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Abierta la vía penal para condenar la venta de preferentes a analfabetos: ¿A que espera la Fiscalía de Cantabria?

La Fiscalía de Galicia ha decidido actuar colectivamente contra cajas y bancos por el expolio de las "preferentes" dejando en extredicho a sus colegas de otros Tribunales Superiores de Justicia, como es el caso de Cantabria, donde además los afectados son miles, tienen sus dineros retenidos por las entidades y en su totalidad pertenecen a la clase media, que poco o nada sabe de temas financieros. Su problema, fue fiarse de su caja o banco y de sus empleados. Han sido engañados y, por tanto, la Fiscalía de Cantabria debía intervenir. Mejor hoy, que mañana. Esta es, por otra parte, la noticia principal que hoy ofrecemos a nuestros lectores.

Al respecto, además, hay nuevas noticias. Así, las demandas presentadas por los clientes de participaciones preferentes que no pueden recuperar su dinero deberán seguir de forma mayoritaria la vía civil, a través de la legislación de consumo, pero para «ciertos casos», el Ministerio Fiscal no descarta pedir penas de prisión. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, lo avanzó el pasado viernes a un grupo de manifestantes concentrados en Santander, y fuentes judiciales consultadas aseguran que la determinación por depurar responsabilidades «hasta las últimas consecuencias» es firme.

«Torres Dulce se ha tomado el asunto con un empeño personal», aseguran. Y esa es la conclusión que se deduce de las palabras que el fiscal dirigió a los clientes afectados. «Les quiero asegurar que estamos examinando caso por caso de forma concreta y determinada; y no descartamos, porque lo estamos investigando, algunos casos penales», manifestó con insistencia. Para muestra recordó a los allí presentes que «he tomado la iniciativa en Sevilla y en Galicia cuando nadie la había tomado».

La cuestión es: ¿qué casos concretos son susceptibles de enfilar la vía penal?. Fuentes judiciales consultadas explican que, según la investigación abierta por la Fiscalía, entre los clientes afectados se establecen dos grupos diferenciados: el de los inversores plenamente conocedores del producto y que lo contrataron por considerarlo una opción ventajosa de negocio, por su elevada rentabilidad; y el de los ahorradores minoristas sin conocimientos y sin información suficiente sobre el producto que estaban adquiriendo.

 Este es el colectivo prioritario de atención del fiscal. «Los casos más claros en los que se podría pedir prisión son aquellos en los que ha quedado demostrado que el cliente no solo no sabía lo que compraba sino que, directamente, era analfabeto, como lo demuestran varios contratos que han sido incorporados a la documentación enviada a la Fiscalía», explican las mismas fuentes. Varios de estos casos se han constatado en la comunidad gallega.

En fin, debe instarse a la Fiscalía de Cantabria a que intervenga y lo haga en nombre de los ciudadanos afectados. Cruzarse de brazos sólo representa estar con quienes han cometido este escandaloso "expolio" del patrimonio de familias modestas que se han quedado sin nada, porque no pueden recurrir a sus ahorros. Las entidades se los niegan, por el momento. Veremos si actuan. Es una demanda social y justa. Lo demás es amparar la corrupción de los poderosos, que son los bancos.

LIBERTO.

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