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DE LA DECISIÃ“N DE LLARENA A LA DE LA ONU SOBRE LA NECESIDAD DE RESPETAR LOS DERECHOS POLÃTICOS

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por rebeliÃ³n a trece lÃderes soberanistas de los investigados en la causa del procÃ©s y la organizaciÃ³n del referÃ©ndum del 1-O. El magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal procesa al exgovern por un delito de rebeliÃ³n por intentar llevar a Catalunya fuera de las vÃas legales.

El juez del Tribunal Supremo ha dividido en varios grupos de responsabilidad la causa por rebeliÃ³n. Por un lado, ha fijado el grupo con mÃ¡s responsabilidad, a quienes procesa por un delito de rebeliÃ³n y malversaciÃ³n de caudales pÃºblicos: estos son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y siete exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, RaÃ¼l Romeva, Clara PonsatÃ, Josep Rull, Antoni Comin y Dolors Bassa. Por el delito de rebeliÃ³n tambiÃ©n han sido procesados la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la nÃºmero 2 de ERC, Marta Rovira, y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ã“mnium, Jordi SÃ nchez y Jordi Cuixart.

Se ha archivado la causa para la secretaria general del PDeCat, Marta Pascal, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la expresidenta de la asociaciÃ³n AMI, Neus Lloveras

En un segundo grupo de responsabilidad, por delitos de desobediencia y malversaciÃ³n de caudales pÃºblicos han sido procesados los exconsellers Meritxell BorrÃ s, Lluis Puig, Carles MundÃ³, Santi Vila y Meritxell Serret. Al no ser procesados por rebeliÃ³n ni sediciÃ³n para posibles penas de prisiÃ³n se reducen considerablemente en sus casos.

Y como tercer grupo y solo por desobediencia estÃ¡n los cinco ex miembros de la Mesa del Parlament, Llus Maria Corominas, Lluis GuinÃ³, Anna SimÃ³, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, asÃ como la expresidenta de la CUP, Mireia Boya y su ex jefa de filas en el Parlament, Anna Gabriel.

De los inicialmente investigados se ha archivado la causa para la secretaria general del PDeCat, Marta Pascal, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la expresidenta de la asociaciÃ³n AMI, Neus Lloveras.

Asimismo, para los 14 ex miembros del Govern procesados, el juez fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberÃ¡n ser pagadas de manera solidaria por parte de todos ellos. La cuantÃa se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado seÃ±ala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referÃ©ndum del 1-0, de acuerdo a las investigacion.

REQUERIMIENTO DE LA ONU

El ComitÃ© de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha instado al Estado espaÃ±ol a que se comprometa a garantizar los derechos polÃticos del excandidato a la investidura y expresidente de la ANC, Jordi SÃ nchez, en prisiÃ³n provisional desde hace mÃ¡s de cinco meses acusado de un presunto delito de rebeliÃ³n.

En concreto, el comitÃ© de la ONU, con sede en Ginebra, insta al Estado miembro (en este caso, EspaÃ±a) â€œa que tome todas las medidas necesarias para garantizar que el seÃ±or Jordi SÃ nchez i Picanyol puede ejercer sus derechos polÃticos en cumplimiento del artÃculo 25 del Convenioâ€. Un mensaje que incluye, en virtud del artÃculo 92 del comitÃ©, medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar â€œdaÃ±os irreparablesâ€ a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la instituciÃ³n.

La comunicaciÃ³n del ComitÃ© de Derechos Humanos llega como respuesta a la denuncia que la defensa de SÃ nchez llevÃ³ al ComitÃ© de Derechos Humanos este miÃ©rcoles 21 de marzo y que ha sido aceptada a trÃ¡mite. La ONU informa que se ha facilitado un documento igual al Estado y otorga seis meses a las partes para aportar informaciÃ³n u observaciones.

Jordi SÃ nchez fue postulado como candidato a la presidencia de la Generalitat el pasado 5 de marzo despuÃ©s de la renuncia del primer nombre propuesta, Carles Puigdemont. Sin embargo, cuatro dÃas despuÃ©s el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procÃ©s, Pablo Llarena, le denegÃ³ la puesta en libertad.

Fuentes de la defensa han explicado que este documento, que les ha llegado a las 15.35 horas de este viernes, abre la puerta a que SÃ nchez pueda ser investido como presidente de la Generalitat por el Parlament, algo que le negÃ³ el Supremo con varias resoluciones. Al no obtener permiso para ser investido, SÃ nchez presentÃ³ su renuncia como candidato â€“para que se postulase Jordi Turullâ€“ y tambiÃ©n anunciÃ³ su predisposiciÃ³n a dejar su acta de diputado si era excarcelado.