Empresas y particulares afectados por el"cártel" del asfalto pueden pedir indemnización

Según el periódico El Mundo Cantabria "competencia confirma que la ley de 2007 permite reclamar en los tribunales sin necesidad de esperar a que la resolución sea definitiva"

21-03-2013

Todas las administraciones, particulares y empresas que hayan podido sufrir quebranto por la existencia del cártel de asfalto en Cantabria pueden promover ya procedimientos de reclamación en los tribunales para que el denominado G5 (Emilio Bolado, Ascan, Asfin, Arruti y Senor) y sus empresas ‘satélite’ (Construboc, Inor, HTR, Cuevas y Siec) les resarzan de los daños.

El dato lo confirmó ayer a preguntas de EL MUNDO la Comisión Nacional de Competencia (CNC), y recordó que desde la aprobación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, no se precisa aguardar hasta que la resolución sea definitiva en el ámbito judicial. «Desde que la resolución de la Comisión es pública se pueden solicitar daños y perjuicios», recordó un portavoz de la CNC. «La sanción que impone la Comisión penaliza una conducta prohibida y tiene vocación disuasoria; todo lo recaudado –16millones de euros en el caso del cártel regional– se ingresa en el Tesoro Público. No se destina a atenuar los daños ocasionado. Ese es un proceso que pueden impulsar los perjudicados».

Hay precedentes. Aunque es cierto que hay ocasiones en las que los tribunales desestiman la reclamación al discrepar de las periciales de parte –daño efectivo– o de la existencia de causalidad entre daño y conducta anticompetitiva, ya se han producido pagos de quebranto al abrigo de la nueva ley. El último, recordó la CNC, tuvo como protagonista al cártel de azúcar.

El Tribunal Supremo ha hecho suyo el argumento del letrado de Nestlé y otras ocho empresas del sector (Gullón, Zahor, La Bella Easo,
Grupo Lacasa, Mazapanes Donaire, Chocolates del Norte, Galletas Coral y Bombonera Vallisoletana), Pablo Solá, y ha condenado a la Cooperativa Agrícola Acor a indemnizarlas con pocomás de un millón de euros en concepto de daños y perjuicios por ser partícipe en un cártel de concertación que habría elevado los precios pagados por estas empresas en 1995 y 1996 en el mercado del azúcar para uso industrial.

En su fallo, el Supremo arguye que «en el mercado geográfico delimitado, constituido por el territorio nacional con la excepción de Canarias, la afectación de la competencia es importante al haber incurrido en la práctica prohibida la totalidad de las empresas fabricantes de azúcar, producto que es materia prima básica y esencial de la industria alimentaria, especialmente del dulce».

Hay almenos otra demanda pendiente relativa a aquel cártel; en ese caso, de nuevo Nestlé contra Ebro Foods. Acompañan en la pugna judicial a la empresa chocolatera, que tiene sede en La Penilla (SantaMaría de Cayón), otras firmas del sector como Lacasa y Zahor.

No consta sin embargo que hasta la fecha se haya registrado demanda de reclamación de daños contra el cártel cántabro. Tampoco la CNC, pese a que avala que las prácticas del G5 afectaron al menos a 900 obras, ha podido cuantificar el quebranto. Sí que, como ya informó este periódico, la trama operó entre 1998 y, al menos, el mes de abril de 2011, un periodo en el que el cártel se habría repartido no sólo las obras licitadas por organismos públicos, fundamentalmente Gobierno de Cantabria y Ministerio de Fomento, sino también las ofertas realizadas por clientes privados y las ventas del asfalto directamente en planta.

Ahora tendrán que pagarlo: Acansa (307.728 euros); Emilio Bolado SL (2.563.920 euros); Arruti Santander SA (1.459.160 euros); Ascan (2.292.240 euros); Asfin Cantabria SL (595.600 euros); Servicios y Obras del Norte (4.399.910 euros); Cuevas Gestión de Obras SL (335.030 euros); INOR (86.080 euros); Construboc 2002 SL (129.050 euros); Hermanos Torre Roiz SL (93.460 euros) y, finalmente, SIEC Construcción y Servicios SA (3.827.310 euros).

Año 2009, el más intenso
>Competencia tiene contabilizadas almenos30reuniones delG5 entre 2006 y 2010; en todas se constató la presencia de personal directivo. Ahí se planificaba todo y se realizaban seguimiento de los acuerdos. ¿Dónde?
Desde hoteles hasta despachos o, incluso, en barcos en alta mar, como ya desvelara este periódico.
>De los años investigados por Competencia, se percibe que el ejercicio con ‘más actividad’ fue 2009, con 11 contactos.
En 2007 se tiene constancia de 9 reuniones, mientras que en 2008 se detectan 7 encuentros y en 2006, sólo 2. Ya en 2010, el ‘eco’ de Competencia desbarata la agenda.

A VECES NO SALÍA BIEN

El cártel de asfalto en Cantabria funcionaba a golpe de reunión: las cinco empresas se sentaban periódicamente en torno a una mesa y se repartían las licitaciones públicas, así comoobras para clientes privados y ventas de aglomerado en planta. A la vez, se hacía seguimiento sobre los acuerdos adoptados y se fijaban compensaciones si alguno de los objetivos trazados no había llegado a término.

Hubo ocasiones, sin embargo, en que todo salió mal. No fue una ni dos veces, sino bastante más, como se desprende de la documentación que obra en poder de la Comisión Nacional de Competencia. Lo normal es que todosaliese tal ycomose había previsto porque la planificación era perfecta. 27 de julio de 2006: se debate la pavimentación de caminos en Ajo y Güemes licitada por el Ayuntamiento de Bareyo con un presupuesto de 125.000 euros. Para el 14 de agosto, ya se han pactado las bajas –entre el 3% y el 1,50%–; todo listo para la apertura de plicas del día 17. Pero a veces el azar jugaba malas pasadas. Un ejemplo: 11 de abril de 2007. Se debate la urbanización y reparación de un camino en el barrio La Richuela, en Arenal, licitado por el Ayuntamiento de Penagos por el procedimiento de subasta y un precio de 74.555,82 euros.
El G5 decide que el adjudicatario sea Senor y que Emilio Bolado presente una baja de 0,84%. Cumple su parte, pero un tercero ajeno al cártel se ‘cuela’ en la quiniela y arrebata el proyecto a Senor, que fue compensado.
Lo mismo sucedió, por citar sólo otro ejemplo más, con la pavimentación de laAvenida San Miguel de Meruelo; Acansa no pudo quedarse con la subasta.
Hay otros supuestos. Así, en otras muchas ocasiones,elcártelconsensuaba no presentar oferta aunadeterminada obra, de forma que quedase desierta. Ese
es el supuesto, entre otrosmuchos,delacondicionamiento de viales en Fernández Vallejo y acceso a RíoArriba, en Viérnoles (Torrelavega), o el proyecto de pavimentación licitado por el Ayuntamientode Ramales de la Victoria por un importe de 483.711 euros.