La Fiscalía Anticorrupción achaca a Alberto Ruiz-Gallardón los delitos de malversación de caudales públicos -prevaricación y falsedad documental- en el caso del Canal de Isabel II, tal y como avanza "El Mundo".
El Ministerio Público pretende citar a Gallardón, entre otros miembros del que fuera su gobierno en la Comunidad de Madrid, en el plazo de un mes por entender que fue en su ejecutivo donde se fraguó el "pelotazo" -según las palabras de Edmundo Rodríguez Sobrino, antiguo subordinado del ex presidente Ignacio González, en declaración judicial- de la compra de Inassa en el año 2001 por 83 millones de euros públicos, cuando su valor real se acercaba más a los 10 millones de euros según el cálculo de Rodríguez Sobrino, que fue hombre de confianza de González en el Canal.
Asimismo, Anticorrupción considera que el caso de Inassa no fue un hecho aislado "sino el cimiento para la adquisición con dinero público de un entramado de sociedades en Suramérica, presuntamente utilizadas para desviar fondos públicos", cita "El Mundo" a la Fiscalía.