que el debate se haya llevado al terreno identitario, para que triunfen las posiciones más casposas tanto del nacionalismo catalán como español", añade. Y reflexiones similares se escuchan en las filas del PSOE de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura o Madrid, donde además Esperanza Aguirre ha responsabilizado a Zapatero de la prohibición. Hay mucha incomodidad en el PSOE por verse envueltos en otro debate –en "un lío", lo llaman– que les pone en una situación embarazosa por el papel que critican que ha tenido el PSC.

"Nos dijeron que presentarían enmiendas, pero sobre todo que votarían que no", reprochan. "Para que tres diputados del PSC se abstuvieran no hacía falta dar libertad de voto. Y nos meten en otro debate incómodo, con el que la agenda catalana sigue copando, permanentemente, la agenda política española", lamentan.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, se reunió ayer con Zapatero en la Moncloa. Y hablaron de Catalunya también, según dijo, aunque no de la prohibición de los toros. Pero preguntado después si, como presidente socialista, le resultaría difícil explicar en su territorio que la prohibición se haya producido en Catalunya precisamente con un presidente socialista, fue contundente aunque no quiso ser hiriente: "Cada cual aguanta su vela y es responsable de sus actos y de que imponga o no la disciplina de voto en su grupo. No hay responsabilidades colectivas en ese sentido".

En el PSOE, al menos, no temen un coste electoral: "En cada territorio los ciudadanos saben muy bien lo que piensan de este asunto Barreda, Vara o Griñán".

El PP, entre tanto, aceleró para tomar posiciones y ayer mismo registró en el Congreso una proposición de ley que tiene por objetivo "la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico". El texto, que no se debatirá en la Cámara Baja hasta el otoño, explicita que el Estado "deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte de nuestro patrimonio cultural, en todo el territorio nacional".

Además, el PP pretende blindar las corridas frente a futuras iniciativas de parlamentos autonómicos, por lo que su proposición de ley plantea una disposición adicional en la que se establece que "cualquier cambio en el régimen especial de protección de la fiesta de los toros exigirá una ley aprobada por las Cortes Generales".

En la dirección federal del PSOE son muy conscientes de las intenciones del PP de ponerles contra las cuerdas, pero ya adelantan, antes incluso de conocer el contenido de la propuesta de los populares, que votarán que no en el Congreso.

La secretaria de organización de Ferraz, Leire Pajín, así pareció advertírselo ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy: ni el PSOE ni ella misma, aseveró, "nunca ha estado a favor de las prohibiciones y siempre ha sido firme partidario del respeto y la tolerancia".

"No le vamos a consentir que nos dé ni una sola lección de convivencia después de todo lo que ha hecho con el Estatut llevándolo ante el Tribunal Constitucional y tratando de enfrentar a todos los españoles contra los ciudadanos de Catalunya", zanjó Leire Pajín. Para el PSOE, la propuesta presentada por el PP no busca, pues, defender las corridas de toros, sino enfrentar a España con Catalunya.

Y al margen de la arena política, los pro taurinos y animalistas mantienen abierta su batalla. Unos para conseguir revocar la decisión del Parlament, otros para seguir avanzando en sus postulados contra el maltrato animal. En este sentido, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona ha admitido un recurso contra los correbous, en concreto contra el bou embolat y el bou capllaçat.

Ante la posibilidad de que este tipo de festejos también peligre, las peñas taurinas de las Terres de l"Ebre ya se han puesto en marcha para defenderlos. La regulación de los correbous está pendiente de un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries