El togado explica que Granados es titular de varias cuentas en Suiza en las que existe "sospecha de blanqueo de capitales agravado".
Asimismo, Velasco sostiene
El juez Eloy Velasco ha decretado este viernes el ingreso en prisión de Francisco Granados, exnúmero dos del PP en Madrid, y del 'conseguidor' David Marjaliza por amañar contratos públicos en su propio beneficio y formar parte de una organización criminal. El togado explica que Granados es titular de varias cuentas en Suiza en las que existe "sospecha de blanqueo de capitales agravado".
Asimismo, Velasco sostiene que el exnúmero dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, "a lo largo de su carrera política ha beneficiado a su amigo de la infancia, Marjaliza, y a otros empresarios como José Luis Huerta --que está en prisión hasta que pague 300.000 euros-- en "materia de contratación pública y urbanismo".
El juez también acusa al político conservador de formar parte de "una red de tráfico de influencias que ha utilizado en beneficio propio". Asimismo, el togado revela que durante la investigación se han detectado "diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha" que han sido la contraprestación que recibió Granados de los empresarios a los que ayudó.
El juez imputa al exdirigente popular los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.
"UN COMPLEJO ENTRAMADO EMPRESARIAL"
Por su parte, Marjaliza, según el magistrado, es "la cabeza" de un amplio entramado empresarial, "núcleo de una organización criminal", que se centró en obtener adjudicaciones públicas aprovechándose "de sus amplias relaciones personales y políticas". Además, este imputado gestó "un complejo entramado empresarial" para ocultar los beneficios.
En la mañana de este viernes han quedado en libertad bajo fianza de 6.000 millones de euros dos funcionarios del ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid). Este consistorio firmó un contrato de casi 40 millones de euros con Cofely, empresa especializada en eficiencia energética, que se comprometió a pagar 70.000 euros a los actores de este contrato.
Y finalmente ha dejado en libertad con comparecencias mensuales al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por "poner en grave riesgo" la investigación al avisar de esta instrucción a Granados.
Tras estas declaraciones han terminado la ronda de comparecencias por la operación Púnica. Han sido puestos a disposición judicial 34 personas, de las que siete han ingresado en prisión incondicional, 13 saldrán de la cárcel tras pagar fianzas que oscilan entre los 100.000 y los 25.000 euros, cuatro libertades con fianza, siete en libertad con cargos y cuatro con obligaciones de comparecencias en el juzgado.
LA CUENTA DE SUIZA
Durante el interrogatorio, Granados ha declarado que la cuenta que reconoció haber abierto en Suiza en 1996 pasó a ser de Marjaliza en el 2000. Fuentes de la defensa han apuntado que, en su comparencia en la Audiencia Nacional, ha negado que tuviera influencias en la Comunidad de Madrid para mediar en las adjudicaciones.
El exsecretario general del PP madrileño ha afirmado que, cuando abrió la cuenta en Suiza, esta tenía 320.000 euros, y que, en el 2000, un año después de ser elegido alcalde de Valdemoro, se la cedió a Marjaliza, investigado como presunto 'conseguidor' de la macrored corrupta que presuntamente amañaba contratos a cambio de comisiones ilegales. Según su declaración, quiso cerrarla, pero el banco no le dejó, por lo que traspasó la cuenta a su amigo y recuperó su depósito de 360.000 euros. La transferencia de 1.600.000 euros que Suiza detectó en el 2013, y que condujo a la apertura de la investigación, habría sido, según Granados, un traspaso entre dos cuentas de Marjaliza.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez Eloy Velasco que ordene la prisión provisional sin fianza para el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, quien ha sido interrogado por el magistrado esta mañana en relación con la trama de corrupción investigada en la llamada operación Púnica.
El exconsejero madrileño y el empresario de la construcción David Marjaliza han comparecido esta mañana ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Mientras Granados ha declarado durante dos horas, Marjaliza se ha negado a responder al interrogatorio.
Velasco investiga en esta operación una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que logró obtener de manera irregular la adjudicación de «numerosos» contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones, según ha señalado el propio magistrado en sus autos.
Velasco ha querido interrogar a Granados y Marjaliza en último lugar después de que hayan comparecido ante él los otros implicados en la trama.
Velasco envió ayer a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y «conseguidor» de contratos públicos de la trama, Alejandro de Pedro Llorca.
Granados y Marjaliza solicitaron anoche comparecer ante el juez de guardia para que se revisara su situación y se les pusiera en libertad, peticiones que les fueron denegadas en la madrugada, por lo que se encuentran en situación de detención judicial.
Rechazo de la excarcelación
El juzgado de instrucción número 2 de Majadahonda rechazó esta madrugada excarcelar al exconsejero madrileño Francisco Granados que había presentado una petición de habeas corpus (ser puesto inmediatamente a disposición judicial tras ser arrestado) ante el juzgado de Majadahonda, por considerar que su detención se había prolongado indebidamente, al rebasar las 72 horas sin pasar por el juez, y exigía su inmediata puesta en libertad.
