Día "negro" para el Gobierno de Rajoy por sus derrotas en el Congreso de los Diputados
Derogada la "ley mordaza" de Interior y los partidos, incluido Ciudadanos, acuerdan una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la financiación del PP.
21-03-2017
DÍA "negro" para el Gobierno en el Congreso de los Diputados al ser derrotado por la oposición (incluido el grupo Ciudadanos), con la derogación de la polémica "ley mordaza" de Interior y por el acuerdo de formar una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la financiación del PP. Sin duda, el "varapalo" al Ejecutivo ha sido importante. Rajoy no asistió a la votación para no aparecer como un jefe de gobierno derrotado.
EL CONGRESO DA EL PRIMER PASO PARA MODIFICAR LA 'LEY MORDAZA'
El Pleno del Congreso dio ayer el primer paso para modificar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a su revisión. El PP fue el único grupo que se opuso a ambas. La iniciativa del PSOE tiene como objetivo derogar esta ley, mientras que la del PNV propone reformar unos 44 artículos. Una vez tomadas en consideración estas iniciativas, se abre un plazo de presentación de enmiendas en la Comisión de Interior con el objetivo de alcanzar un único texto articulado, que volverá al Pleno y tendrá que pasar también por el Senado. A partir de ahora se inicia un trámite parlamentario que se prevé largo, donde, con aportaciones de todos los grupos, debe consensuarse una nueva normativa que será sometida nuevamente a votación y que necesita mayoría absoluta (176 votos)
Los periódicos inciden en que la toma en consideración de ambas propuestas se debatió de forma conjunta, aunque no lograron los mismos apoyos por las reticencias de Ciudadanos a la propuesta de los socialistas, en cuya votación se abstuvo, al considerar que pretendía una vuelta a la 'ley Corcuera'. El PSOE quiere que se apruebe un nuevo texto que, como poco, elimine las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a las que se manifiestan ante el Congreso y el Senado y a las que utilizan imágenes de miembros de la política. También pide que se imposibiliten los registros personales en lugares públicos y se anule la consideración de infracción grave de las faltas de respeto a una autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas del Estado.
El PNV propone reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en estos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana. Sobre la libertad de expresión e información, el texto propugna la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Mikel Legarda, del PNV, dijo que la intención es equilibrar el binomio libertad-seguridad, porque la ley en vigor se ha convertido, según subrayó, en "el derecho penal de la peligrosidad y la desconfianza". Por su parte, Antonio Trevin, del PSOE, pidió el voto para la propuesta socialista frente a una ley a la que calificó de "nefasta" y de "pura paranoia autoritaria".
El portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, dijo que su grupo buscará un acuerdo sobre "lo que no ha funcionado y ver qué ha funcionado bien para poder conservarlo", siempre sobre la base de que ha sido una "ley buena para mejorar la seguridad en nuestro país". El portavoz de Interior del PP y diputado José Alberto Martín-Toledano Suárez, dijo que su formación es partidaria de la propuesta del PNV, aunque puntualizó que no compartía la totalidad de los cambios pedidos. advirtió que ambas propuestas son "contrapuestas y antagonistas" y que se está rechazando la normativa con "falsas premisas, "afirmaciones demagógicas" y utilizando argumentos de "desgaste político".
Unidos Podemos votó a favor de las dos, pero con la condición de negociar porque no jugarán "con los derechos fundamentales de los ciudadanos", según Eduardo Santos, que recordó las 6.217 sanciones impuestas en los seis primeros meses de aplicación de la ley y reprochó a los socialistas que miren al pasado en un ejercicio de "melancolía.".
La noticia en los diarios
EL PAÍS titula: "Las discrepancias de los partidos ponen en riesgo la reforma de la 'ley mordaza'". Según EL MUNDO, "Rajoy sufre un nuevo revés en el Congreso con la 'ley mordaza'". ABC incide en que "el PP tratará de salvar la ley tras otra derrota en el Congreso". Para LA VANGUARDIA, "el Congreso decide desbaratar la 'ley mordaza' y deja al PP aislado". EL PERIÓDICO subraya que "el PP suma otra derrota en el Congreso con la 'ley mordaza'". CINCO DÍAS señala que "el Congreso tramitará 'dos iniciativas contra la 'ley mordaza'". EL ECONOMISTA apunta que "la oposición al completo tritura la 'ley mordaza' y cerca otra vez al PP".
EL PAÍS 18/EL MUNDO 1, 12/ABC 2, 19/LA VANGUARDIA 21/EL PERIÓDICO 26, 27/LA RAZÓN 1, 16, 17/CINCO DÍAS 2/EL ECONOMISTA 43/AGENCIAS
Grupo DiarioCrítico/Andrea Mingorance/Foto: PSOE
El Congreso de los Diputados frenará este martes la iniciativa de Unidos Podemos para regular la eutanasia. Así se desprende del sentido del voto que ya han anunciado las otras formaciones nacionales. PSOE y Ciudadanos han decidido abstenerse, mientras que el PP votará en contra.
