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SOBRE EL COBRO DE PENSIONES POR FALLECIDOS, UNA DENUNCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En plena tormenta por los reintegros reiterados de la hucha de las pensiones, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a deficiencias en el control de pensionistas fallecidos ha puesto a la Seguridad Social de nuevo en el ojo del huracÃ¡n. El Tribunal de Cuentas ha alertado de la existencia de fugas en los controles de pensionistas fallecidos despuÃ©s de detectar que 29.321 personas ya muertas segÃºn el INE seguÃan "cobrando" una pensiÃ³n en el 2014, aunque reconoce problemas en las bases de datos que pueden alterar el resultado. El Ministerio de Empleo ha desmentido "rotundamente" esa conclusiÃ³n y limita los problemas a desfases tÃ©cnicos de corta duraciÃ³n por el desajuste entre la llegada de los partes de defunciÃ³n y en casos muy concretos.

El Estado desembolsÃ³ a pensionistas muertos 25,3 millones de euros en diciembre del 2014, segÃºn recoge el informe de fiscalizaciÃ³n del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondiente al 2014, en el que se analizan los datos de fallecidos entre 1997 y agosto del 2015, y en el que el Tribunal de Cuentas concluye que existen una serie de "lagunas y deficiencias" en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.

El mismo anÃ¡lisis asegura que de los 29.321 pensionistas que en diciembre del 2014 figuraban con el mismo DNI en la nÃ³mina de la Seguridad Social y como fallecidos en la base de datos del INE, "seguÃan en la de octubre del 2015 un total de 27.860, que equivalen al 95%". Sin embargo, el mismo informe reconoce que Ãºnicamente en 766 de esas personas habÃa coincidencia del DNI y el nombre y algÃºn apellido debido a mÃºltiples errores en la base de datos del INE. Por ello, el INSS pidiÃ³ la revisiÃ³n de las conclusiones del informe.

La Seguridad Social sÃ admite la existencia de casos de abonos de pensiones a beneficiarios ya fallecidos por motivos tÃ©cnicos o desfase entre la llegada de la informaciÃ³n y la orden de pago que afectaron a 27.525 casos en el 2014 que se redujeron a 5.045 en el 2015. El importe abonado de mÃ¡s, que luego se reclama a los bancos, fue de 27,3 millones en el 2014 y de 11,8 millones en el 2015.

CARENCIA DE INFORMACIÃ“N

El secretario de Estado de Seguridad Social, TomÃ¡s Burgos, ha cargado contra las conclusiones del informe: "Es un disparate lo que el Tribunal de Cuentas plantea en su informe y sobre todo en la presentaciÃ³n pÃºblica de ese informe". "Todos los procedimientos son mejorables, pero el titular que hay 30.000 pensionistas fallecidos que estÃ¡n recibiendo una pensiÃ³n no tiene absolutamente nada que ver con la realidad", ha asegurado Burgos en declaraciones a la Cope.

"El riesgo de que haya una falta de detecciÃ³n del fallecimiento de unos pensionistas en nuestro paÃs y, desde luego, en un plazo superior a aÃ±os, es inexistente, absolutamente Ãnfimo. PodrÃamos estar hablando de casos muy contados". El secretario a instado al Tribunal de Cuentas a que diga "quiÃ©nes son esas personas, y si no lo puede hacer es porque no existen".

BASES DE DATOS

El Tribunal de Cuentas recomienda al INSS analizar las coincidencias de pensionistas que figuran como fallecidos en la base de datos del INE; instar a las entidades financieras a que efectÃºen un control de vivencia de los pensionistas y remitan la correspondiente comunicaciÃ³n; y emplazar a las direcciones provinciales a realizar de manera sistemÃ¡tica un control de vivencia, al menos trianual, para interrumpir los plazos de prescripciÃ³n.

