23-11-2014Todo se remonta a 1985, cuando el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, aprobaba un decreto en el que se eliminaba la prórroga obligatoria que regía hasta entonces en los contratos de alquiler, hiriendo de muerte los arrendamientos de renta antigua. Treinta años más tarde, el próximo 1 de enero, llegará el golpe de gracia. Ese día decaerán los alquileres de locales comerciales firmados antes de la entrada en vigor del decreto, salvo en aquellos casos en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato o su cónyuge, que son los únicos blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación.
Una situación que, según los cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), amenazaba seriamente el futuro de 200.000 comercios españoles. Cuántos de ellos bajarán definitivamente la persiana antes de las uvas sigue siendo una incógnita, porque las negociaciones son individuales, pero los expertos descartan un cierre masivo de locales que deje desiertos los centros de las ciudades, como se temía hace unos meses.