Detenidos la secretaria de Rodrigo Rato y uno de sus testaferros
El expresidente de Bankia está acusado de otorgar contratos a cambio de comisiones | El testaferro Alberto Portuondo declara que pagó 40.000 euros mensuales a una empresa del imputado.
02-10-2015
Teresa Arellano, secretaria personal de Rodrigo Rato, y un supuesto testaferro se encuentran detenidos en dependencias en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos por un delito de corrupción entre particulares. Ambas detenciones son anteriores al interrogatorio al que fue sometido en la noche del jueves exvicepresidente del Gobierno en las mismas dependencias.
El juez Antonio Serrano, del juzgado 31 de Madrid, imputa al exdirector del FMI un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Rato salió ayer de su declaración con la imputación de un tercer delito, corrupción entre particulares.
La declaración del exministro de Economía, citado como imputado por los investigadores, así como las detenciones de su secretaria y su supuesto testaferro, cuya identidad no ha sido revelada, son fruto del testimonio que prestó ante el juez el empresario mexicano Alberto Portuondo, detenido y encarcelado el pasado mes de agosto en Barajas cuando pretendía viajar a México. Portuondo confesó que entregó a Rato 835.000 euros (en torno a 40.000 mensuales a lo largo de casi dos años).
Tanto estas detenciones como la citación de Rato están vinculadas con las presuntas mordidasque recibió el exministro por contratas publicitarias adjudicadas por Bankia cuando Rato era su presidente y para lo que se sirvió de sociedades interpuestas. La campaña publicitacia de Bankia fue adjudicada a Zennith y Publicis en 2011. La sociedad Albisa, de Portuondo, actuó de intermediaria entre Zennith y Kradonara, la sociedad del exministro. Arellano ha sido la mano derecha de Rato durante los últimos 30 años. Se le imputa el haber actuado de testaferro de Rato en siete sociedades vinculadas al exministro.
El pasado 24 de septiembre, el juez Serrano-Arnal embargó la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales que Rato percibe como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio, según fuentes jurídicas. El instructor imputó también ese día en la causa al abogado Domingo Plazas, arquitecto del entramado societario del expresidente de Bankia.
Este letrado, con despacho en Madrid, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), es apoderado de la sociedad Vivaway Ltd, con domicilio en el paraíso fiscal de la isla de Guernsey (Reino Unido), y de la que Rato es beneficiario último. Vivaway constituyó en noviembre de 2001 la mercantil española Kradonara SL, a través de la cual, según la fiscalía, Rato ha recibido “6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce” entre 2006 y 2014. Según Hacienda, “no consta” que ni Rato ni sus empresas “hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias”.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato fue interrogado ayer en calidad de imputado en las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. Al que fuera presidente de Bankia se le vio entrar acompañado de su letrado, a las cinco de la tarde, y abandonó las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) pasadas las nueve de la noche. Un largo interrogatorio del que salió con una nueva imputación, la de corrupción entre particulares. Imputación que se suma a las que ya tenía por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Los investigadores sospechan que Rato aprovechó su puesto en la dirección de Bankia para otorgar contratos a empresas que posteriormente "devolvieron" la gestión mediante el pago de importantes comisiones o bien al exdirigente del Partido Popular directamente, o bien a asesores de su confianza. En cualquier caso, la cuantía de estos pagos no están cifrados todavía, según aseguraron anoche a La Vanguardia fuentes al corriente de la investigación que lleva a cabo Guardia Civil.
Esas mismas fuentes revelaron que en el marco de esta misma investigación la Guardia Civil realizó el miércoles varias detenciones, vinculadas con esos mismos pagos. Unos detenidos que en el día de ayer continuaban en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos. La investigación sigue abierta y no se descartan nue-#1;vos arrestos en el día de hoy. Toda esta investigación surge a partir de la cuantiosa documentación que#1;la UCO ha reunido sobre la ges-tión de Rato al frente de Bankia.
Este jueves salió a la luz las relaciones entre Rodrigo Rato y Alberto Portuondo, el supuesto testaferro. En su declaración ante el juez que indaga el caso del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Portuondo, que está en prisión provisional desde el pasado mes de agosto, manifestó que por informes verbales pagó 40.000 euros mensuales a la empresa Kradonara, propiedad de Rato, durante 2011 y 2012.
La cadena Ser desveló esa declaración en la que Portuondo explicó que abonó dichas cantidades a Kradonara ignorando la circunstancia de que era propiedad del ex director gerente del FMI. El ad-ministrador de la empresa que#1;hizo tales pagos, Albisa Inversiones, era el propio Portuondo. En esa misma época, el supuesto testaferro de Rato ingresó cerca de dos millones de euros de las empresas Zenith y Publicis, que ganaron los concursos de publicidad de Bankia.
Los servicios prestados por Kradonara a Albisa Inversiones están "ampliamente documentados" en los informes de la investigación, y el juez que investiga los negocios y los movimientos patrimoniales de Rato tiene constancia documental de su existencia y evolución. El hecho es que Albisa Inversiones pagó 473.000 euros en 2011 y 360.000 en 2012 a la sociedad Kradonara, después de que Portuondo contratara los servicios de esta última, por la que habría pagado unos 40.000 euros al mes, sin saber que el dueño de la compañía era Rato, siempre según su declaración.
La madeja se sigue enriqueciendo si se tiene en cuenta que Portuondo reconoció que asesoraba a los responsables de Bankia que resolvían los contratos de publicidad de esta misma entidad. Zenith y Publicis ganaron precisamente tales contratos, y lograron unos ingresos que se aproximaban a los 40 millones de euros. En todo caso, Portuondo negó al juez que en algún momento hubiera tenido capacidad de decisión en la adjudicación de las campañas de publicidad, limitándose su actuación al asesoramiento.
Las conclusiones provisionales de los investigadores consisten en que parte del dinero ganado por dichos contratos publicitarios, en concreto algo más de 830.000 euros, acabó en manos del propio Rato, precisamente por medio de los pagos que Portuondo. En apoyo de esta tesis se mencionan las declaraciones de directivos de las empresas publicitarias aludidas.