De la Serna, desde Fomento, blindó el taxi frente a las plataformas VTC, Cabify y Uber

El decreto exigía el cumplimiento del ratio de 1 coche VTC por cada 30 taxis que ya recogía el Reglamento de 2015 de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), por lo que blindaba la legislación que ya existía.

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28-01-2019

Diario Crítico

Aunque en esta crisis de la huelga de taxis, más grave en Madrid que en Barcelona, donde ha quedado aplazada por el compromiso del Ejecutivo catalán de mejorar sus condiciones, tanto PP como Cs están cargando contra la gestión y la postura del Gobierno socialista, lo curioso es que fue el Gobierno de Rajoy quien blindó al sector del taxi.

En concreto, en abril de 2018, dos meses antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia a través de la moción de censura a Rajoy, el Consejo de Ministros aprobaba el 20 de abril un real decreto ley para proteger al negocio del taxi ante las plataformas VTC Cabify y Uber. El Ejecutivo reaccionaba así antes las protestas masivas en el sector que ahora afea desde la oposición.

El decreto exigía el cumplimiento del ratio de 1 coche VTC por cada 30 taxis que ya recogía el Reglamento de 2015 de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), por lo que blindaba la legislación que ya existía, aunque desfasada ante los nuevos tiempos de aplicaciones móviles como las de Cabify y Uber para pedir coches VTC.

 Esa ley determina ese máximo de coches VTC por cada 30 de taxi y establece que los vehículos de tal tipo de licencia tienen que ser utilizados dentro de una comunidad autónoma al menos en un 80% del tiempo, cosa que tampoco se respeta totalmente, que el sector del taxi tiene pruebas de que en Madrid operan VTC de otras regiones del país.

El ministro de Fomento por entonces, Íñigo de la Serna, tras aprobarse este decreto, dijo a la prensa que su objetivo era "garantizar un adecuado equilibrio entre la oferta de la modalidad VTC y los taxis" porque había un "vacío legal" que provocaba sentencias judiciales que rompían "de facto" la proporción del 1/30.

El Gobierno reconoció en abril de 2018 que había "64.217 licencias de taxis" por "7.058 licencias de VTC", lo que "supone una proporción de un VTC por cada 9 taxis", más de lo permitido legalmente con esa proporción de 1/30. Es decir, el Ejecutivo reconocía que no se estaba cumpliendo la ley. No hizo nada y en el mes de septiembre, ya con el nuevo Gobierno, el socialista, el nuevo ministro del ramo, José Luis Ábalos, negoció con los taxistas que fueran las comunidades autónomas las que legislaran la actividad de las VTC y su relación con los taxis en cada región. Era la petición del sector taxi y les fue concedido, pero desde entonces no ha habido avaces, como en la Comunidad de Madrid.

Otra muestra de que el Gobierno del PP actuaba distinto respecto a lo que ahora predica, es que enfadó a las empresas de VTC como Uber, que denunciaba que con su decreto perdía "la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo" y de "modernizar" la movilidad urbana.