Gallardón propone reducir los aforados a sólo 22
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado en una entrevista que la propuesta que llevará en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial será la de reducir el número de aforados de 17.621 a 22 en España.
29-08-2014
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, ha asegurado que propondrá la reducción del número de aforados. En la actualidad, en España hay un total de 17.621 y el ministro ha declarado que pretende dejarlo en 22.
En opinión de Gallardón, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", ha dicho.
Eso sí, ha lamentado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica", ha subrayado en una entrevista en 'El País'.
"Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado.
En este sentido, ha recalcado que se trata de una intención "de carácter político" porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.
"El aforamiento no tiene por qué constituir un privilegio"
A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria".
Eso sí, ha admitido que por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española sí que lo percibe así y eso exige "una respuesta por parte del legislador".
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