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TODOS PENDIENTES DE UN TRIBUNAL SUPREMO MUY DIVIDIDO SOBRE LAS HIPOTECAS

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El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo aplazó ayer la decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas al no lograr un acuerdo tras ocho horas de debate. Los magistrados reanudarán hoy sus deliberaciones.

La sesión en la que participaron 28 de los 31 miembros del pleno concluyó sin una respuesta sobre si se debe mantener el criterio establecido el pasado 16 de octubre, que fijaba que el banco debe abonar el tributo. En primer lugar, se debatió sobre si los tres recursos que se iban a estudiar para fijar el criterio definitivo debían ser admitidos a trámite. Sometido a votación este asunto, la mayoría se mostró favorable a tramitar los recursos.

Posteriormente, el pleno se centró en debatir quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados. Según las fuentes consultadas por los diarios, no hubo un criterio unánime, ya que mientras unos se mostraron a favor de conservar la anterior jurisprudencia, que establecía que el impuesto debía abonarlo el cliente; otros, en cambio, apoyaron el cambio de doctrina adoptado recientemente. La división en los argumentos hizo que sólo un tercio de los jueces se posicionara sobre el fondo del asunto.

Por otro lado, los diarios señalan que la cuestión de la retroactividad se convertiría en el tema central en el caso de que se confirmara que la banca es la que debe asumir el impuesto a partir de ahora.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, adelantó ayer que, en función de la sentencia, el Gobierno estudiará articular "algún tipo de ayuda" a las autonomías para que no les afecta a su situación financiera.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que salga a las calles a protestar si finalmente el Tribunal Supremo decide que no sean los bancos los que tengan que pagar el impuesto.

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EL PLENO DE LA SALA TERCERA del Tribunal Supremo continua hoy debatiendo sobre la jurisprudencia a aplicar en el asunto de los actos jurídicos documentados de las hipotecas. Millones de hipotecados están pendientes de la decisión que tomarán los 31 jueces (finalmente son 28 los que asisten) del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desde este lunes decidirán si mantienen o no el giro jurisprudencial que tres sentencias de este tribunal en el mes de octubre han obligado a las entidades bancarias a pagar el impuesto de los actos jurídicos documentados, en contra de lo que habían venido haciendo hasta ahora.

Todos los analistas dan por sentado que el Pleno ratificará que son los bancos los máximos interesados de la firma de la hipoteca y por tanto deben ser las entidades y no los clientes los que tienen que abonar el impuesto.  Sin embargo, existe una gran división entre los magistrados que votarán la propuesta final.

No obstante, no hay tanto consenso sobre la retroactividad del mismo, ni en cuanto a quién dirigir sus reclamaciones: las comunidades autónomas por tratarse de un impuesto o las entidades bancarias por estar englobado con el resto de los gastos (gastos de registro, gestoría y notaría…) que acarrea una hipoteca, en cláusulas ya consideradas abusivas por los tribunales y por tanto nulas desde sus orígenes.

Básicamente, se plantean estos posibles escenarios: que la obligación para que la banca pague el impuesto sólo se aplique de ahora en adelante; que los usuario puedan reclamar lo abonado indebidamente en los últimos cuatro años por ser el periodo de prescripción en materia de impuestos, o que se remonte más allá sin un límite fijo o con los últimos quince años por ser el momento de prescripción de las deudas.

Las implicaciones económicas para el sector bancario variarían notablemente de confirmarse uno u otro escenario. En este sentido se explica el caos que provocó el giro jurisprudencial del Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica que se dejó sentir después de que sólo tres días después de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas, el presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, elevara al Pleno el asunto para que se pronunciara sobre la conveniencia de confirmar o no el fallo que modificaba radicalmente su propia jurisprudencia anterior. Una decisión que llevó al propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a reunir a los jueces de la polémica sentencia y a pedir disculpas públicamente a la ciudadanía por la gestión que se había hecho de este asunto.

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