"Por desgracia, la triple alianza se alía de nuevo para impedir que se legisle sobre el derecho a morir con dignidad en nuestro país", ha reconocido la portavoz de Podemos, Irene Montero.
La propuesta del grupo confederal busca una regulación para que se permita la práctica de la eutanasia en personas que en estén en "la fase terminal de una enfermedad" o que padezcan "sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables".
Podemos propone despenalizar esta práctica cuando se haya hecho mediante una solicitud explícita, inequívoca y regulada y defiende que la muerte por eutanasia se equipare a una muerte natural a efectos legales.
Todos los espacios del grupo Unidos Podemos -que se han repartido la defensa de la iniciativa en el pleno- han asegurado que existe un amplio apoyo social en favor de la regulación de la eutanasia, apoyándose en datos del CIS.
Una amplia mayoría de la ciudadanía, el 84% según @metroscopia, respalda una #LeyDeEutanasia desde hace años. El @PSOE no opina lo mismo. pic.twitter.com/1xiJ4eI1Jk
— Izquierda Unida (@iunida) 21 de marzo de 2017
Muerte digna
Podemos confiaba en poder contar con, al menos, el apoyo del PSOE y el anuncio de la abstención socialista no ha sentado bien entre las filas moradas. El líder de la formación, Pablo Iglesias, ha hecho un último intento durante el pleno de la tarde y ha asegurado que se esperaba la respuesta de la "bancada reaccionaria" del PP y de los "liberales del siglo XIX" de Ciudadanos, pero no del PSOE.
"Hoy, señores del PSOE, ustedes se han colocado en el lado de no querer avanzar hacia avanzar en los derechos cíviles", ha asegurado Alberto Garzón también desde la tribuna del Congreso. La diputada de En Comú Podem, Marta Sibina, ha acusado al PSOE de incoherencia por haber impulsado este debate en algunas comunidades autónomas y de arbitrariedad por no querer plantearlo ahora en el Parlamento nacional.
Sin embargo, el PSOE ha coincidido con Ciudadanos y PP al señalar que prefieren centrar el debate en la "muerte digna", ya que entienden que la propuesta de Podemos se refiere a lo que se conoce como "eutanasia activa". La diferencia es que la muerte digna se refiere sólo a la aplicación de los métodos necesarios para aliviar el sufrimiento al final de la vida, pero no implica que se conceda la muerte a petición de la persona.
De hecho, tanto los socialistas como la formación de Rivera han registrado sendas iniciativas relativas a la 'muerte digna'. Ciudadanos ha anunciado este martes que llevarán su propuesta a pleno la semana que viene para que sea debatida su toma en consideración.
"Nuestro compromiso -y así lo manfiestamos- es a favor de abrir un debate de este tema con un consenso suficiente", ha comentado el portavoz socialista, Antonio Hernando.
Preguntado por la posición del PSOE sobre la 'eutanasia activa', el dirigente ha apuntado que prefieren tener primero ese debate dentro de sus filas y luego manifestar su posición en el Congreso. Es decir, que, de momento, no tienen una posición clara al respecto.
Durante la explicación en el pleno, el diputado Gregorio Cámara ha añadido que consideran que la propuesta de Unidos Podemos es precipitada y ha apostado por aprobar primer la ley sobre muerte digna y luego abrir un debate riguroso sobre la eutanasia y el "suicidio asistido".
Pacto PP-Cs
Por su parte, Ciudadanos ha defendido su propia iniciativa frente a la de Podemos. El portavoz de la formación en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que su propuesta se ajusta al enfoque "humanitario" y médico y no se basa en la "ingenieria social y la decisión por quien no corresponde".
Girauta ha explicado que han optado por la abstención, en vez del 'no', porque consideran que negarse en una votación sobre la toma en consideración de una propuesta equivale a rechazar que se abra un debate.
La posición de Ciudadanos ha sido defendida en el pleno por el diputado Francisco Igea, que antes de entrar en la política era médico y que ha criticado que la norma puesta sobre la mesa por Unidos Podemos carece de las suficientes garantías.
En este sentido, Igea ha señalado que la iniciativa del grupo de Iglesias permitiría, por ejemplo, practicar la eutanasia en enfermos psiquiátricos con condiciones no irreversibles.
La formación de Rivera incluyó la regulación de la muerte digna en su pacto de investidura con el PP. El portavoz popular, Rafael Hernando, ha reiterado su compromiso hacia esta medida y ha mostrado su oposición a la propuesta de Podemos.
"Lo que ha propuesto Podemos en mi percepción es que ni tan siquiera es modificable o maleable. Es una proposición de ley que tiene como hilo la eutanasia activa", ha justificado el portavoz.
La diputada popular Pilar Cortés ha profundizado durante el pleno el rechazo frontal de su partido a la regulación de la eutanasia, ya que, según la parlamentaria, esto implicaría conceder a un profesional sanitario la capacidad de matar. En este sentido, Cortés ha asegurado que la libertad a la propia vida debe de tener límites tanto desde una perspectiva humanitaria como jurídica.