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Los jueces comienzan a movilizarse contra Ruiz Gallardón
El ministro Ruiz Gallardón comienza a tener una
protesta mayoritaria en su ámbito de gestión como es la justicia. Los
jueces, muy cabreados con el Gobierno por los recortes salariales o la
pérdida de la paga de Navidad ocmo funcionarios públicos que son, están
provocando tensiones en este ámbito necesariamente independiente para
que el Estado de Derecho sea una realidad. Es decir, que el Ejecutivo no
contamine más al poder judicial, que bastante lo viene haciendo con las
leyes al "santificar" la intervención política en muchos aspectos de la
vida judicial. Aunque los jueces no preven, por el momento, una huelga,
no la descartan, más si Gallardón se empeña en llevar a cabo una serie
de reformas que pueden terminar movilizando el cabreo judicial.
Por el momento, los
jueces y magistrados han anunciado que celebrarán solo los juicios
en horario de mañana como medida de protesta por las reformas que
prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Se trata de la
primera medida de presión, a la que seguirán otras y esto ya ha sido
anunciado por el portavoz de la Asociación Profesional de
la Magistratura (APM), Pablo Llarena, que ha explicado que esta decisión
de carácter «autorregulatorio» se ha decidido después de celebrarse
en todas las comunidades juntas de jueces y fiscales para que el
Gobierno retire el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ).
Otra medida
de presión consistente en convocar concentraciones de estos colectivos
judiciales si en un plazo de 15 días el ministro de Justicia no se
sienta a negociar su proyecto de reformas.No se descarta la huelga, pero
que de momento se ha pensado sólo llevar a cabo las medidas de presión
de forma «escalonada». la reforma de la LOPJ conlleve la interferencia del
poder ejecutivo en el judicial.
Además, el portavoz
de JpD ha anunciado que el próximo lunes el presidente del Tribunal
Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo
Moliner, recibirá a los representantes de las asociaciones de jueces,
quienes le reclamarán que rechace la reforma anunciada por el ministro.
En fin, que todo se mueve y no iba a ser una excepción el poder
judicial.
LAS RAZONES DE LA PROTESTA
ÁNGELA MARTIALAY
Las juntas de jueces celebradas ayer en varias ciudades españolas
han puesto de manifiesto el malestar existente en la Carrera Judicial
con el Gobierno y, en menor medida, con el Consejo General del Poder
Judicial. Un descontento, que a falta de solución, podría acabar con la
segunda huelga del poder judicial en Democracia.
Pero, ¿cuáles son las razones que llevan a los magistrados y fiscales a amenazar a los poderes políticos con ir a la huelga?
- Politización del Poder Judicial: Tanto
jueces como fiscales consideran que la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) anunciada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz
Gallardón, -donde se limitan considerablemente la funciones del CGPJ-
es una intromisión del poder político en el judicial. Entienden que esta
modificación atenta contra la independencia de quienes componen el
tercer poder del Estado. Por esta razón, los togados reclaman "el pleno
respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General
del Poder Judicial con abandono de la reforma planteada que atrofia su
capacidad constitucional de actuación".
- Recortes salariales y estatutarios: Como
funcionarios del Estado, jueces y fiscales han sufrido en su propia
piel los ajustes aprobados en los últimos meses por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy. Sin embargo, las estadísticas chirrían por sí solas ya
que mientras que hay un político por cada 106 habitantes, las cifras
demuestran que hay un juez por cada 10.000 españoles. De esta forma, la
ingente carga de trabajo que soporta este colectivo no sólo no se ha
visto recompensada por el Gobierno sino que, muy al contrario, sus
condiciones laborales han empeorado en los últimos tiempos.
- Congelación de plazas: Otras de las
medidas polémicas anunciadas desde el Ministerio de Justicia por Ruiz
Gallardón fue la no convocatoria de plazas ni para jueces ni para
fiscales en los próximos años. Con esta iniciativa, se entierra una de
las posibilidades de luchar contra el colapso judicial que padece
nuestro país. Según informó el pasado jueves el presidente del CGPJ,
Gonzalo Moliner, el Gobierno se habría comprometido a volver a convocar
oposiciones para el ingreso en la Judicatura a partir de 2013, y
mantenerlas con carácter anual. De momento, Moncloa no ha dicho esta
boca es mía.
- Ausencia de inversión: Durante décadas
las Administración de Justicia ha sido 'la hermana fea' del resto de
ramas de la administración pública. La falta de inversión de los
sucesivos gobiernos en el buen funcionamiento de los juzgados y
tribunales españoles ha sido una constante. Sin embargo, el año 2008 con
el trágico caso de la niña de Huelva Mari Luz asesinada a manos de
Santiago del Valle -un hombre que por error judicial se encontraba en
libertad cuando cometió el crimen- supuso en teoría un antes y un
después para la modernización del sistima judicial. El Ejecutivo
socialista de entonces se comprometió a implantar la nueva oficina
judicial para evitar tragedias como la vivida. Desde entonces, cuatro
años después, poco o casi nada ha mejorado en los juzgados españoles.
Por esta razón, jueces y fiscales reivindican ahora "el desarrollo de
reformas legislativas" que mitiguen el actual colapso judicial y
compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la
Administración de Justicia.
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