El Poder Judicial investiga si un juez asesoró a Urdangarin para defraudar a Hacienda
Se trata de unas actuaciones de carácter preliminar para verificar la existencia de los correos de Diego Torres
10-04-2015
©GrupoDiariocrítico/agencias/redacción
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca Herrero, recaba información sobre el asesoramiento que pudo prestar el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Aguallo a Iñaki Urdangarín, según se revela en varios correos electrónicos aportados al "caso Nóos" por el socio del duque de Palma Diego Torres.
Se trata de unas actuaciones de carácter muy preliminar, según han concretado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, con las que se trata de verificar la existencia de dichos correos y analizar su contenido antes de decidir si se abre una investigación formal al respecto. También se trata ahora de averiguar si los hechos, ocurridos en 2008 según la documentación aportada podrían, en todo caso, haber prescrito desde el punto de vista disciplinario.
Según estos correos, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Aguallo, entonces letrado del Tribunal Constitucional, asesoró al Duque en relación a uno de los negocios por los que éste cobró a través de la empresa Aizoon -cuya propiedad comparte con la Infanta Cristina- para defraudar a Hacienda.
En uno de los emails, de febrero de 2008, la secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, pregunta a Aguallo: "¿Sería tan amable de comunicarme el lugar de la reunión-almuerzo, con D.Iñaki y con el Sr.Torres del próximo día 25 de 13:30 a 16:00?", a lo que el magistrado le responde en otro correo: "Creo que va a ser en la propia sede de Pernod Ricard".
Precisamente, Pernod Ricard es una de las empresas de las que cobró el Duque por diversos asesoramientos y cuyas retribuciones facturó, como si de ingresos por actividades profesionales se tratase, a través de Aizoon, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. Mediante este sistema, Urdangarin habría defraudado hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.