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NO PERDER DE VISTA LA CORRUPCIÓN: CUARTA CONDENA AL EXMINISTRO MATAS

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EL EXPRESIDENTE DE BALEARES Y EXMINISTRO DE AZNAR en un Gobierno de Aznar, ha vuelto a ser condenado por una de las piezas derivadas del caso Palma Arena, aunque la sanción es mucho menor de lo que pedían las acusaciones. Matas ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación y se le condena a ocho años de inhabilitación, por la contratación irregular de los arquitectos que proyectaron y construyeron el velódromo del Palma. El mismo tribunal, sin embargo, le absuelve del delito de fraude a la administración, por el que la fiscalía y la comunidad autónoma reclamaban que Matas cumpliera tres años de prisión. Los jueces aprecian que las decisiones que adoptó el president, si bien fueron ilegales porque no se respetaron las normas administrativas de contratación, no provocaron ningún perjuicio económico a la administración.

Esta sentencia representa la cuarta condena que se dicta contra Jaume Matas, aunque en esta ocasión no suponga su ingreso en prisión, ni tampoco que tenga que hacer frente a ninguna indemnización económica, puesto que el tribunal entiende que no hubo perjuicio económico. Es más, a pesar de que se ha investigado el sobrecoste que se abonó por la construcción del Palma Arena, la Audiencia llega a la conclusión de que "no hay prueba que demuestre que el coste del velódromo y el precio abonado esté por encima del precio de mercado". El coste definitivo del complejo ha sido de 76 millones, por encima del presupuesto inicial, pero muy lejos de los 110 millones que se determinó durante la investigación del caso Palma Arena.

El mismo tribunal también condena a Pepote Ballester, exdirector general de Deportes, que deberá cumplir cuatro años de inhabilitación.

La condena pivota sobre la contratación irregular, primero del arquitecto alemán Schurman, y posteriormente de los técnicos García Ruiz, que se encargaron de terminar la obra para que estuviera a tiempo de celebrarse el campeonato mundial de ciclismo.

La sentencia explica que el proyecto de construir un velódromo estaba en el programa electoral del PP, pero también de otros partidos políticos. Y que fue el Ayuntamiento de Palma el que solicitó la celebración de este campeonato de ciclismo. A partir de ese momento se implicó el Govern, encabezado por Matas, y se impulsó la construcción del edificio, a través de un consorcio. Los jueces rechazan la excusa que siempre ha sostenido Matas, en el sentido de que él ordenaba una decisión, pero que después no intervenía en su ejecución. La sentencia relata el proceso de contratación del arquitecto alemán, cuyo nombre figuraba en la lista que facilitó la Unión Ciclista Internacional como uno de los expertos en el diseño de pistas. La contratación la ejecutó Ballester, si bien contaba con "el conocimiento y la autorización" del president, a pesar de que ello suponía que no se respetaban los conceptos básicos de contratación pública. Schurman, en realidad, era experto en pistas, pero no en diseño de edificios deportivos. Ello fue la causa por la que el arquitecto no cumplía con los plazos de entrega de los planos. Al técnico alemán se le impuso, por decisión personal de Matas, que colaborara con los arquitectos García Ruiz. Cuando se decidió romper con Schurman, se acordó que la obra la seguirían los dos arquitectos de Palma, que ya conocían el proyecto. El tribunal cuestiona el método de contratación y responsabiliza de ello al president, a pesar de que formalmente las decisiones no las tomara él, sino que lo hiciera el Consorcio que se creo para llevar a cabo el proyecto. "Debió saber cuáles eran las implicaciones que tenía la adjudicación de una obra tan importante y tan costosa a una sola persona, excluyendo la concurrencia y la publicidad". Es decir, los jueces cuestionan que el Govern no convocara un concurso público sobre el proyecto, puesto que Schurman no era el único arquitecto capacitado para construir una obra de estas características, como demostraron los posteriores contecimientos. Sin embargo, el tribunal considera que "resulta razonable" que después de despedir a Schurman, se eligiera a los hermanos García Ruiz, porque conocían el proyecto, pero lo que se cuestiona es que esta contratación se ejecutara sin previamente tramitar un expediente. Sin embargo, no cree la Sala que los arquitectos cobraran una minuta desproporcionada.

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