El organismo tambiÃ©n aconseja al INSS elaborar un manual de gestiÃ³n de cobros indebidos de prestaciones; diseÃ±ar una aplicaciÃ³n informÃ¡tica integral para su utilizaciÃ³n por todas las direcciones provinciales; analizar si los recursos materiales y humanos dedicados a la gestiÃ³n de cobros indebidos son los adecuados; realizar actuaciones para conciliar y, en su caso, depurar el saldo de la deuda en gestiÃ³n de cobro por la TesorerÃa General de la Seguridad Social (TGSS), y perfeccionar los procedimientos de comunicaciÃ³n entre ambas entidades.

1,2 MILLONES DE MAYORES DE 85 AÃ‘OS

La Seguridad Social alega que en el sistema "existen 1,2 millones de pensionistas de mÃ¡s de 85 aÃ±os" a los que el control de vivencia presencial "les ocasionarÃa graves perjuicios y ademÃ¡s, darÃa lugar a suspensiones probablemente injustificadas, dado que muchos de ellos serÃan incapaces de comparecer, o incluso ni siquiera tendrÃan conocimiento de la exigencia".

Destaca tambiÃ©n que el nÃºmero de pensiones que generan retrocesiÃ³n frente a las bajas por fallecimiento asciende al 1,2%, "que es una cifra inevitable si tenemos en cuenta los fallecimientos que se producen en los Ãºltimos dÃas del mes, con respecto a los cuales no da tiempo a suspender el pago".

"Parece, pues, un tanto desproporcionado acometer costosos controles de vivencia que ocasionarÃan serias molestias a un colectivo numeroso y especialmente vulnerable para evitar este pequeÃ±o tanto por ciento de retrocesiones, que son devueltas inmediatamente por las entidades financieras. Realizar controles de vivencia indiscriminados a los pensionistas o instar a las entidades financieras a la realizaciÃ³n de los mismos carece de lÃ³gica e irÃa en contra de la vocaciÃ³n de servicio pÃºblico que tiene que imperar en nuestra actuaciÃ³n", concluye el INSS.

COBROS INDEBIDOS

En relaciÃ³n a la detecciÃ³n de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se seÃ±ala que se estaban reclamando con dos aÃ±os de retraso los complementos a mÃnimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario. Esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mÃnimos en los aÃ±os sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensiÃ³n cautelar en los casos de reincidencia.

AdemÃ¡s concluyen que el INSS no disponÃa, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitaciÃ³n de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestiÃ³n, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cÃ¡lculos, custodia de la documentaciÃ³n, fuentes de datos disponibles, etc.

Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idÃ©nticos o muy similares, debido a que la DirecciÃ³n General no homogeneiza ni coordina las actuaciones "mÃ¡s allÃ¡ de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma", dice el informe.

Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre del 2014 presenta una serie de incidencias como la omisiÃ³n de la fecha de resoluciÃ³n de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusiÃ³n de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio, entre otras.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El INSS destaca en sus alegaciones que, desde que comenzÃ³ la informatizaciÃ³n de los registros civiles en el aÃ±o 2009, el sistema principal de detecciÃ³n de fallecimientos es el intercambio diario de informaciÃ³n con el Ministerio de Justicia. Pero inmediatamente aÃ±ade que la labor de control y detecciÃ³n de fallecimientos de pensionistas sigue haciÃ©ndose, paralelamente, de forma manual y por diversas vÃas desde las propias direcciones provinciales del INSS.

De hecho, el INSS defiende que el intercambio de datos diario con Justicia "no releva ni libera" en absoluto a las direcciones provinciales de su labor de control y que, por esta razÃ³n, el control de fallecimiento de pensionistas es siempre un objetivo anual que se fija a las direcciones provinciales y "cuyo grado de cumplimiento condiciona el complemento de productividad".

El INSS alega ademÃ¡s que casi el 95% del total de fallecimientos que se produjeron en EspaÃ±a en el 2014 se registraron informÃ¡ticamente en el correspondiente Registro Civil y se trasmitieron al INSS diariamente, por lo que las bajas de pensiÃ³n por fallecimiento alcanzaron un porcentaje igualmente elevado. Tras exponer todos estos argumentos y otra serie de datos, el INSS considera que los resultados obtenidos por el Tribunal en lo que respecta al control de fallecimientos "debe ser objeto de revisiÃ³n" al no corresponderse con la realidad.