El Gobierno propone al Senado destituir a Puigdemont y a todo el Gobierno de la Generalitat
EN EL ANUNCIO DE LAS MEDIDAS, Rajoy ha asegurado que “no se suspende la autonomía de Catalunya sino que “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley”.
20-10-2017
Rajoy propondrá cesar a Puigdemont y a todos los consejeros del Gobierno de la Generalitar y convocará elecciones en seis meses. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien también ha anunciado que trasladará medidas de control sobre el Parlament para evitar que “admita iniciativas contrarias a la Constitución”. Aunque las medidas adoptadas en el marco de la aplicación del artículo 155 resultan inéditas en democracia y son de calado, el jefe del Gobierno ha asegurado que “no se suspende la autonomía de Catalunya sino que “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley”.
El presidente del Gobierno ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de esta sábado en el que se han aprobado las medidas que se llevarán al Senado para, según el argumentario de Moncloa, “garantizar íntegramente los derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad” en Catalunya.
Acompañado por todos sus ministros, el jefe del Ejecutivo ha realizado una larga intervención en la que ha insistido en que el objetivo es “que se celebren elecciones con normalidad” en Catalunya, porque es “lo quiere la mayoría y lo que dice sentido común”, con el objetivo de abrir “una nueva etapa donde se preserven los derechos y se recupere la normalidad y la convivencia de las personas”.
El Consejo de Ministros debe decidir qué medidas concretas se activan para “recuperar la autonomía de Cataluña”. Así, el Ministerio del Interior tomará el mando de los Mossos d'Esquadra, que pasaría a manos de la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sería destituido. Asimismo, el Gobierno contempla la destitución de Oriol Junqueras como consejero de Economía y Hacienda, que sería sustituido por alguien de "perfil técnico".
Mientras se encuentra reunido el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha remitido un documento de 11 folios en los que argumenta y defiende la aplicación del 155 porque "las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico".
El documento hace referencia a las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, entre las que destacan la anulación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica. También alude al requerimiento enviado por el Ejecutivo de Rajoy al Govern y la respuesta de Puigdemont.
"Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes", son los 4 grandes objetivos que apunta el Gobierno para justificar la aplicación de este artículo.
El texto también recuerda que este mecanismo constitucional no se ha utilizado nunca en España, ya que sólo fue activado en 1989 en la Comunidad Autónoma de Canarias, a la que "bastó el requerimiento para cesar en su comportamiento".
Para el Gobierno, "las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico", por lo que las medidas que se aprueben son "garantistas" y persiguen asegurar derechos. En su argumentario, el Ejecutivo denuncia que Puigdemont ha obviado el "interés general de los catalanes,en favor del ideario independentista de una parte de ellos".
La aplicación del artículo se aprobaría el viernes 27 de octubre en el Senado, con la mayoría que garantizan PP, PSOE y Ciudadanos.
No suspensión de autonomía
Los socialistas han dejado claro que, para empezar, la aplicación del artículo 155 no supondrá la suspensión de la autonomía de Cataluña, como se está afirmando como conclusión rotunda de este artículo constitucional. Según Carmen Calvo, lo que se hará es "garantizar" la legalidad y que precisamente se cumpla el Estatuto de autonomía en los términos establecidos. Además, vio esencial convocar elecciones: "No se puede aplicar el 155 sin un fin democrático que es que haya elecciones en Cataluña", dijo en una entrevista en la SER.
Sin detallar más intervenciones concretas, se estima que algunos altos cargos de la Generalitat catalana serán destituidos, pero nadie se atreve a decir nombres. El rumor es que Oriol Junqueras, vicepresidente de Carles Puigdemont y conceller de Economía, sería una de las víctimas. Sin embargo, el propio president, Puigdemont, seguiría en el cargo para evitar una caída política que eclipsaría el espíritu de esta intervención del Estado.
Elecciones en enero
Según Calvo, lo que han pactado en estos días Rajoy y Sánchez, ambos líderes de la política nacional, sería un adelanto electoral en Cataluña. Pero la fecha, aunque se había especulado con que sería de cara a la primavera de 2018, se adelantaría a enero, para evitar aumentar la crispación y el vacío de legalidad en esta comunidad autónoma.
Brevedad y limitación
Lo que también dejó claro ayer el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es que el PSOE exigirá que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sea "muy, muy limitada", tanto en el tiempo como en su alcance.
Al parecer, se dirigiría a garantizar la prestación de los servicios públicos, así como el pago de sueldos de funcionarios y demás asuntos económicos y sociales fundamentales.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, aparcó temporalmente su oposición a la aplicación del artículo 155 y dirigió sus ataques a Puigdemont, haciéndose a un lado y por tanto apoyando lo que Pedro Sánchez decida desde Madrid.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió en que el Gobierno tiene que aplicar el artículo 155 para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y consideró que una democracia europea "no pueda aceptar chantajes de nadie".
Para empezar, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que apoya la posición del Gobierno español y que espera una solución "sobre la base de la Constitución".
Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, apuntó que el Consejo Europeo estaría marcado por "un mensaje de unidad" en torno a España.
Hubo otros apoyos manifiestos: el primer ministro holandés, Mark Rutte, hizo un llamamiento a restaurar "el orden constitucional", mientras que su homólogo luxemburgués, Xabier Bettel, apostó por encontrar una "solución política, diplomática" en Cataluña respetando la Constitución. Además, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, admitió su "preocupación" por Cataluña, pero aclaró que "no hay espacio para la intervención" de la UE. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió de que "nadie en la UE reconocería la independencia de Cataluña".
Como nota discordante, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, se desmarcó y reiteró lo que ya había dicho en días pasados: su petición de diálogo y su condena "a todas las formas de violencia". La prensa flamenca informó de que el Gobierno español presentó sus quejas al Ejecutivo belga por las declaraciones de Michel, y que España no apoyaría la candidatura de la belga Catherine de Bolle a la dirección de Europol. Pero fuentes diplomáticas españolas negaron ningún tipo de represalias y aseguraron que no ha habido ninguna queja a nivel diplomático.
Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el problema de Cataluña es resultado del "doble rasero" demostrado por Europa al aceptar la independencia de Kosovo pero no reconocer a los "separatistas" catalanes la "defensa de sus derechos".
En la prensa
Todos los diarios llevan a sus primeras el apoyo de la UE al Gobierno español. EL PAÍS habla de "rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida". EL MUNDO, ABC y 20 MINUTOS coinciden en que, "Europa cierra filas" con Rajoy. "Los líderes de la UE arropan a Rajoy", titula LA RAZÓN. LA VANGUARDIA y EL PERIÓDICO destacan que el presidente español recibió el apoyo de Merkel y Macron.
