Según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría en comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el crédito iría destinado al pago a proveedores por obras, contratos y servicios, realizados con anterioridad al 1 de enero de 2012, así como a la cancelación de las obligaciones de deuda contraídas con anterioridad a dicha fecha y contabilizadas previamente como déficit.

Esta línea de crédito está condicionada, según ha informado la 'número dos' del Gobierno de Rajoy, por la aceptación de un plan de reducción del déficit, de manera que el acceso a esta línea estará condicionada al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial. Según el Gobierno, se trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores para dinamizar a las pymes, que tienen deudas no pagadas todavía por las administraciones.

Los préstamos para financiar deuda vencerán en un máximo de tres años y contarán con una amortización "anual, lineal y constante". El tipo de interés, en este caso, será el de referencia del ICO más 225 puntos básicos. En el segundo tramo, el ICO realizará directamente los pagos a los proveedores a través de una entidad financiera y los gastos derivados de los pagos correrán a cuenta del cliente. En este caso, los préstamos tendrán un vencimiento único de 11 meses y el tipo de interés será el de referencia ICO más 175 más puntos básicos.

Condiciones de la línea

De Guindos ha explicado que el Gobierno creará esta línea ante las dificultades de las comunidades para afrontar los vencimientos de deudas pasadas que han madurado en los últimos meses y para pagar a proveedores, situación que a su vez afecta "muy negativamente" a las pymes y los autónomos e influye en la destrucción de tejido empresarial en España.

El ministro ha asegurado el Gobierno es muy consciente de los problemas que atraviesan las comunidades como consecuencia de los desequilibrios presupuestarios, aunque también ha dicho que el acceso a la línea se supeditará al cumplimiento de "condiciones muy estrictas". Así, los préstamos tendrán una "condicionalidad fiscal" por la que las comunidades y el Ministerio de Hacienda acordarán un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal.

Además, las comunidades tendrán que aceptar condiciones particulares de seguimiento y adoptar medidas de ajuste para alcanzar los objetivos marcados, límites de endeudamiento y obligaciones de pago a proveedores.

Más interés si no cumplen

En este caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de evaluar trimestralmente a las comunidades y si detecta incumplimiento podrá ampliar el tipo de interés de los préstamos en 25 puntos básicos. Además, la línea tendrá una "condicionalidad financiera", por la que las comunidades tendrán que remitir al Ministerio de Economía y Competitividad un informe de las operaciones realizadas. Además, una vez solicitada la línea, tendrán que obtener la autorización de este Departamento para plantear nuevas operaciones de endeudamiento.

Si el Ministerio detecta nuevas operaciones de endeudamiento o un incumplimiento de naturaleza financiera podrá exigir anticipadamente las operaciones de préstamos realizadas con cargo a esta línea. Además, los intereses y la comisión de la financiación estarán cubiertos con las retenciones a efectuar a favor del ICO del 25% de los recursos del sistema de financiación.