo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La sustitución responde, según Anticorrupción, a la "estrategia" de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y "los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid". Según fuentes citadas por los diarios, el cambio no supone modificación alguna de la línea mantenida hasta el momento. EL PAÍS 18/EL MUNDO 1,18/ABC 2,18,19/LA VANGUARDIA 1,17/EL PERIÓDICO 1,26/LA RAZÓN 20/AGENCIASEL JUEZ DICTA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ
El magistrado acusa a la trama de desviar 23,3 millones
ANTICORRUPCIÓN RELEVA A LOS DOS FISCALES DEL "CASO 3%"
PRISIÓN INCONDICIONAL
El juez ha decretado prisión incondicional, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, para el expresidente madrileño Ignacio González, que, aunque ha declarado ante el juez Eloy Velasco durante 2 horas y 45 minutos, los ha dedicado a negar los hechos que se le imputan en el "caso Lezo", como las irregularidades cometidas en la gestión de la empresa pública del agua Canal de Isabel II.
Entre las diversas irregularidades, destaca la compra en el 2013 por parte de Inassa, filial sudamericana de la compañía pública, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, lo que supuso un perjuicio a las arcas madrileñas calculado en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). El juez también ha enviado a prisión al exresponsable de Inassa y consejero de "La Razón" Edmundo Rodríguez Sobrino.
Tampoco ha reconocido González las comisiones pagadas por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid, hechos por los que también fueron detenidos su hermano Pablo -exdirectivo de Mercasa- y su cuñado Juan José Caballero, quienes se han negado a declarar ante el magistrado. Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez pidieron prisión eludible con fianza para ambos, pero el juez ha decretado prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para el primero y de 100.000 euros para Caballero.
González ha negado, además, irregularidades en la construcción del tren entre Móstoles y Navalcarnero, que habría sido abonado por OHL, hechos por los que ha sido interrogado el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora y yerno del fundador de la compañía, Juan Miguel Villar Mir. Se vuelve a investigar también a la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) por pagar un millón de euros para sanear las cuentas del PP. Su exresponsable José Martínez Nicolás ha vuelto a repetir la experiencia de ser detenido que vivió en el "caso Púnica". Anticorrupción había pedido prisión incondicional para él, pero el juez ha optado por dejarle en libertad y evitarle el ingreso si antes del próximo viernes abona una fianza de 100.000 euros.
EMBARGO DE LAS CUENTAS
La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado prisión incondicional para otros dos de los nueve detenidos: la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y el exresponsable de Inassa y Rodríguez Sobrino. El magistrado decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión pero eludible con una fianza de cuatro millones de euros para Richmon. El juez, que impuso comparecencias mensuales a la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra Soto, ha decretado el embargo de todos los bienes y cuentas de los arrestados en la operación, lo que les complica pagar estas garantías.
Ello incluye a las que se encuentran en el extranjero, que en el caso de Rodríguez Sobrino son muchas. De hecho, tenía en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en el 2012 con la amnistía fiscal, según consta en el auto de registro, en el que se describen "numerosas" operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo.
Una hija de Rodríguez, imputada en el caso, según Efe, controla el patrimonio oculto de su padre. Consta como propietaria de una vivienda en Barranquilla (Colombia), ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por Inassa, otras en Puerto Plata (República Dominicana), adquirida en fechas "muy próximas" a la compra de la sociedad brasileña Emissao, así como una tercera vivienda en Londres. También dispone de cuentas corrientes en el Reino Unido y en Jersey.
El magistrado investiga las inversiones inmobiliarias de Rodríguez Sobrino en Colombia en el 2013 y el 2011, cuando intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre de 2016 con él para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.
CUENTAS "NO AUTORIZADAS"
En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El magistrado afirma en esa resolución que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron "en connivencia" para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.
El auto detalla las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición. Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión".
MÁS OPERACIONES
La resolución también hace referencia a otras operaciones del Canal Extensia, como la compra de Soluciones Andinas, "aparentemente de forma indebida" a Oriol Serra Ibars, director ejecutivo de Igmasa Management, empresa presidida por Ignasi Maestre.
El juez también acusa a Martín de haber "intervenido activamente en la manipulaciónn de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium".
Velasco imputa a los detenidos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El primer delito no fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar las medidas que debían imponerse a los primeros detenidos que comparecían ante el magistrado, ya que el fiscal jefe, Manuel Moix, entendía prematuro atribuírselos ya a los detenidos en la operación Lezo. No obstante, como consta en la querella presentada por Anticorrupción en julio de 2016, el magistrado lo sigue aplicando.
Previsiblemente en breve la Fiscalía no será la única acusación personada en la causa. Este viernes lo han solicitado el PSOE, Podemos y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) su personación al Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado deberá decidir ahora si los acepta, algo que parece más que previsible ante las polémicas que se están produciendo en el seno de la Fiscalía Especial, donde hubo de reunirse la Junta de Fiscales para poder realizar unos registros vinculados a una operación realizada por Inassa en 2001, es decir, dos años antes de que González asumiera la gestión del Canal.
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