YA ES OFICIAL. La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres.eL
Al final, todo queda en manos del juez Castro. Como era previsible, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha decidido no acusar a la infanta Cristina delito fiscal alguno, que es lo único por lo que podía sentarla en el banquillo después de que la Audiencia Provincial de Palma indicara en su resolución del 8 de noviembre que no se la podía acusar de blanqueo de capitales. Queda pendiente de conocer la calificación definitiva de la Abogacía del Estado, pero si como se prevé mantiene las mismas tesis que la Fiscalía, ninguna de las víctimas -la Agencia Tributaria, representada por la abogacía, ni el fiscal en tanto valedor del interés público- presentaría acusación contra la infanta. En teoría, en aplicación de la denominada doctrina Botín, no habría opción para sentar a Cristina de Borbón en el banquillo. Sin embargo, el auto de la Audiencia de Palma del 8 de noviembre introdujo una matización al señalar que como en esta causa el ministerio público sí aprecia delitos fiscales, aunque los atribuya a otras personas, el juez instructor tiene capacidad para acusar de ellos también a la infanta.
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Si el juez Castro se reafirma en la línea que ha mantenido durante los dos últimos años de la instrucción, la infanta acabará en el banquillo y se consumará la ruptura definitiva de la pareja investigadora que ha sido capaz de desmadejar el ovillo de la corrupción en las Baleares y llevar por primera vez en la historia a un miembro de la familia real ante la Justicia. Y es que la infanta ha sido el motivo de la discordia que ha llevado al divorcio de la pareja Castro-Horrach.
Una pareja que durante años trabajó como una piña, mano a mano, para poner al descubierto la trama de corrupción que había montado el expresidente Jaume Matas. Tirando del hilo del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena, Castro y Horrach levantaron 27 piezas separadas, de las cuales la que más daría que hablar sería la relacionada con el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, dirigido por el yerno del entonces rey Juan Carlos.
Rotas las hostilidades
«Yo solo hago lo que Pedro Horrach me indica», llegó a decir el juez Castro tras la primera sentencia condenatoria del caso Palma Arena, en una muestra de la buena sintonía entre ambos. Una cordialidad y aprecio mutuo que empezó a romperse en abril del 2013, cuando el instructor decidió imputar a la infanta Cristina. El fiscal reaccionó con dureza y recurrió la imputación con un escrito en el que lanzó las primeras puyas contra el juez: «El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no ajustarla a expectativas o sospechas personales».
La Audiencia de Palma levantó la imputación de la infanta, pero abrió la puerta al juez a investigarla por blanqueo y delito fiscal. Y a ello se dedicó a partir de entonces, con la oposición sistemática del fiscal, quien incluso llegó a apoyar la imputación de dos aforados valencianos, Francisco Camps y Rita Barberá, para que la causa fuera trasladada al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Vano intento.
Llegó incluso a personarse en el despacho del juez, el 14 de noviembre del año pasado, para oponerse a la nueva imputación de la infanta, antes incluso de que el propio instructor la decidiera, con un escrito en el que calificaba la decisión que pensaba tomar Castro de «especulación huérfana de sostén indiciario». Solo le sirvió para enconar aún más el enfrentamiento entre ambos, porque unas semanas después, en enero, el juez volvía a imputar a Cristina de Borbón y recordaba al fiscal que «en derecho, como en la diplomacia, las formas son importantes».
La traca final llegó en junio, al cerrar el juez la causa y mantener a la infanta como procesada. En su consecuente recurso, el fiscal llegaba a tachar la instrucción de inquisitorial y acusaba al juez de haberse dejado llevar por la presión mediática, sin indicios sólidos para proceder contra Cristina de Borbón. El juez le respondía no en un auto sino ante los periodistas, instándole a denunciarlo por prevaricación. La trifulca llegó a tal punto que tuvieron que intervenir el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado.
Y ahora, al final de la batalla, la última palabra la tendrá el juez José Castro, quien después de esto se jubilará.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.
La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar 'in extremis' en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal.
ENTRE DIEZ Y DOCE AÑOS DE CÁRCEL PARA MATAS
En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO
El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NÓOS
El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.
08-12-2014