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¿ES LA CÁRCEL PARA LOS ALCALDES DEL 1-O LA SOLUCIÓN?

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Los más de 700 alcaldes catalanes que han manifestado su voluntad de colaborar con la organización del referéndum cediendo locales para el día de la votación serán llamados a declarar en calidad de investigados por orden de la Fiscalía. Si se negasen a comparecer, los Mossos ya tienen la orden expresa de detenerlos. Es aquí, pues, donde cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Es la cárcel de los alcaldes la solución al grave problema secesionista? Como se recordará, el fiscal general fue censurado por el Congreso de los Diputados después de que encubriera al fiscal anticorrupción con cuentas en paraísos fiscales.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Marín, ha ordenado a los fiscales jefes de las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que citen a los más de 700 alcaldes catalanes que se han puesto a disposición del Govern de la Generalitat para colaborar con el referéndum de autodeterminación del 1-O.

Los alcaldes catalanes fueron unos de los destinatarios expresos del requerimiento del Tribunal Constitucional del pasado 7 de septiembre en relación al deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

En este sentido, la Fiscalía alerta a las fiscalías catalanas de que se han producido dos hechos merecedores de ser investigados.

Por un lado, la Asociación de Municipios por la Independencia ha difundido que un nutrido grupo de alcaldes ha firmado un decreto para poner a disposición del Govern los locales necesarios para celebrar el referéndum. Se trataría de más de 700 municipios del total de 948, por lo que el propio Maza señala que habría que dar preferencia a aquellos con mayor densidad de población, a la vista del número de municipios afectados.

Por otro, se refiere a la misiva firmada por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por su vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que exigen a los ayuntamientos catalanes que pongan locales a disposición de la consulta secesionista.

Ante estos hechos, el Fiscal General del Estado ordena que se proceda a incoar diligencias de investigación en cada uno de los ayuntamientos y “se cite por medio de la policía judicial al alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de Letrado”.

En el caso de que el alcalde citado no comparezca, el Fiscal ordena "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d"Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".

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