En un auto, la juez de guardia María Isabel Serrano rechazó el habeas corpus al afirmar que no concurre el supuesto de que Granados se encuentre ilegalmente privado de libertad, al haberse transformado las diligencias de policiales a judiciales.
Justifica su decisión al considerar que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal el plazo se debe contar desde el momento en que se acuerda la detención judicial, que decretó el juez Eloy Velasco el pasado miércoles por la tarde y no desde el pasado lunes, cuando fue arrestado por la Guardia Civil.
El habeas corpus alude al derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse.
Arrestado el pasado lunes
Granados fue arrestado por la Guardia Civil el pasado lunes y el Instituto Armado disponía por ello de 72 horas para ponerlo a disposición del juez, plazo que acababa ayer por la mañana.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó el miércoles por la tarde un escrito por el que daba por transformadas las diligencias de policiales a judiciales, por lo que entonces empezaba a contar otro nuevo plazo de 72 horas de arresto.
La defensa de Granados, que tenía previsto pasar ayer ante el juez, como la de su amigo y socio David Marjaliza, que también pidió el habeas corpus en un juzgado de Colmenar Viejo, considera esta prórroga ilegal.
El juzgado de Majadahonda pidió anoche información a Velasco y el juez le remitió el auto en el que se acuerda la detención judicial y que se notificó personalmente a Granados en las dependencias de la Guardia Civil.
La decisión de la juez de Majadahonda supone que Granados tendrá que acudir por la mañana a la Audiencia Nacional, donde el juez Velasco le tomará declaración por su presunta participación en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica.
Tras abandonar el juzgado de Majadahonda, Granados ha sido conducido en un vehículo al cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas.
Seis detenidos a prisión
El juez ha dictado la noche de este jueves el ingreso en prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, la secretaria de Marjaliza Ana María Ramírez y el empleado de Cofely Pedro García Pérez.
Además, ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para otras ocho personas. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal de la localidad (100.000 euros); los empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Eduardo de la Peña (50.000 euros) y Antonio Serrano (100.000 euros); el director general de Cofely, Didier Maurice, su director comercial Constantino Álvarez y el empleado José Antonio Álvarez, todos ellos con fianzas de 100.000 euros. El magistrado ha dejado en libertad sin la imposición de medidas cautelares al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso.
En total son ya seis los detenidos en la operación Púnica que deben ingresar en la cárcel de forma incondicional por orden del juez. Velasco ya decretó por la mañana prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el empresario Alejandro de Pedro, considerado junto al constructor David Marjaliza, principal 'conseguidor' de la trama.
PRESIDENTE DE LEÓN A LA CÁRCEL
El presidente de la Diputación Provincial de León, Marcos Martínez de Barazón, ya está en la cárcel. Barazón entraba en un furgón de la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó prisión incondicional para él, sin posibilidad de fianza, tras tomarle declaración por la mañana por espacio de algo más de una hora en el marco de la operación Púnica.
Velasco hizo caso así al criterio de la fiscal anticorrupción, Carmen García, que pidió la prisión sin fianza para el presidente de la Diputación de León en una 'vistilla' celebrada nada más terminar la declaración del imputado.
Según el auto, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".
Además, dice el auto, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Riesgo de fuga
El juez justificó la prisión incondicional para Martínez por "el riesgo de fuga", por "la alta probabilidad de reiteración delictiva" y para evitar que puedan alterar pruebas. A juicio del magistrado, la posibilidad de fuga se deriva tanto de "la pena que pudiera ser impuesta" como de "la facilidad que tiene el implicado, tanto por sus recursos y medios, de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española".
Velasco también acordó prisión incondicional para el empresario Alejandro de Pedro Llorca, el tercero en declarar esta mañana, a quien vincula directamente con el presidente de la Diputación y le considera "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias". Según el juez, se ha "acreditado" que de Pedro "presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto".
El juez cree que esos servicios de reputación "le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos" con el fin de contratar en otros sectores "para sí o para terceros". Por eso, el juez aprecia delitos de "organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude".
Para el otro empresario interrogado hoy, José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, el juez decretó también prisión, aunque en este caso eludible bajo fianza de 300.000 euros. Esta empresa ha sido "históricamente" adjudicataria de contratos públicos en "diversos" municipios de Madrid y en empresas del Gobierno de la Comunidad, "donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia".
Por otra parte, también se conoció que dos de los alcaldes enviados por Velasco ayer a prisión han pagado ya la fianza impuesta y quedarán en libertad en las próximas horas. En concreto, se trata del regidor de Parla, el socialista José María Fraile, y el alcalde de Torrejón de Velasco, el 'popular' Gonzalo Cubas; para ambos, el juez había establecido una fianza de 60.000 euros.
Esta tarde está previsto que el juez Velasco retome los interrogatorios a los otros 15 imputados que esperan su turno en los calabozos de la Audiencia Nacional. Después le correspondería a los dos presuntos cabecillas de la trama, el ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia.
30-10-2014